La productora Triacom, investigada por el caso del 3% de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción, según se desprende de la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil en la causa que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El sobreprecio superaba el 50%, según la documentación aportada en la causa.
Los investigadores sospechan que el sobreprecio era una manera de pagar facturas falsas que encubrían gastos relacionados con CDC, incluida la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio llegó al 60%.
Triacom fue en la década pasada una de las principales proveedoras de TV3, con programas como 'El Gran Dictat' y 'Fish & Chips', entre otros. Entre 2008 y 2016 la televisión pública catalana pagó 31,3 millones de euros por sus programas a Triacom, que dependía mucho de la cadena pública: el 80% de todos sus ingresos procedían de TV3, porcentaje que se elevó hasta el 90% con Mas en la presidencia de la Generalitat. La investigación atribuye a Triacom una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta CDC, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas.
La investigación policial ha puesto de manifiesto que Triacom no contaba ni con infraestructura ni con personal para realizar sus programas y que derivaba automáticamente todas las fases de producción de los espacios a la multinacional Mediapro, con la que tenía muchos vínculos: Mediapro participó en 2001 en la fundación de Triacom y tuvo el 10% de las acciones de la empresa hasta 2015. Al mismo tiempo, el administrador y dueño de Triacom, Oriol Carbó, no percibía ningún salario de su productora, sino que trabajaba para Mediapro, que le retribuía con unos 200.000 euros anuales, según el informe de la Agencia Tributaria aportado a la causa. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.
Los informes conjuntos de la Guardia Civil y la unidad Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra –esta última dirigida por Toni Rodríguez, recientemente destituido por el Govern– incluyen el contrato tipo que Triacom suscribía con su accionista Mediapro al conseguir una adjudicación de TV3. El primero lo firmaron el 29 de junio de 2009 Oriol Carbó, administrador de Triacom y asalariado de Mediapro, y Jaume Roures, en representación de Mediapro, a raíz del primer encargo para producir 'El Gran Dictat'. La misma fórmula se repitió con 'Fish & Chips', y antes con otros proyectos analizados en la investigación.
El contrato establecía que Triacom, carente de toda infraestructura, cedía a Mediapro “todos los servicios de producción audiovisual de los programas en todas sus fases” y recalcaba que la multinacional “asumirá todos y cada uno de los costes y retribuciones de los elementos materiales y humanos necesarios para su producción, incluidos los honorarios y derechos de remuneración del director, autor del argumento audiovisual, autor de diálogos audiovisuales, músicas incorporadas, intérpretes o ejecutantes de los programas”.
Y añadía: “Mediapro se hará cargo de los costes y derechos exigibles relativos a los técnicos en general, directores de fotografía, locutores, dobladores, narradores”. Y más: “Irán a cargo de Mediapro todos y cada uno de los servicios y prestaciones necesarios para la producción de los programas, aportando Mediapro su trabajo o industria y los materiales y personas necesarios para obtener la versión definitiva de los capítulos”. Mediapro ha declinado hacer declaraciones.
Se trata, pues, de una cesión absoluta de todas y cada una de las fases de producción de los programas que Triacom colocaba en TV3. Las facturas de Mediapro a Triacom cubrían el coste de los programas enteros y hasta el beneficio industrial correspondiente, suficientemente atractivo para que la multinacional asumiera el encargo. Sin embargo, las facturas que Triacom pasó a TV3 por dichos programas estaban, según la investigación, hinchadas con respecto al precio de mercado, más próximo a lo que cobraba Mediapro para hacerlo todo.
El análisis de los primeros contratos de 'El Gran Dictat' aportados a la causa son muy elocuentes. Entre el 29 de junio de 2009 y el 1 de diciembre de 2010, Mediapro firmó un contrato y cuatro adendas con Triacom para producir íntegramente, en las condiciones citadas anteriormente, un total de 193 programas de 'El Gran Dictat' por 2,2 millones de euros. En paralelo, Triacom firmó contratos con TV3 por los mismos 193 programas y en cambio facturó por ellos 3,52 millones de euros, el 60% más, sin aportar nada, puesto que Mediapro se encargaba de absolutamente todo. En alguna ocasión los contratos entre Triacom y Mediapro se llegaron a firmar antes incluso que los de Triacom y TV3.
Esta dinámica se repetía en otros programas que Triacom emitía en TV3, como 'Fish & Chips', también en paralelo a los acuerdos entre Triacom y su accionista Mediapro. En todos los atestados no consta que Triacom llegara a producir directamente nunca nada: en los contratos analizados acababa derivando los encargos hacia Mediapro.
Una portavoz de TV3 ha manifestado a elDiario.es: “La CCMA [ente público audiovisual de Catalunya] contrataba la producción de un programa y la empresa lo servía, de acuerdo con el contrato establecido. No es extraordinario que las productoras deriven más o menos aspectos de la producción a otras empresas, especialmente en el ámbito técnico y de infraestructuras. No se ha constatado ninguna anomalía”.
En el caso de Triacom, se cedía a Mediapro, según los contratos aportados a la causa, absolutamente todo. Y según se desprende de la investigación, el sobreprecio que pagaba TV3 con respecto a los costes reales (con beneficio industrial incluido) acabó presuntamente incluso excediendo este 60% inicial durante la presidencia de Mas, que situó al frente de la CCMA a Brauli Duart y a su director de estrategia, Andreu Martínez, ambos de la máxima confianza del histórico número dos del expresident David Madí.
Duart fue luego secretario general de la conselleria de Interior y Martínez, director de los Mossos en el periodo en que se promovió como comisario jefe a Eduard Sallent, quien ahora acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como major y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que ha trabajado junto a la Guardia Civil como policía judicial en la investigación de Triacom.
Sobreprecios para abonar facturas falsas
El informe policial de la causa Triacom recalca que entre 2010 y 2016 la CCMA pagó 27,32 millones de euros por programas que acababa realizando íntegramente Mediapro y por los que la multinacional cobró de Triacom, en el mismo periodo, 14,7 millones de euros, con lo que el sobreprecio global pagado por la cadena pública catalana entre 2010 y 2016 ascendería hasta el 90%.
Estas cantidades que TV3 pagaba de más servían supuestamente a Triacom para abonar luego facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con CDC o con dirigentes de este partido. Los informes policiales, que sitúan a la productora “en el centro del entramado societario ideado para defraudar a la Hacienda pública y obtener dinero negro”, se centran específicamente en seguir el rastro del dinero en dos direcciones: las facturas que Triacom pagó a empresas relacionadas con el empresario Juan Manuel Parra y las que abonó a un grupo empresarial de Lleida sospechoso de ser una mera tapadera para emitir facturas falsas.
En ambos casos, las facturas citaban como concepto gastos relacionados con producciones de Triacom en TV3, como 'El Gran Dictat' y 'Fish & Chips', pero los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil acreditan que en el caso de Parra se trataba de 885.000 euros de gastos electorales de la campaña de Mas en 2010, mientras que en el grupo de Lleida constan al menos 714.000 euros para la trama vinculada a CDC en la Diputación.