La discusión política sobre el adoctrinamiento en Catalunya, con algunas derivadas judiciales como la del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, ha hecho mella en el profesorado catalán. Casi uno de cada tres docentes (29,3%) asegura que le gustaría abordar en el aula lo sucedido en la última fase del proceso soberanista, pero que lo evita porque no sabe “cómo se va a interpretar”. Así se refleja en una encuesta elaborada por la Fundació Jaume Bofill a 2.666 docentes catalanes entre marzo y junio de este año que trata de medir el impacto sobre el profesorado y su posicionamiento sobre esta cuestión.
La sombra de la manipulación ideológica se llegó a extender sobre 500 profesores, el 0,5% del cuerpo docente catalán, según reconoció el Gobierno. Fue el resultado de las denuncias enviadas a la Alta Inspección del Estado y las que esta misma recopiló a partir de supuestos casos difundidos por asociaciones y medios de comunicación. La mayoría tenían que ver con las clases inmediatamente posteriores a los hechos del 1-O o con el papel de los institutos de secundaria ante las huelgas estudiantiles que siguieron a la votación.
Aun así, una parte sustantiva del profesorado catalán, el 41%, continúa planteando cuestiones políticas y de actualidad en clase para aprovecharlas “educativamente” o sigue abordándolas con “normalidad” igual que antes de la fase crítica del 'procés'. Solo el 12,2% de los docentes encuestados consideran que hay que dejar este debate fuera del colegio, bien sea porque genera “división”, porque no es propio de un espacio escolar o porque hay que mantener a los niños “al margen”. La muestra de la encuesta incluye a docentes de menores de 1 a 18 años.
Las familias, a favor de que se hable
Entre las familias con hijos en edad escolar, a las que la Fundació Jaume Bofill también ha encuestado, la mayoría se muestran partidarias de que la controversia política en Catalunya pueda ser objeto de tratamiento por parte de los docentes. El 53% de padres y madres los ven como una “oportunidad educativa” para que los alumnos desarrollen criterio propio, y un 15% creen directamente que es un “deber” del profesorado abordarlo educativamente.
Solo una de cada cuatro familias, el 26,7%, no lo ve nada claro. Estas son las que se ven identificadas con afirmaciones como que no hay que hablar del tema en clase por la división que genera o porque los niños deben quedar al margen de la política.
Aunque no pregunta directamente por las acusaciones de adoctrinamiento, el informe de la Fundació Jaume Bofill permite aproximarse al impacto que ha tenido este debate entre el profesorado. Hasta la fecha, el rechazo a estas acusaciones sólo había tomado forma de declaraciones políticas y manifestaciones en la calle. Del mismo modo, sirve para calibrar cuál es el porcentaje de familias que no se siente cómoda con que se discuta sobre el conflicto soberanista en las aulas.