El auto de la juez de guardia de Paterna (Valencia), Rosa Sonsoles Hernández, que ordenó la entrada y registro del domicilio del 'hacker' de Burjassot (quien presuntamente publicó listas donde los internautas se podían informar sobre el referéndum 1-O), da cobertura legal a la policía para que se haga con el control de todas las redes sociales y correos electrónicos del joven de 21 años. La magistrada le imputa un delito de desobediencia y también autoriza el cambio de “claves de acceso, preguntas de acceso o cualquier medida de seguridad” sobre su Facebook, Twitter o cualquier otro servicio de datos de almacenamiento virtual.
El joven ha quedado así sin acceso a todas esas cuentas, ahora controladas por la policía, después de que facilitara las contraseñas a los policías que se presentaron en su casa con este auto.
El joven y su abogado se han personado el lunes 24 de septiembre en el juzgado de Instrucción número 4 de Paterna -el que realizará la investigación- para recoger el auto de imputación y conocer cualquier otra medida de la magistrada y del juez actual, pero se lo han negado. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aseguran que esta juez solo está instruyendo la investigación sobre el hacker de Burjassot y no coordina las pesquisas de otras 14 personas que han declarado en comisarías de Catalunya por clonar la páginas web del referéndum del 1-O.
La juez considera que el joven podría estar cometiendo un “flagrante” delito por presuntamente “replicar sitios web que se corresponden con un clonado de las páginas web originarias, que eran administradas y promovidas de manera institucional por la propia Generalitat y que fueron suspendidas por orden judicial, habiendo variado el dominio y sus extensiones , es decir el nombre de la página y sus extensiones ”net“, ”nyc“, ”xyc“, etc.”.
Y justifica la entrada y registro porque “hay indicios de que existe una iniciativa popular, promovida por usuarios particulares, que se desarrolla en el servicio web ”Github“, por la que determinados usuarios están publicando los códigos fuente de las páginas web referendum.cat y garantes.cat con el objeto de que otras personas puedan replicar o contar su contenido y publicarlas”.
Así, la juez permitió a los ocho policías que acudieron al domicilio del joven -que vive con sus padres y comparte habitación con un hermano- para que inspeccionaran “todas las habitaciones, trasteros, garajes, buhardillas y vehículos que se pudieran encontrar, así como todos los equipos informáticos o dispositivos de almacenamiento digital/analógico y su inspección de todos ellos”. También permite la investigación de “todo tipo de objetos informáticos ya sea telemática o almacenada en ficheros, equipos, soportes informáticos, documentación, anotaciones personales, correspondencia postal y electrónica y cualquier otro que pudiera tener relación con los hechos”.
Es más, autoriza el acceso de la policía a “las cuentas de correo electrónico, servicios de almacenamiento de datos virtuales, cuenta de Github GrenderG -el nombre digital del joven de Burjassot-, así como las cuentas de redes sociales existentes tales como Facebook, Messenger, Twitter… Así como se autoriza el cambio de claves de acceso, preguntas de recuperación o cualquier otra medida de seguridad establecida en la cuenta de correo por el usuario, servicios de almacenamiento de datos virtuales y redes sociales”.
La juez considera para tomar esta dura medida -solo utilizada en los delitos más graves- que se ha de tener en cuenta “la existencia de un riesgo real y cierto de que se dañen bienes jurídicos de rango constitucional de no proceder a dicha entrada y registro”. Y añade: “La actuación se fundamenta y resume la invocación del interés constitucional en la persecución de los delitos, como sucede en el presente supuesto siendo adecuada tanto para la constatación de la comisión delictiva como para la determinación de las personas que pudieran estar participando en la comisión del delito de tráfico de sustancias y si forman o no grupo organizado”.
Corrección: una primera versión del titular decía que “el auto de la jueza contra el hacker prorreferéndum le exige sus contraseñas en redes sociales para bloquearlas”. Esa frase no aparece como tal en el auto, aunque la jueza sí autoriza a la policía el control de sus redes sociales y correo electrónico del joven de 21 años, y el cambio de contraseñas con el fin de negarle el acceso. El contenido del auto con el que los policías se presentaron en la casa fue decisivo para que el joven entregara las claves a los agentes.