Giro en la política educativa en Catalunya. El PSC, ERC, Junts y los comuns han reconocido por primera vez el castellano como lengua de uso en la escuela junto al catalán. Los cuatro grandes grupos del Parlament han alcanzado un acuerdo para modificar la ley de política lingüística de 1998 y admitir que tanto el catalán como el castellano deben estar presentes como lengua de uso docente en el currículum y en los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Pese a que por la mañana habían firmado el texto legal, unas horas después y tras las críticas recibidas por las redes sociales, desde Junts han asegurado que “congelan” su apoyo al texto, sin especificar cómo se plasmará en la práctica esa congelación.
El objetivo de los partidos es mantener el catalán como lengua principal del sistema educativo, pero adaptando la normativa a la sentencia que ordena que haya un 25% de clases en castellano. Es decir, intentar cumplir el fallo judicial pero sin que se noten grandes diferencias en las aulas respecto al actual modelo de inmersión lingüística. Traducido al texto legal, la nueva norma fija que el catalán sea “la lengua normalmente empleada como lengua vehicular”, pero añade que también se use el castellano “en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”. No se fija ningún porcentaje para cada lengua.
El acuerdo político llega a un día de que finalice el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a la Generalitat para implantar el 25% de clases en castellano no solo en la cincuentena de escuelas donde una familia lo había pedido, sino en el conjunto de centros escolares de Catalunya. A partir de este viernes, las familias contrarias a la inmersión tienen intención de pedir al tribunal que envíe instrucciones directas a los directores de todos los colegios para cumplir con la sentencia.
El pacto entre los grandes grupos del Parlament –suman 106 de los 135 diputados de la Cámara– no explícita ningún porcentaje mínimo de castellano, como exige la Justicia, si bien supone un viraje histórico en la política y la legislación catalana. La inmersión lingüística –que garantiza el aprendizaje de ambas lenguas con el catalán como lengua vehicular– ha gozado históricamente de una respaldo mayoritario en el Parlament, cuando no unánime. La Ley de Normalización Lingüística de Catalunya de 1983, que sentaba las bases de la inmersión, fue aprobada por el conjunto del Parlament (CiU, PSC, PSUC, ERC, UCD y PSA).
La nueva normativa deja en manos de los centros educativos concretar el grado de presencia de castellano en el aula, en función del perfil sociolingüístico del alumnado, pero partiendo de que el catalán es la lengua “normalmente usada como lengua vehicular”, tal como establecía la legislación hasta ahora. Lo que sí deja claro es que para conseguir el dominio de catalán y castellano al final de la ESO –el objetivo siempre repetido por la Generalitat para reivindicar la validez de la inmersión– deben darse clases en las dos lenguas oficiales y garantizar una “presencia adecuada” de ambas en los currículos y en los proyectos educativos de cada centro.
El “alcance” de esta presencia de ambas lenguas, añaden, se decidirá a partir de los “recursos de aprendizaje”, incluyendo los de carácter digital y los usos del alumnado en el aula. Este punto entronca con la idea repetida por la Administración educativa catalana de que no tiene sentido fijar porcentajes en un horario cada vez más difuso, donde se mezclan materias y donde se puede emplear más de una lengua en una sola actividad en el aula.
El cambio legislativo concreta una realidad que la Generalitat, que oficialmente siempre ha defendido la inmersión en catalán, ya había recogido en un documento de 2018 y que permitía más castellano en escuelas de zonas catalanoparlantes. A día de hoy los centros que justifiquen una necesidad pedagógica ya pueden dar más clases en castellano para reforzar su uso entre alumnos menos expuestos a esta lengua, flexibilizando así la inmersión lingüística. Además del castellano, muchos centros ya daban clases en inglés. A lo que hay que añadir además que muchos docentes por su cuenta, así como los alumnos a la hora de hablar entre ellos, ya utilizan el castellano, algo que ha alertado recientemente a la Generalitat.
Esa realidad sin tensiones lingüísticas en los centros se veía sacudida cada vez que la Justicia, a raíz de la petición de una familia, obligaba a una escuela a implantar un 25% de clases en castellano. La Generalitat aseguró que la nueva ley educativa que pactaron el Gobierno central y ERC, blindaba la inmersión en catalán, pero los jueces lo desmintieron rápidamente. Recordaron los jueces que el 25% era un “imperativo constitucional” ya que el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, estableció que catalán y castellano debían ser lengua vehicular del sistema educativo sin que se pudiera reconocer a las familias un derecho a escoger lengua o a una enseñanza monolingüe.
El nuevo redactado ha recibido duras críticas en las redes sociales desde sectores independentistas y, en concreto, por sectores próximos a Junts, incluido el expresident Quim Torra. Tras constatar los ánimos, desde Junts han emitido un comunicado por la noche en el que aseguraban que “congelan” su apoyo a la propuesta y buscarán el consenso con entidades de defensa de la lengua. “Si no se alcanza este consenso, no habrá reforma”, explicaban fuentes de Junts. Pese a eso, no aclaran que supone esta retirada del apoyo en la práctica, puesto que el texto ya ha sido registrado y ahora comienza su tramitación. Además propuesta ha quedado registrada ante el Parlament este jueves con la petición expresa de ser tramitada por lectura única y carácter de urgencia extraordinaria. Lo que significa que el plazo para introducir enmiendas será mucho más corto de lo habitual.
Adaptarse a las “realidades multilingües”
En el preámbulo del nuevo decreto acordado por PSC, ERC, Junts y comuns se fija el objetivo de “alcanzar la finalidad estatuaria y legalmente establecida de garantía del dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales por parte del alumnado al finalizar la enseñanza obligatoria”. Los cambios se justifican debido a los “cambios en los contextos jurídicos, sociales, educativos y tecnológicos” que afectan a la gestión de las lenguas en la enseñanza.
El texto habla de los “flujos migratorios” producidos durante el siglo XXI “que han cambiado sustancialmente la composición de los centros educativos”, convirtiendo las aulas en “realidades multilingües”. Unido a la migración, los partidos argumentan los cambios por la “irrupción creciente de las nuevas tecnologías” y la “renovación profunda de la metodología docente”, no solo respecto al aprendizaje de las lenguas sino también en los métodos pedagógicos.
Todos estos cambios, defiende el texto, han hecho que en las aulas catalanas el alumnado no solo se sirva de una lengua para llevar a cabo una actividad. “Es imprescindible una aproximación holística al tratamiento de las lenguas en el marco de los procesos comunicativos y de aprendizaje que tienen lugar en el ámbito educativo”, concluye el preámbulo.
En un comunicado conjunto, PSC, ERC, JxCat y En Comú Podem han destacado que su propuesta de modificación de la ley debe permitir “garantizar el dominio de las lenguas oficiales, con el catalán como centro de gravedad del sistema educativo”. Los partidos han agregado que la norma es una forma de “actualizar” el consenso político y social en torno al modelo lingüístico escolar. Del nuevo consenso han quedado fuera Vox, PP y Ciudadanos y, del lado independentista, la CUP. Los anticapitalistas han criticado el pacto por ser, a su juicio, “una sentencia de muerte” contra la inmersión.