El frágil ecosistema de las prisiones se ha visto sacudido desde hace diez días en Catalunya. El asesinato de una cocinera en la cárcel de Tarragona a manos de un interno, un crimen inédito en 40 años, ha sido el detonante de unas protestas que van a la baja pero que se pueden reactivar en cualquier momento, toda vez que el diálogo entre Govern y sindicatos penitenciarios está roto.
El Ejecutivo catalán ha concluido que, si bien el crimen era imprevisible dados los 14 controles que no detectaron un riesgo alto en el interno, sí se pueden revisar protocolos. El objetivo, minimizar el riesgo, que nunca puede desaparecer en una prisión.
Más allá del asesinato ocurrido en la prisión de Mas d’Enric, el crimen de la jefa de cocinas a manos de un interno ha puesto de manifiesto dos visiones sobre la seguridad en prisión. Existe un consenso entre las partes en conflicto sobre el aumento de agresiones y a necesidad de minimizar riesgos. La discrepancia estriba en cómo hacerlo.
Mientras parte de los trabajadores de prisiones reclama más autoridad y mano dura (y poder usar, por ejemplo, gases pimienta contra los presos en agresiones), desde Justicia y varios colectivos de empleados penitenciarios se pone énfasis en abordar el aumento de problemas de salud mental de los internos (la ratio de este tipo de problemáticas es cinco veces superior entre los internos que en la población general) y ahondar en las políticas de reinserción y de conexión del interno con la comunidad.
En otras palabras: ser reconocidos como agentes de la autoridad (algo que depende del Congreso y no de la Generalitat) y medidas reactivas o abordar la complejidad de fondo de la prisión y los internos.
“El malestar de los funcionarios es, en parte, comprensible, porque tienen que gestionar situaciones difíciles y no siempre saben cómo reaccionarán los internos, pero disponer solamente de más medios coercitivos no sirve”, valora la profesora de Criminología de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Cristina Güerri, que realizó su tesis doctoral sobre el rol de los funcionarios de interior en los centros penitenciarios españoles.
Un trabajador penitenciario expone su diagnóstico a elDiario.es: “Los funcionarios han perdido autoridad y el perfil del interno ha cambiado: el ‘caco’ que antes hablaba de usted ya no existe. Ahora hay muchos jóvenes sin vínculos fuera de la cárcel, que no tienen nada que perder”. “Yo he aguantado situaciones inadmisibles para ahorrarme expedientes disciplinarios cuando un interno no ha progresado al tercer grado”, confiesa.
Pese a compartir parte del diagnóstico de los sindicatos de prisiones, este trabajador se aparta de la crítica sin ambages de los sindicatos a la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, a quienes han exigido dimitir como condición para sentarse a negociar. “Calderó es una figura muy válida que apuesta de forma clara por la participación social dentro de los centros, lo que pasa es que choca con la parte más represora del colectivo”. Una muestra de que, como todos, el colectivo penitenciario no es homogéneo ni está anclado en los planteamientos más duros.
Más recursos en salud mental
Mientras espera que los sindicatos vuelvan a la mesa para negociar, la conselleria que dirige Ubasart ha redoblado su apuesta por la reinserción. La coyuntura económica favorable ha permitido una inyección presupuestaria de la cartera tradicionalmente más olvidada en las cuentas (las prisiones no dan muchos votos y solo pueden quitarlos) que no se veía desde los tiempos en la conselleria de Josep Maria Vallès.
A preguntas de elDiario.es, Vallès constata la paradoja de la política penitenciaria: “El grave fracaso de no haber podido asegurar la vida de una trabajadora recibe mucha más atención que el resultado positivo de centenares de condenados que no vuelven a delinquir”. Con todo, este desequilibrio “no ha de ser un pretexto para alterar una política penitenciaria bien orientada, como establece la Ley penitenciaria de 1979, a la reeducación y a la reinserción de los internos, tanto como a su custodia”, recalca el exconseller.
“A la vista de los cambios sociales, la política penitenciaria de la Generalitat ha de seguir insistiendo en el tratamiento de los déficits en salud mental y adaptación social de los internos, aportando los recursos especializados. Para ello, es indispensable la formación adecuada inicial y continuada de todos los profesionales penitenciarios a los que se confía una tarea compleja”, ahonda el que fuera conseller de Justicia entre 2003 y 2006.
Mejorar el clima social y el bienestar emocional a los centros y reducir los incidentes es el objetivo del equipo de Ubasart. La forma de concretarlo es mediante 111 nuevos profesionales especialistas en gestión de conflictos violentos, ampliar en 407 profesionales la plantilla penitenciaria y crear unidades de intervención especializadas para los internos con más problemas de salud mental y problemas de adaptación.
“Lo ideal en las prisiones es tener un orden acordado”, expone la profesora Güerri. Se trata de lograr, explica la docente, una “legitimidad” de la administración penitenciaria y de sus trabajadores entre los internos. ¿Cómo conseguirlo? “Mediante una atención adecuada a las necesidades de los internos y conseguir que vean que si reciben un trato razonable no les interesa crear conflictos”, razona Güerri. El objetivo de la seguridad dinámica y el orden acordado, agrega Güerri, también requiere de recursos y de formación para los trabajadores.
A nivel parlamentario, el pasado mes de febrero el modelo catalán de prisiones recibió un espaldarazo en el Parlament en una moción que respaldó la apuesta por la reinserción. El aval fue desde la CUP a Ciudadanos. Este jueves, sin embargo, Junts sostuvo una posición opuesta, se alineó con la derecha y la extrema derecha y cargó contra el “buenismo”, en palabras del diputado Francesc de Dalmases de las políticas de la conselleria. Cosas de la precampaña electoral.