PSOE y ERC han llegado este martes a última hora a un acuerdo sobre el texto de la futura ley de amnistía con la que los socialistas han acabado de encarrilar la investidura de Pedro Sánchez, a falta del sí definitivo de Junts.
Socialistas y republicanos han enviado un comunicado conjunto en el que anuncian que, tras una llamada entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès esta tarde, han llegado a un entendimiento sobre la proposición de ley de olvido penal que registrarán en el Congreso. Esto no significa que el texto esté cerrado, explican fuentes socialistas, ya que queda pactar flecos con Junts.
Fuentes de ERC aseguran que este martes han conseguido pactar “la fórmula” para que la ley incluya a los involucrados por el sumario del Tsunami Democràtic, una causa que, según esas mismas fuentes, inicialmente quedaba fuera del alcance del borrador. Esta cuestión era especialmente relevante para ERC, al ser el principal impedimento para el regreso a Catalunya de su secretaria general, Marta Rovira.
En el comunicado las dos formaciones también recalcan que el acuerdo final con ERC contendrá “cuestiones políticas y económicas” a desarrollar durante la legislatura y que deberá ser avalado por los órganos de la formación independentista.
El cierre de la negociación con Esquerra llega un día después que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se viera en Bruselas con Carles Puigdemont, en un encuentro que Junts consideró que era el reconocimiento de su líder como interlocutor que reclamaban.
El PSOE y ERC acercaron posturas el pasado 11 de octubre, con una llamada telefónica entre Sánchez a Oriol Junqueras. En aquel contacto, el presidente en funciones reclamó al líder de ERC un “acuerdo de estabilidad” para la legislatura, algo que los republicanos rechazan.
Con todo, las causas judiciales del Tsunami Democràtic y los CDR habían enredado el final de la negociación sobre la amnistía con ERC, que se negaba a dejar fuera del alcance del olvido penal a su secretaria general, Marta Rovira, encausada en la pieza del Tsunami en la Audiencia Nacional.
Fuentes republicanas explican que el problema estaba en la lista de delitos que la ley contemplaba como susceptibles de ser amnistiados si tienen causa política y origen en el procés. Esta lista no incluía, según ERC, el tipo penal del terrorismo, pero en las causas del Tsunami y de los CDR es esperable que se acaben formulando acusaciones por este delito. Si esto sucediera, los independentistas implicados en dichos sumarios quedarían fuera de la amnistía. ERC asegura que, con el pacto de este martes, eso ya no ocurrirá.
Tsunami y CDR, las causas más delicadas de la amnistía
Las dos causas que se han convertido en el nudo que deshacer de cara la ley de amnistía permanecen en la Audiencia Nacional, el tribunal competente en materia de terrorismo, y las instruye el juzgado de Manuel García Castellón. El magistrado es conocido por haber abierto varias causas secretas contra independentistas así como por haberse negado a investigar la guerra sucia del Gobierno del PP contra el soberanismo.
Más allá de compartir delito de terrorismo, las dos investigaciones tienen un componente político y simbólico nada despreciable, ya que afectan, por un lado, a la cúpula dirigente independentista que presuntamente promovió la plataforma Tsunami Democràtic; y por el otro al sector más de base del independentismo encuadrado en los populares Comités de Defensa de la República.
Desde la óptica de Junts y ERC, además, resultaría difícil de explicar a las bases incluir a Tsunami pero no a los CDR en la amnistía, lo que se podría leer como que los partidos salvan a su generalato y dejan tirada a la tropa. De ahí que fuentes independentistas remarquen la necesidad de que los dos casos vayan ‘en pack’ dentro de la ley de olvido penal.
La causa más avanzada es la que investiga por pertenencia a organización terrorista a 12 activistas de los CDR. Ocho de ellos además están procesados por tenencia de explosivos. Según fuentes jurídicas, la causa está lista para que la Fiscalía pueda presentar escrito de acusación. A día de hoy se está pendiente de solventar algunos problemas con la digitalización del sumario.
Pese a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sembró la duda sobre el delito de terrorismo al excarcelar a los detenidos que el juez había enviado a prisión preventiva en septiembre de 2019, la Fiscalía viene insistiendo a lo largo de la instrucción en el carácter terrorista que, a su juicio, presenta la organización y las acciones que planeaban los CDR investigados.
Menos avanzado está el sumario de Tsunami Democràtic, abierto en 2019 tras las protestas contra la sentencia del procés que lideró la plataforma. El juez no ha citado formalmente a declarar a ningún imputado, entre los que se cuentan el exsecretario general de ERC y empresario Xavier Vendrell; el director de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el exdirigente de Convergència David Madí; y el empresario Oriol Soler.
En los informes policiales del caso también figuran la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el diputado republicano Rubén Wagensberg. El juez García Castellón fracasó en su intento de seguir el rastro de logística, servidores informáticos y financiación internacional de Tsunami, si bien en la causa consta que la Guardia Civil logró interceptar varias conversaciones entre los dirigentes de la plataforma sobre las protestas a convocar.
Varios medios publicaron el pasado mes de junio que la Fiscalía se inclinaba por pedir al juez que descartara las acusaciones de terrorismo y que la causa quedara en unos desórdenes públicos a investigar en un juzgado de Barcelona. Fuentes de las defensas confirman que a día de hoy no tienen notificado ningún escrito de la Fiscalía en este sentido.