El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado este jueves la reforma del delito de sedición anunciada por Pedro Sánchez, que lo derogaría formalmente para sustituirlo por desórdenes públicos agravados. El responsable del Ejecutivo catalán en el octubre de 2017 ha argumentado que esta modificación “no desjudicializaría nada” con lo que, según su opinión, no aporta ningún “beneficio político”.
Lejos del tono de celebración del president Pere Aragonès, que sí lo consideró un “paso indispensable” hasta la reclamada “desjudicialización”, Puigdemont ha afirmado que si se mantienen penas de cárcel, aunque más reducidas, se sigue “criminalizando un derecho”, en referencia al referéndum. Según su parecer, la reducción de las penas suponen una “ganancia individual”, pero no “política”.
En un largo hilo de Twitter, en el que ha tachado a Sánchez de “maestro en el arte del engaño” y ha pedido tomarse sus anuncios con cautela. “Nunca son lo que parecen”, ha asegurado.
El expresidente ha abundado en la misma idea: “Si nuestros compañeros pasaron cuatro años en prisión, ahora podrían ser condenados igualmente, aunque a penas más cortas, la judicialización del conflicto permanecería intacta. Menos años de prisión no quiere decir menos juicios y menos causas”. “Si el octubre de 2017 deja de ser un caso de sedición y pasa a ser un caso de desórdenes públicos agravados, no sé dónde está la ganancia política de todo”, ha zanjado.
En su caso particular, Puigdemont se vería beneficiado por una reforma o derogación del delito de sedición. Pero esto no implicaría que se librara de la cárcel si volviese a España, puesto que se le acusa también de malversación.
Turull y Borràs se suman a las críticas
En la línea de Puigdemont, las reacciones de los demás dirigentes de Junts han sido de pedir cautela ante el anuncio de Sánchez y de lamentar que no se trate de una derogación sin añadir los desórdenes agravados. “El fondo del asunto es si se asume o no que lo que pasó el 20 de septiembre [la concentración frente a la conselleria de Economía] es delito”, ha afirmado el secretario general Jordi Turull.
“¿La pena de los ‘Jordis’ podría pasar de nueve a cinco años? ¿Es esto lo que nos dicen? Entonces no hablemos de desjudicializar, sino de bajar la gravedad de la judicialización”, ha afirmado Turull. Ante una reforma de este tipo, el dirigente de Junts ha dejado claro que el Gobierno no obtendrá su “aplauso”.
También la presidenta de Junts, Laura Borràs, se ha sumado a las críticas. “Ojo que la solución de los desórdenes públicos agravados no sea peor que la enfermedad de la sedición”, ha afirmado.