Mientras el foco estaba en el primer pleno del Congreso con intervenciones en las otras lenguas oficiales del Estado, una providencia del magistrado Pablo Llarena sorprendió al equipo de defensa de Carles Puigdemont. El juez dio este martes diez días al expresident para “justificar” si ha recurrido ante la Justicia europea la sentencia que le retiró la inmunidad.
El entorno del expresident ha interpretado esta petición del juez Llarena como un aviso de que puede emitir próximamente otra orden de extradición contra Puigdemont y el exconseller y europarlamentario de Junts Toni Comín. Una euroorden que irrumpiría en las conversaciones entre el PSOE y Junts sobre una amnistía que saque el procés de los tribunales.
La defensa de Puigdemont, que encabeza el abogado Gonzalo Boye, no tiene intención de dar rápidamente al juez Llarena las pistas que reclama. A su juicio, la providencia de este martes es un intento para desestabilizar unas negociaciones políticas de cara a la investidura que deben blindarse de cualquier intento de injerencia judicial.
Sin explicitar si su intención es reactivar la extradición, el instructor del procés pregunta a Puigdemont y Comín dos cuestiones. La primera, si han presentado recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la sentencia del Tribunal General que les retiró la inmunidad. El recurso, según la web del TJUE, se registró el pasado viernes.
La segunda información que reclama el juez Llarena es la que tiene más enjundia para el devenir del caso. El instructor del procés insta a la defensa a que demuestre “la presentación ante el TJUE de una eventual demanda” para que Puigdemont y Comín vuelvan a tener inmunidad de forma cautelar mientras se resuelve el recurso. La defensa no acompañó su recurso el pasado viernes de una petición de cautelares, si bien todavía puede solicitarlas.
El nuevo movimiento del juez Llarena llega después de que el pasado mes de julio el magistrado enfriara las prisas de la Fiscalía para poner en marcha un nuevo proceso de extradición del expresident después del fallo que le retiró la inmunidad.
Que el juez Llarena no pusiera la quinta marcha se explica porque el propio TJUE, antes de la sentencia del TGUE del mes de julio, devolvió la inmunidad a Puigdemont de forma cautelar, algo que la defensa del expresident aspira a que se repita antes de la resolución definitiva del caso.
El TJUE dispone, sobre el papel, de seis meses para estudiar el recurso presentado este viernes y las eventuales cautelares. Aunque el precedente de la misma causa permite contemplar incluso plazos más amplios: en la primera petición del expresident pasaron casi 10 meses desde que el TGUE le quitó la inmunidad hasta que el Tribunal de Justicia comunitario se la devolvió de forma cautelar.
En cualquier caso, la interposición del recurso por parte de Puigdemont, el plazo mínimo de seis meses del TJUE para resolverlo –que vencería en marzo de 2024– y el freno de Llarena del pasado mes de julio permitían anticipar que nada se movería en el Supremo durante los meses en los que duraran las negociaciones entre Junts y el PSOE. Pero el nuevo movimiento del juez podría alterar este horizonte.
Inmunidad y suplicatorio
El expresident y su entorno ya no creen en casualidades. Más aún después de que los últimos movimientos de la Fiscalía y el juez Llarena hayan coincidido con fechas y acontecimientos que han devuelto a Carles Puigdemont un papel de máxima relevancia en la política española.
Solo un día después de las elecciones del 23 de julio que dieron a Junts la llave para la investidura de Pedro Sánchez, los cuatro fiscales de la causa del procés –entre ellos, una exfiscal general del Estado con el Gobierno del PP, Consuelo Madrigal– instaron al juez Llarena a reactivar las extradiciones de Puigdemont y Comín.
El magistrado no compartió las prisas de los fiscales, pero su nuevo movimiento de este martes llega en plenas negociaciones para la investidura. La defensa prevé agotar los diez días de plazo concedidos por el juez Llarena, aunque su respuesta será breve y de cortesía.
El instructor sabrá la contestación de Puigdemont a su última pregunta una vez Alberto Núñez Feijóo ya haya fracasado, previsiblemente, en su intento de ser investido presidente del Gobierno, lo que trasladará –todavía más– toda la atención a las negociaciones entre el PSOE y Junts, claves para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa.
Más allá de la inmediata decisión de Llarena, en la partida que desde hace seis años la defensa del expresident viene librando contra su extradición hay varias incógnitas de cuya resolución depende la eventual entrega de Puigdemont a España.
La más relevante, y sobre la que el juez Llarena todavía no se ha pronunciado, es justamente si puede emitir una nueva petición de extradición. La defensa de Puigdemont sostiene que el juez tendría que pedir un nuevo suplicatorio al Parlamento Europeo, ya que el permiso que el legislativo comunitario concedió al juez para proceder penalmente contra el expresident versaba sobre la euroorden anterior, solicitada por los delitos de sedición y malversación.
Como el juez Llarena dejó sin efecto esa petición de extradición tras la derogación de la sedición, la defensa cree que una nueva euroorden requiere de un nuevo suplicatorio al Europarlamento para poder emitirse. En suma, el expresident guarda varias cartas para intentar que el éxito o fracaso de la negociación dependa solo de la política y no del Tribunal Supremo.