“Es evidente que podré estar presente en el debate de investidura y me haría mucha ilusión”. Así se expresó este miércoles Carles Puigdemont. Pero a renglón seguido añadió que todavía tenía que hablar con sus abogados.
Las primeras palabras del expresident tras el fin de la legislatura catalana resumen la táctica de Junts de los últimos siete años, que tiene todos los números para repetirse de cara al 12M: explotar la figura de su líder como principal activo electoral para mantener o alcanzar el poder, pero siempre bajo la influencia decisiva de su situación legal, todavía pendiente de aclarar.
Sin contestación interna, la decisión final sobre si se presenta como candidato a las catalanas será de Puigdemont. El dilema al que se enfrenta el líder de Junts tiene una vertiente política y otra legal: si intenta volver de nuevo a ser president y regresar a Catalunya gracias a la amnistía, tendría que renunciar a la inmunidad que le otorga su escaño en el Europarlamento, un asunto que no es menor en vista a los obstáculos que el Tribunal Supremo pueda poner a la aplicación de la ley.
La ley electoral no impide la doble candidatura a elecciones autonómicas y europeas. Lo que sí resulta incompatible es, luego, ocupar ambos escaños. Previsiblemente, la primera decisión de Puigdemont tenga que ser dejar por unos días el euroescaño para ser diputado en el Parlament (la Cámara catalana debe constituirse antes del 7 de junio, dos días antes de las elecciones europeas). El líder de Junts puede presentarse a ambos comicios, pero su elección definitiva sobre qué asiento escoger puede demorarse hasta después del 9 de junio.
En otras palabras, el líder de Junts puede ganar tiempo a la espera de cómo se aplica la amnistía. Primero resulta elegido diputado en el Parlament y luego, en función de los jueces, puede materializar su retorno. A ello hay que sumar que cualquier pacto para la Generalitat difícilmente se podrá cerrar antes de los comicios europeos de junio porque los partidos seguirán en campaña después de las elecciones catalanas.
En declaraciones a la prensa este jueves desde la sede del Europarlamento en Estrasburgo (Francia), Puigdemont no ha resuelto la incógnita, pero ha avanzado que se pronunciará “más adelante, probablemente la semana que viene” acerca de si se presentará a ambos comicios a la vez.
En favor de guardarse la carta de la inmunidad europea juega el hecho de que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional han dado ya sobradas muestras de querer complicar lo máximo posible la amnistía. En círculos jurídicos soberanistas se da casi por descontado que, aún con la amnistía aprobada, las causas de Tsunami y los CDR no se cierren y queden en suspenso, a la espera de que se resuelvan las impugnaciones de la norma ante el Constitucional o la Justicia europea que puedan realizar ambos tribunales.
Mantenerse como europarlamentario, y por lo tanto con inmunidad –que obligaría al Supremo a volver a solicitar un suplicatorio a la Eurocámara si quiere procesarle por terrorismo en Tsunami–, daría a Puigdemont un escudo a medio plazo mientras se sustentan los recursos contra la amnistía, que pueden tardar más de un año.
Pero el caso del expresident tiene una particularidad añadida. Se trata de la medida cautelar de prisión que pesa sobre él por la primera causa del procés, ordenada por el magistrado Pablo Llarena, y que a día de hoy sigue en vigor. La ley de amnistía obliga a los tribunales a aplicarla en dos meses desde su entrada en vigor y a que las medidas cautelares de las causas decaigan aunque se recurra la norma.
Pese a la claridad de la norma, entre políticos y letrados del procés se asume una reacción del Supremo al más alto nivel contra la norma que incluya un intento para que siga en vigor la medida cautelar de prisión contra Puigdemont, lo que podría abrir un nuevo capítulo ante el Constitucional en el que el expresident denuncie la vulneración de sus derechos fundamentales.
Los tempos y el número dos
En suma, hay que volver a coger el calendario y echar cuentas: la amnistía empieza este jueves su trámite en el Senado, que tiene un máximo de dos meses para, gracias a la mayoría absoluta del PP, rechazar la ley y devolverla al Congreso, donde para finales de mayo o principios de junio tendría que aprobarse de forma definitiva y publicarse en el BOE para entrar en vigor. Después los jueces tienen otros dos meses (inicios o, a más tardar, mediados de agosto) para aplicarla.
El plazo de aprobación y aplicación de la amnistía discurrirá en paralelo al parlamentario catalán: tras las elecciones del 12 de mayo, el Parlament tiene de plazo hasta el 7 de junio para constituirse. El primer debate de investidura debe celebrarse, a más tardar, diez días después, esto es, el 21 de junio. Si esa sesión fracasa, se abre un plazo de dos meses (que vencería el 21 de agosto), para que sea investido otro candidato. En caso contrario, los catalanes volverían a votar en otoño.
Existe el peligro que los cálculos e intereses partidistas vuelvan a mezclarse con los tempos institucionales que marcan cómo debe seguirse la constitución del Parlament y la investidura de un president. A Junts le interesará, salvo aplicación rápida de la amnistía, retrasar todo lo posible la sesión de investidura para asegurar la eventual presencia de Puigdemont. Pero en función de los resultados de los comicios y de la negociación, otros partidos pueden querer pisar el acelerador.
Para completar el cuadro catalán, hay que tener en cuenta que la sesión de constitución del Parlament la convoca el president en funciones, esto es, Pere Aragonès, lo que otorga al candidato republicano cierto control de los tempos. Cuanto más pronto empieza a correr el reloj para la investidura, más dificultades puede tener Puigdemont para asistir a la misma si los jueces se toman su tiempo para aplicar la amnistía.
La fecha límite para registrar las listas para las catalanas es el 8 de abril. Puigdemont no tiene impedimento legal alguno para ser candidato. Otra cosa es que su situación procesal le prive de poder sentarse en el Parlament cuando se constituya la Cámara, tal y como ocurrió tras las elecciones de 2017 y 2021.
En ambos comicios, el líder de Junts fue el número uno de la lista, pero la orden de prisión en vigor en España le impidió ocupar su escaño (y generó una bronca que todavía se recuerda con el entonces presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent). Los candidatos 'efectivos' de Junts a la presidencia de la Generalitat terminaron siendo Quim Torra y Laura Borràs. El futuro número dos de la lista de Junts es casi tan importante como el uno.