El independentismo ha demostrado que puede sacar provecho de las derrotas y la de este miércoles es la más importante que ha sufrido desde que Carles Puigdemont se instaló en Bruselas, hace ya seis años, para librar una batalla contra la Justicia española. El magistrado Pablo Llarena se ha apuntado un tanto decisivo –después de muchos reveses– antes de la partida final en Bélgica. Su desenlace no será inmediato y lo único seguro es que la decisión del Tribunal General de la Unión Europea de retirar la inmunidad al expresident será utilizada como munición para la campaña electoral que empieza este jueves. La duda es hasta qué punto será efectiva esta vez.
Aunque cada vez menos, pocos nombres movilizan tanto, a favor y en contra, como el de Puigdemont. Pero la Catalunya de hoy no es la de 2019, como se percibe en las calles. Y según los sondeos, probablemente tampoco será la misma en las urnas. La encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) publicada este miércoles pronostica que los socialistas ganarían sin problemas en esta comunidad. Un triunfo previsible porque el voto útil al PSC acostumbra a funcionar cuando se avista una victoria de la derecha y es un puntal imprescindible para que Pedro Sánchez pueda resistir (otra cosa es que sea suficiente).
Pero la sorpresa, en esta ocasión, sería que el PP podría disputar el segundo puesto a las fuerzas independentistas, ERC y Junts. Los populares obtuvieron su mejor resultado en esta comunidad en 2000, el de la mayoría absoluta de Aznar. Entonces consiguieron doce diputados en Catalunya. Ahora podrían llegar a los ocho teniendo en cuenta que en ese momento Vox no existía y que ahora la extrema derecha tendría entre dos y tres representantes. El cálculo del PP es que si les va así de bien en Catalunya, pueden situarse en 150 escaños en el conjunto de España.
Junts intentará que el revés de la Justicia europea le sirva para reforzarse electoralmente y superar a una ERC que sigue perdiendo fuelle. Además espera que la sentencia sirva para ablandar a los sectores duros del independentismo que abogan por la abstención y les convenza de ir a votar en apoyo a Puigdemont, que se reivindica como un perseguido político. El partido ha hecho de la necesidad virtud y ha llamado a votar “masivamente” el 23J “para demostrar el apoyo al independentismo en el exilio”.
“Hoy la disidencia política está más amenazada en Europa”, ha proclamado el expresident, quien no ha escondido su decepción por la sentencia. Tampoco ha desaprovechado la ocasión para lanzar una crítica velada a ERC al recordar que no piensa claudicar en su estrategia: “Quiero un retorno como persona libre, no gracias a ningún pacto en los despachos del Congreso o de la Moncloa como algunos se han beneficiado”. Es un mensaje que está por ver hasta qué punto calará en un momento en que el apoyo al secesionismo sigue bajando y se sitúa en un 42% (un punto menos que en el sondeo del CEO publicado en el mes de mayo). Según el CIS conocido este miércoles, el bloque independentista perdería casi la mitad de sus diputados en el Congreso puesto que pasarían de los 23 actuales a 12.
Tanto Junts como el PP y Vox actúan como pinza en contra del actual Gobierno de coalición. Rechazan la mesa de diálogo así como la negociación que ERC y el PSOE han llevado a cabo esta legislatura y que permitió los indultos de los presos del procés y la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición y cambiar el de malversación.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha avanzado que si logra ser presidente recuperará el delito de referéndum ilegal, derogado por el Ejecutivo de Zapatero en 2005, y que volverá a cambiar el de malversación. Por su parte, Junts, por boca de su candidata, Miriam Nogueras, insiste en que llegado el caso no apoyarán una investidura de Sánchez porque consideran que “ha mentido a todo el mundo”.
El Gobierno se ha felicitado de la decisión del Tribunal General de la UE porque la interpreta como “un espaldarazo y un respaldo indudable a las instituciones y la Justicia española y también al Parlamento Europeo”. Los socialistas siempre han defendido que Puigdemont debe regresar y comparecer ante el Supremo a la vez que insisten en que gracias a su gestión se ha conseguido calmar la situación en Catalunya. El precio a pagar por haber pacificado la situación (cosa que no es sinónimo de haberla resuelto) es que los indultos y la reforma del Código Penal le comporten a Sánchez una pérdida de votos en el resto de España.
Que el conflicto catalán y el nombre de Puigdemont sea utilizado en esta campaña por parte de la derecha y la extrema derecha, que es quien más tajada electoral ha sacado hasta ahora, dependerá también de los próximos movimientos del juez Llarena y de si lo sitúa de nuevo en la agenda informativa o se espera a después del 23J.
Como ha ocurrido varias veces en el pasado, el magistrado puede influir en la campaña electoral. Su decisión sobre reactivar las peticiones de extradición a Bélgica no ha sido inmediata este miércoles. Previsiblemente antes querrá oír la posición de la Fiscalía al respecto. El juez no quiere volver a fallar y pretende que el cuarto intento de traer a Puigdemont a España sea el definitivo. Incluso en el equipo del expresident se da por descontado que habrá nuevos movimientos antes de acudir a las urnas.
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