Una cascada de querellas y un momento nuevo para la relación entre Catalunya y el Gobierno central. Es lo que se ha anunciado y debatido este martes en Bruselas durante la rueda de prensa en el Parlamento Europeo para reaccionar ante el informe de Citizen Lab que ha revelado el espionaje de líderes independentistas. Ante estas circunstancias, el ex presidente catalán Carles Puigdemont ha sido tajante: “Es evidente que no hay diálogo, pero sí violación masiva de derechos fundamentales. No se entendería que las cosas siguieran igual y se confiara en un Gobierno que forma parte de esta trama criminal. El Gobierno español no puede hacer ver que esto no ha pasado y que las relaciones con Catalunya pueden seguir como hasta ahora. Es evidente que este espionaje cambia las cosas y el conjunto del independentismo ha de orientar sus acciones ante esta nueva realidad. Es un gobierno que nos ha espiado en nuestras casas, con nuestras hijas”.
A su lado se encontraba Oriol Junqueras, ex vicepresidente de su gobierno y líder de ERC, partido que forma parte del bloque de investidura del Gobierno de Pedro Sánchez y partícipe de la mesa de diálogo abierta con el Ejecutivo central. “Cuando una contraparte, en este caso el Estado español, abre una mesa de negociación porque lo hemos conseguido y se dedica a espiarnos masivamente, ante quien nos mira desde fuera el que acumula capital político somos nosotros. Hay que usar todas las herramientas, la confrontación política, legal y no regalar nunca una herramienta imprescindible y útil como el diálogo”.
“ERC da apoyo a todas las medidas buenas para Catalunya”, ha declarado Junqueras: “En todo caso, tenemos la fuerza que tenemos, y en este caso, como se atacan derechos fundamentales, seremos exigentes para que dé explicaciones el gobierno. Puede decir que no lo sabe, pero tiene la responsabilidad de saberlo. Si se usa esta herramienta, el Gobierno tiene obligación de explicarlo, no solo en el Congreso y el Senado, y también en otros ámbitos. Estamos convencidos de que la negociación es una herramienta para resolver conflictos políticos, cuanto más la hagamos servir, más nos empoderaremos ante la comunidad internacional”.
Puigdemont ha proseguido: “Durante 4 años y medio no he recibido ninguna llamada del Estado español, no la espero en ningún caso. Ha tenido muchas oportunidades para reconocer la realidad política de Catalunya y ahora espero que rinda cuentas. Estamos hablando, además, de centenares de millones de euros: que lean al informe de la fiscalía mexicana sobre el coste estimado al espionaje de 18 personas: 250 millones de euros”.
Además de Puigdemont y Junqueras, han participado en la rueda de prensa John-Scott Railton (Citizen Lab), David Kaye (exrelator especial de la ONU sobre libertad de expresión), Elisenda Paluzie (ANC), Xavier Antich (Òmnium Cultural) y Carles Riera (CUP).
John-Scott Railton, el investigador de Citizen Lab que ha elaborado el informe que ha revelado el espionaje a 65 personas, ha vinculado la vigilancia con el Estado español: “¿Quién está detrás? Hay un vínculo sólido con el Gobierno español. Se debe iniciar una investigación exhaustiva y oficial. En el caso de Puigdemont, encontramos dispositivos infectados a su círculo más próximo, como su pareja”.
“Pegasus es una solución tecnológica para gobiernos que les permite penetrar en un teléfono”, explica Railton: “Es tener un espía en el bolsillo, con acceso a fotos, llamadas, a todo lo que puedes hacer en tu teléfono: cámara, micrófono, acceso a tu cuenta en una nube... Hay cientos de casos en el mundo, algunos en autocracias, pero también en democracias. En el caso de Catalunya, los independentistas fueron atacados directamente y a sus relaciones, como amigos, familiares, colaboradores. Han sido todos los presidentes catalanes desde 2020. El fabricante, NSO, implica que el Estado está detrás de la operación. Una o más entidades del Gobierno, no en vano los objetivos eran de interés para el Gobierno, el momento en el que se realiza, el hecho de que el CNI haya sido cliente de NSO y que Interior diga que tiene capacidades similares”.
David Kaye, ex relator de la ONU para la Libertad de Expresión entre 2014 y 2020 ha señalado que “el spyware interfiere con la privacidad, las libertades de expresión, la legalidad, la proporcionalidad y la legitimidad. Tengo grandes dudas sobre una herramienta que se usa de esa manera tan intrusiva. ¿Tenemos una regulación apropiada? ¿Las víctimas tienen cómo defenderse? Está claro que hacen falta regulaciones y respuestas para evitar interferir en los derechos humanos a escala mundial”.
Elisenda Paluzie (ANC) ha calificado el caso como el de “el mayor de espionaje ilegal en España”; mientras que Xavier Antich (Omnium Cutural) ha señalado: “No es un asunto interno del Estado español, mañana puede ser cualquiera. Es un precedente peligroso para toda la ciudadanía europea”.
Mientras, Carles Riera (CUP) ha afirmado: “No tenemos duda de que el Estado está detrás de los ataques de Pegasus. Ha coincidido en el tiempo con la escalada represiva. Exigimos responsabilidades a todos los niveles”.
En el ámbito de las responsabilidades, Puigdemont ha anunciado: “Presentaremos denuncias en España, Alemania, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Francia [ente otros, contra la empresa NSO por el espionaje cometido en esos países], y llevaremos el caso ante el Consejo de Europa y Naciones Unidas”.
Investigación en la Eurocámara
Este martes se ha constituido en el Parlamento Europeo una comisión para investigar el espionaje de Pegasus, entre otros el cometido contra líderes independentistas en España.
La comisión se dedicará a recabar información sobre los escándalos y escuchará a expertos de entidades como Forbidden Stories, Citizen Lab o Amnistía Internacional para elaborar una informe final con recomendaciones legislativas en el ámbito europeo.
El presidente de la comisión es el popular holandés Jeroen Lenaers, y una de sus vicepresidentas, la eurodiputada de ERC Diana Riba, una de las líderes independentistas cuyo dispositivo fue infectado por Pegasus.
“Solo en las últimas semanas hemos visto más informaciones, también el caso de 65 políticos, incluyendo eurodiputados (...) Hay mucho que investigar y tenemos un mandato claro y fuerte para ello”, ha recalcado Lenaers.
En un comunicado, Renew Europe (grupo liberal) ya ha avanzado que el Ejecutivo español tiene que aclarar si es cliente de NSO y “debe realizar una investigación independiente sobre el uso de Pegasus contra los catalanes identificados en la investigación”.