Habrá amnistía. El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso la proposición de ley para olvidar penalmente el procés. Ahora la norma seguirá el trámite parlamentario para su aprobación y después puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional.
La ley no solo afecta a los líderes independentistas como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. También se incluyen en la norma a más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil investigados por las cargas del 1-O. Al margen de los multados por la 'ley mordaza', estos son los cerca de 400 futuros amnistiados del procés que se habían visto inmersos en una causa penal:
Puigdemont y los líderes de 2017
El Govern encabezado por Carles Puigdemont y los líderes del procés en 2017 serán amnistiados. La medida afectará al expresident y a los tres exconsellers (Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig) que se fueron a Bélgica en 2017 y todavía no han sido juzgados en España, que ven cómo su regreso a España podrá acelerarse ya que la norma obliga a dejar en suspenso las medidas cautelares incluso si los jueces plantean una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma.
Por su lado, la amnistía libra de las penas de inhabilitación para ocupar cargos públicos que todavía cumplían a Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, los exconsellers encarcelados e indultados. Y borra la condena de inhabilitación ya cumplida a los exconsellers Meritxell Borràs, Santi Vila y Carles Mundó.
La medida afecta asimismo a la consellera de Agricultura en 2017 y actual titular de Exteriores, Meritxell Serret, que se fue a Bélgica y volvió hace dos años y fue condenada a un año de inhabilitación por el TSJC. Su recurso contra esa sentencia está en el Supremo.
También están incluidos en la amnistía la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exlíderes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, que fueron condenados por el Supremo e indultados junto a los exconsellers.
Los policías del 1-O
El texto de la norma permite un gran alcance de la amnistía para los policías nacionales y guardias civiles investigados por las cargas del 1-0. Los 73 agentes procesados en Girona y Barcelona por las cargas sí podrán acogerse a la amnistía. El texto solo impide su aplicación a los actos tipificados como torturas o tratos inhumanos “siempre que superen un umbral mínimo de gravedad”. Se trata del umbral marcado por la jurisprudencia europea, lo que, en la práctica, abre la puerta a amnistiar a los 45 agentes que el juez de Barcelona que investigó las cargas del 1-0 procesó por delito contra la integridad moral.
Incluso fuentes de las acusaciones de los heridos admiten que es inviable jurídicamente acusar por delito contra integridad moral a los 45 agentes, y que solo se podrá formalizar esta acusación contra un puñado de uniformados, lo que permitiría, unido a la mención a la gravedad en la norma, amnistiarles.También resultarán beneficiados por la amnistía una vez se apruebe la ley son los 28 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil que una jueza de Girona procesó por delitos de lesiones, pero a quien descartó llevar a juicio por torturas.
La norma solo excluye de la amnistía los actos dolosos que hubieran producido pérdida o inutilidad de un órgano. Aplicado al 1-O, y a la espera de cómo aplica el juez la norma, ello podría traducirse en que los cuatro antidisturbios procesados por reventar el ojo con una bala de goma a Roger Español el 1-O sí podrían tener que ir a juicio, pero podrán beneficiarse de la misma si lo tribunales terminan concluyendo que no tenían intención de lesionar al joven y que sus heridas fueron tan solo imprudentes.
Buch y los límites del procés
Dos de los beneficiados por la amnistía sí tenían un riesgo alto de entrar en prisión. Se trata del exconseller de Interior Miquel Buch (Junts) y el sargento de los Mossos Lluís Escolà, condenados a cuatro años y medio y cuatro años de cárcel respectivamente por malversar dinero público para proporcionar una escolta a Carles Puigdemont en Waterloo. Sus nombres, junto al del director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, dificultaron el acuerdo entre el PSOE y Junts, al tratar de hechos posteriores a la preparación del referéndum.
El párrafo que permite incluir a Buch y Escolà en la amnistía es el que comprende dentro de la medida a los que “de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad” a los responsables del procés.
Alay y sus causas
Finalmente, se incluyen en la amnistía los procesos penales a los que ha sido sometido en los últimos años tras empezar a trabajar como hombre de confianza de Puigdemont: la investigación dentro del caso Voloh por supuestamente pedir información a un mosso de la base de datos policial y la causa pendiente de juicio por un viaje a Nueva Caledonia que pagó la Generalitat al acudir en virtud de responsable de la oficina del expresident.
La ley ampara dentro de la amnistía las actuaciones dedicadas a “divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares”, lo que permite encajar el viaje a Nueva Caledonia. El articulado de la norma contempla asimismo el archivo de las causas por “recabar información” sobre los dirigentes del procés, lo que salvaría el caso Voloh.
Tsunami y CDR
La norma registrada incluye a dos de las causas que más han tensado las negociaciones en las últimos días al versar sobre delitos de terrorismo. La ley amnistiará a los doce activistas de los Comités de la Defensa de la República acusados de organización terrorista por planear protestas en 2019. Lo permite el párrafo de la norma que excluye de la ley solo los actos considerados delitos de terrorismo que ya tengan sentencia firme –los CDR no han sido ni juzgados.
Sobre el papel, la mención a los casos sin sentencia firme también permite la inclusión en la norma de la otra causa abierta por terrorismo en la Audiencia Nacional, la de Tsunami Democràtic, pese a que el juez Manuel García Castellón intentó complicar la negociación al vincular un muerto por infarto en una terminal del aeropuerto con las protestas que intentaron bloquear sus accesos en 2019.
El juez vinculó por sorpresa, cuatro años después, las protestas de la plataforma con un muerto e imputó por terrorismo a Carles Puigdemont, lo que complicó la recta final de la negociación. La Fiscalía rechaza la tesis del instructor y descarta cualquier lazo entre las protestas y el fallecido. A la espera del resultado de los recursos, la amnistía también incluiría a Tsunami ya que el terrorismo que se excluye de la norma es el que tenga sentencia firme y los “actos dolosos con resultado de muerte”, un extremo que incluso queda fuera de la tesis de García Castellón ya que supone intencionalidad para causar el fallecimiento, algo que no ocurre con el fallecido de Tsunami.
Además de Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en la causa permanecen investigados Alay, el exsecretario general de ERC y empresario Xavier Vendrell, el diputado Rubén Wagensberg y otras diez personas.
Marta Rovira y el núcleo duro de Junqueras
También tendrá olvido penal la secretaria general de ERC, Marta Rovira, encausada por el 1-O tan solo por desobediencia en el Supremo tras la derogación de la sedición, pero que había frenado su vuelta a España ante la sospecha de que fuera imputada por terrorismo por la Audiencia Nacional en la causa de Tsunami Democràtic, tal y como terminó ocurriendo en plenas negociaciones de investidura.
Además de Rovira, el núcleo duro de Junqueras en 2017 también verá como, previsiblemente, su próximo juicio por el 1-O no se celebre. La Fiscalía pide más de siete y seis años de cárcel para el parlamentario de ERC y negociador con el PSOE Josep Maria Jové y el presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó. Con la amnistía se borrará su riesgo de entrar en prisión. También se amnistiará a la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a quien la Fiscalía pide inhabilitar por colaborar con la logística de la votación.
El ‘sottogoverno’ del 1-O
También serán amnistiados la treintena de exaltos cargos del Govern en 2017 (algunos siguen en la administración y otros han abandonado la política) imputados por la logística de la votación, así como por la promoción exterior del procés. La Fiscalía todavía no había concretado la acusación contra ellos y el retraso en juzgar el caso había disminuido la posibilidad de que entraran en la cárcel.
Los exaltos cargos del Govern vinculados a Junts y ERC que esperaban juicio son el exconseller Romeva, Roger Albinyana, Roser Clavell, Gerard Figueras, Antoni Reig, Teresa Prohias, Manel Vila, Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrias, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj, Albert Royo, Josué Sallent, Frederic Udina, Montserrat Vidal, Meritxell Massó y Joan Manel Gómez y los exdirectivos de los medios públicos catalanes, Núria Llorach, Vicent Sanchis, Saül Gordillo y Martí Patxot.
La medida beneficiará a los funcionarios Xavier P., Rosa V., David P. y David F., así como los empresarios Pablo R., Rosa Maria R., Francesc F. José María G. y los particulares Mercedes M., Marta G. y Daniel G.
La Mesa de Forcadell y Torrent y Anna Gabriel
Se amnistiará además a los miembros independentistas de la Mesa del Parlament, tanto la que lideró Carme Forcadell como la de Roger Torrent. Los primeros cuatro exvicepresidentes y secretarios de la Cámara (Anna Simó, Joan Josep Nuet, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet) fueron condenados por desobediencia por tramitar las leyes independentistas, mientras los segundos (Josep Costa, Adriana Delgado y Eusebi Campdepadrós) fueron absueltos junto a Torrent de tramitar una resolución contraria al rey, pero la Fiscalía recurrió al Supremo.
Asimismo, también se amnistía a la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que volvió de Suiza en 2022, y estaba pendiente de sentarse en el banquillo por desobediencia en un juzgado penal de Barcelona, y a los cinco alcaldes condenados o juzgados por el 1-O.
Los jóvenes de los disturbios
Hay decenas de manifestantes condenados por los disturbios en las protestas tras la sentencia del procés en 2019. Los casos con penas que implican su ingreso en prisión son una minoría, pues los jueces han descartado en la mayoría de causas imponer las altas penas solicitadas por la Fiscalía. Hubiera o no riesgo de encarcelamiento, la ley también permitirá dar carpetazo a estos procedimientos al amnistiar tanto los desórdenes públicos como el atentado contra la autoridad y sus agentes, los dos delitos sobre los que versan estas causa.
Los síndicos, salvados
Los cinco juristas y académicos que fueron síndicos electorales del 1-O en 2017 tampoco tendrán que afrontar su juicio. Los acusados son la actual consellera de Feminismos, Tània Verge, el catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona Jordi Matas, el profesor de la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) Josep Pagès; el miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat Marc Marsal, y la abogada Marta Alsina.
Artur Mas, exculpado del 9-N
Otros cuatro beneficiados por la amnistía son el expresident de la Generalitat Artur Mas y los tres exconsellers de su Govern condenados ya en firme por la consulta del 9 de noviembre de 2014: la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers de Presidencia Francesc Homs y la de Educación Irene Rigau.
Las causas del Tribunal de Cuentas
No tienen aparejadas penas de prisión, pero las condenas millonarias del Tribunal de Cuentas por el 9-N de 2014 y la que podría imponer por los gastos del 1-O de 2017 también se incluyen en la ley de amnistía, si bien en el caso del 9-N la norma impide a Artur Mas y el resto de condenados recuperar las multas millonarias a las que fueron condenados. En la causa del 1-O sí se devolverán las fianzas.