Respuesta de Carles Puigdemont a los últimos movimientos del juez Pablo Llarena. El expresident de la Generalitat ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo que se aparte de la causa del procés que instruye por haberse posicionado públicamente en contra de la amnistía que negocian Junts y el PSOE de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez.
La solicitud del eurodiputado de Junts se fundamenta en una conferencia que el magistrado pronunció en la Universidad de Burgos el pasado 11 de septiembre. Según recogió Diario de Burgos, el juez Llarena sostuvo que la negociación de la investidura “no parece que sea una razón que tenga fuerza bastante para aprobar una Ley de Amnistía”.
En la misma conferencia, el magistrado abogó por “mirar si la posible ley es legítima o si se justifica”; “si no es inconstitucional, si procede”; o “si hay una finalidad constitucionalmente legítima que justifica que se desactiven principios constitucionales fundamentales”.
Para la defensa del expresident, que encabeza el abogado Gonzalo Boye, las palabras del juez están amparadas por la libertad de expresión, pero suponen “una evidente pérdida de la imparcialidad necesaria para la instrucción de la causa” del procés. Tan lejos llegó el instructor, insiste la defensa, que llegó a “cuestionar la legitimidad de las normas que puedan llegar a gestar, o no, los representantes de la soberanía popular”.
Recuerda la defensa que las palabras del instructor suponen una toma de posición sobre “una medida exclusivamente de carácter legislativo aún no tramitada” y que puede tener una “aplicación práctica” sobre el expresident.
“Las manifestaciones no dejan lugar a duda sobre su falta de imparcialidad e interés directo en la presente causa”, apostilla el escrito sobre las palabras del juez Llarena. Sus palabras sobre la medida, ahonda el expresident, “adelantan” su postura en caso de que se apruebe la ley y apuntan a que hará “lo que esté en sus manos para impedir su aplicación” en su caso.
A juicio de la defensa, las aseveraciones del juez Llarena en Burgos sobre la amnistía demuestran tal “falta de imparcialidad” que suponen “cuestionar, incluso, la legitimidad de las normas que puedan llegar a gestar, o no, los representantes de la soberanía popular”, y pronunciarse sobre una ley que “ni tan siquiera existe”.
No es la primera vez que el expresident y los exconsellers intentan apartar al juez Llarena. En 2021, promovieron su recusación por aceptar un premio de la Fundación Villacisneros, que tenía entonces como miembros de su patronato y su directiva a políticos retirados y en activo como Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja (PP) o a Hermann Tertsch (Vox). El juez descartó dejar de conocer el caso al concluir que el galardón no comprometía su imparcialidad. Igual suerte corrió el intento de recusación de 2018.
Por otro lado, el expresident ha dado respuesta a la petición del juez para que justificara si ha recurrido ante la Justicia europea la sentencia que le retiró la inmunidad el pasado mes de julio. Tal y como informó elDiario.es, Puigdemont ha rechazado responder al magistrado y ha pedido dejar sin efecto su solicitud al argumentar que no existe “norma legal alguna” que la habilite.
“Se le está pidiendo a la defensa en un proceso penal que informe sobre actuaciones pendientes, o no, ante otro órgano jurisdiccional [el Tribunal de Justicia de la Unión Europea]”, ahonda la defensa, que insta a Llarena a motivar primero su petición y después cursarla a través de un auxilio judicial entre tribunales y no mediante un requerimiento a un investigado.