La defensa del expresident de la Generalitat y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont ha presentado un escrito para pedir al Tribunal Constitucional la recusación de Cándido Conde-Pumpido y que se abstenga en todos los recursos sobre el procés por una presunta falta de imparcialidad. La base del escrito de recusación es una conferencia que pronunció el magistrado en 2017 en la que, según la defensa, ya se posicionó en asuntos relativos al procés sobre los que ahora debe decidir como magistrado.
La defensa recuerda que otro magistrado del Constitucional, Antonio Narváez Rodríguez, ya se apartó del estudio de los recursos sobre las causas del procés tras ser recusado por todos los presos debido a una conferencia que pronunció en 2017 en la que tildó el procés de golpe de estado. El expresident equipara el caso de Narváez con una conferencia que dio Conde-Pumpido en 2017 en el Congreso en la que mostró su preocupación como magistrado ante “la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”, en referencia al procés.
“Me preocupa la utilización populista de la contraposición entre una supuesta legitimidad democrática directamente emanada del pueblo y libremente interpretada por quienes la invocan, y la legalidad, la legalidad emanada de una Constitución que –esta sí– ha sido mayoritariamente aprobada. En resumen, me preocupa que se invoque la democracia –en concreto, la democracia directa– para derrocar la Constitución”, aseveró Conde-Pumpido. La defensa también reporta que el magistrado abogó por emplear “el instrumento más contundente del que dispone el estado de derecho” para afrontar el proceso soberanista catalán.
A criterio de la defensa de Puigdemont, que ejerce el letrado Gonzalo Boye, las palabras de Conde-Pumpido muestran que el magistrado “carece de la más mínima imparcialidad para conocer de los recursos interpuestos” contra distintas resoluciones del Supremo en la causa del procés. La conferencia de hace casi cuatro años del magistrado, abunda la defensa, le “priva de cualquier apariencia de imparcialidad”. Ahora, el pleno del Constitucional deberá estudiar la petición de recusación.
Además, la defensa alega que Conde-Pumpido fue fiscal general del Estado bajo el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y designó la práctica totalidad de fiscales que han intervenido en la causa del procés. “La relación de Conde-Pumpido con la parte querellante en la causa penal de la que dimanan las resoluciones judiciales recurridas es tan sumamente estrecha que no se puede decir que presente la necesaria apariencia de imparcialidad”, insiste el escrito.