Primera respuesta procesal de Carles Puigdemont a la decisión del juez Manuel García Castellón de dirigir contra él la causa de Tsunami Democràtic por delito de terrorismo. A través de un escrito de otro de los investigados del caso, su jefe de oficina de expresident, Josep Lluís Alay, el líder de Junts ha preguntado al magistrado de la Audiencia Nacional si lo empezó a investigar por las protestas de 2019 pese a la inmunidad que tiene como eurodiputado.
El abogado Gonzalo Boye, que representa a Alay y a Puigdemont, ha instado al instructor a precisar la fecha en que comenzó a investigarles a ambos por Tsunami. Según expone la defensa, Alay informó a Puigdemont de que existía una causa secreta en su contra “sin que previamente se hubiera solicitado el oportuno suplicatorio al Parlamento Europeo”, un trámite imprescindible para poder investigar a un eurodiputado.
Ante esta sospecha, Puigdemont pidió hace unos meses al Parlamento Europeo activar el procedimiento de defensa de su inmunidad, si bien el pasado 2 de octubre le fue denegado porque la Audiencia Nacional aseguró a la Eurocámara que no había “ninguna investigación” contra el expresident.
Solo un mes después, sin embargo, Puigdemont sí está investigado en el caso, y el juez García Castellón le ofreció el pasado lunes comparecer voluntariamente como investigado antes de proceder a pedir permiso al Supremo para solicitar el suplicatorio a la Eurocámara.
La decisión del juez de imputar a Puigdemont en Tsunami fue sorpresiva, toda vez que en su informe final sobre el caso, la Guardia Civil no dio un papel destacado al líder de Junts en Tsunami. No obstante, el instructor atribuye a Puigdemont un “rol de liderazgo” en las protestas.
Hay tres menciones a Puigdemont en el informe de la Guardia Civil: una nota sobre una reunión en Ginebra de la agenda del jefe de oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; una charla entre Alay y un periodista en la que se dice que Òmnium “informará” a Puigdemont de la presentación de Tsunami; y una conversación del expresident y un empresario sobre las protestas. Para la Guardia Civil son elementos poco relevantes, pero para el juez merecen dirigir la investigación hacia el líder de Junts.
Ahora Puigdemont solicita a García Castellón que le indique la fecha en la que la sede judicial informó a la Eurocámara sobre la “inexistencia” de procedimiento alguno contra Puigdemont, pidiendo además “tener acceso a dichas comunicaciones”.
“A estas alturas, y a los efectos de determinar, entre otras cosas, la viabilidad del presente procedimiento, su apego al ordenamiento jurídico y constitucional y garantizar el derecho de defensa” de Alay, su defensa reclama disponer de la información de “cómo, cuándo, por quién y por qué se ha podido cometer el error de informar equivocadamente al Parlamento Europeo” sobre la investigación a Puigdemont.
La defensa resalta que se refiere a un “error” del tribunal especial en su comunicación a la Eurocámara porque “resulta inimaginable que un órgano jurisdiccional como la Audiencia Nacional, conocedora del principio de cooperación leal, hubiese, conscientemente, informado erróneamente al Parlamento Europeo”.
Para la defensa, “es del todo inimaginable” que el juzgado se vaya a negar a darle la información requerida, porque la misma afecta no solo a la inmunidad de Puigdemont, “sino a la integridad del Parlamento Europeo y, en lo que aquí interesa, a la garantía constitucional del derecho un proceso con las debidas garantías, a la tutela judicial efectiva y al juez imparcial”.