La defensa del expresident catalán Carles Puigdemont se ha dirigido al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, para conocer el alcance de la última decisión del Tribunal General de la Unión Europea sobre su inmunidad. El abogado de Puigdemont, concretamente, pregunta al juez instructor si la suspensión de las euroórdenes tiene consecuencias también en nuestro país y si va a “hacer efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos”.
El pasado viernes 26 de noviembre el vicepresidente del Tribunal General de la UE resolvió el recurso de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí y recordó que siguen sin estar protegidos por la inmunidad parlamentaria. Los antiguos miembros del Govern catalán, en búsqueda y captura desde hace cuatro años, acudieron a esta instancia después de que Puigdemont fuera detenido en Cerdeña a pesar de, según consideran, la suspensión de sus órdenes europeas de detención.
La respuesta del Tribunal General fue doble: no están protegidos por ninguna inmunidad parlamentaria pero las euroórdenes se encuentran suspendidas. No tienen vigencia mientras el Tribunal de Justicia resuelve una cuestión prejudicial a raíz del rechazo de los tribunales belgas a entregar al exconseller Lluís Puig. La cuestión prejudicial fue presentada por el propio Pablo Llarena del Tribunal Supremo en marzo de 2021.
Ahora Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, tal y como ha adelantado El Periódico y ha confirmado elDiario.es quiere saber si esa decisión tiene eco en el proceso seguido contra él en el Supremo por sedición. En varios escritos dirigidos a la sala de lo penal del Supremo, la defensa del expresident pregunta a Llarena si “se ha procedido al dictado de las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos, especialmente en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas en esta causa penal”. También quiere saber si esa hipotética orden ha sido comunicada a las Fueras y Cuerpos de Seguridad del Estado así como a Interpol y al sistema de información Schengen.
La duda que plantea Puigdemont tiene proyección en su margen de movimientos fuera y dentro de nuestras fronteras. Una suspensión de la euroorden permite que el expresident pueda viajar libremente por Europa sin miedo a ser arrestado, pero su pregunta va más allá y plantea la suspensión de todo el procedimiento penal y todas las órdenes de detención. Eso abarca las órdenes nacionales por las que Puigdemont y el resto de fugados serán arrestados en cuanto pongan un pie en nuestro país. La decisión del Tribunal General no se refiere a las órdenes nacionales de detención emitidas hace ya varios años por los tribunales españoles.
Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers llevan fuera de España desde finales del mes de octubre de 2017, antes de que fueran llamados a declarar en la Audiencia Nacional. Fueron declarados en búsqueda y captura varios días más tarde por la Audiencia Nacional después de que no volvieran para comparecer ante la jueza Carmen Lamela tal y como sí hicieron otros miembros del Govern que fueron finalmente juzgados y condenados en el Tribunal Supremo.