“Queridos compatriotas”. Estas fueron las primeras palabras que Puigdemont ha pronunciado en su primer discurso tras su vuelta a Catalunya tras siete años en el exterior. El líder de Junts reapareció públicamente este jueves a escasos minutos del arranque del debate de investidura de un candidato socialista, Salvador Illa, a president en la primera legislatura en la que el independentismo pierde la mayoría desde el inicio del procés.
“Hace años que nos persiguen y estamos sometidos a una represión que ha afectado a miles de personas por el hecho de ser independentistas”, ha expresado Puigdemont, en un discurso leído íntegramente con visible nerviosismo y en un tono desafiante. Frente a miles de personas, el expresident ha asegurado que “han convertido ser catalán en algo sospechoso”.
El expresident ha cargado duramente contra el sistema judicial español, recordando que, a pesar de tener una ley de amnistía, a él todavía no se le ha aplicado la medida de gracia. “Un país en que la amnistía no amnistía, tiene un problema de normalidad democrática”, ha dicho Puigdemont.
“No sé cuándo nos volveremos a ver”, ha dicho en referencia a su inminente detención, antes de desaparecer entre la multitud, unas 3.500 personas que lo esperaban a su llegada. “Pero cuando lo hagamos, volvamos a decir las palabras con las que acabaré mi discurso: Visca Catalunya lliure”. Justo después de pronunciar esta proclamación, Puigdemont ha bajado del escenario y ha anunciado que iniciaba su camino al Parlament, a escasos metros del Passeig Lluís companys, donde se ha celebrado el acto. Desde megafonía se ha pedido a los concentrados que siguieran instrucciones para escoltar al expresident que, acompañado de una comitiva presidida por el presidente del Parlament, Josep Rull, ha emprendido el camino a la cámara catalana.
También le han acompañado la líder de Junts Laura Borras, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas. Igualmente, su abogado Gonzalo Boye y algunos diputados y exdiputados.
“Hoy muchos piensan festejar mi detención”, ha dicho el expresident. Y es que con su regreso, Puigdemont se arriesga a ser detenido y pasar a disposición judicial. Sobre él todavía pesa una orden de detención por la única causa que le queda abierta —un delito de malversación—, después de que el Supremo archivara el caso Tsunami, al decretar que una de las prórrogas del juez Manuel García Castellón fue ilegal.
Esta causa sustentaba acusaciones de terrorismo contra una decena de personas, entre ellas el expresident o la dirigente de ERC Marta Rovira. El delito de terrorismo tampoco es amnistiable y por eso, al ser retirado, la republicana pudo volver a Catalunya a mediados de julio, ya que no tenía ninguna otra causa abierta.
Pero no es el caso de Puigdemont, que todavía tiene cuentas pendientes y por las cuales previsiblemente recibirá el alto de los Mossos en algún momento en su viaje hacia el Parlament. Aunque él tiene la firme intención de entrar en la cámara y ejercer su derecho a voto, lo más probable es que sea detenido antes.
Todo eran incertidumbre, acerca de lo que podría suceder tras su detención. Existían diversas opciones: que él mismo se entregase a la justicia. Que fuese la policía quien le arrestase. Sucedió otra vez lo que casi nadie había previsto: Carles Puigdemont se esfumó de entre la muchedumbre y ya no entró en el Parlament, como había prometido. La pelota no llegó al tejado del juez Llarena, que debería decidir mantenerlo en un calabozo catalán o bien ordenar su traslado a Madrid, para que quede en manos del Tribunal Supremo.
Nada de eso ha sucedido y el president vuelve a estar en busca y captura, al menos mientras permanezca en España. Los Mossos desplegaron la operación “jaula” para arrestarlo y de momento ya hay dos agentes detenidos, acusados de colaborar en la escapada. La Consellería de Interior mantiene abierta una investigación, mientras la oposición en Madrid, ha culpado directamente al presidente, Pedro Sánchez. El Gobierno mantiene silencio en público, pero varios ministros no ocultan en privado su estupefacción por lo sucedido.
Una vuelta anunciada
“Para que vuelva el president, vota al president”. Este fue uno de los lemas de campaña de Junts para las elecciones que se celebraron en diciembre de 2017, apenas tres meses después del referéndum y dos desde la marcha de Puigdemont. El expresident aseguró que, si salía vencedor de los comicios, volvería, aunque ello supusiera su detención. Aquellas elecciones las ganó Ciudadanos.
Años más tarde, en 2024, Junts volvió a usar ese lema y apostó toda su campaña al regreso del expresident al más puro estilo Lluís Companys. De hecho, el nombre de la lista para las elecciones fue Junts + Puigdemont per Catalunya. Todos los actos fueron un recordatorio constante de que Puigdemont cada día estaba más cerca. Literalmente, puesto que trasladó la agenda preelectoral a la localidad de la Catalunya Norte de Argelers, a pocos kilómetros de la frontera, donde cada día se desplazaban autobuses con decenas de militantes y simpatizantes.
Los exconvergents creyeron que su regreso iba a ser un gran golpe de efecto, pero sólo consiguieron ganar tres escaños. La victoria fue, inequívocamente, para el PSC, que se plantó con 42 diputados, su cifra más alta en la historia (y consiguiendo romper la racha de la mayoría independentista en la cámara catalana).
Aunque la idea del regreso no tuviera rédito electoral y la investidura de Puigdemont fuera aritméticamente imposible, el expresident no dejó ni por un momento de presionar a ERC para que le apoyara a él en lugar de a Salvador Illa. Tanto ha sido así que dejó claro desde el día después de las elecciones que se personaría en el debate de investidura, aunque eso supusiera su detención.
Con ello no sólo dejaba clara su intención de aspirar a la presidencia, sino que ejercía una fuerte presión sobre los republicanos: dar su apoyo al PSC supondría que ERC daría la espalda al independentismo y facilitaría una investidura que, en paralelo, supondría su detención.
De hecho, el mismo expresident ya responsabilizó a los republicanos de la represión a la que, asegura, es sometido y aseguró que el pacto entre PSC y ERC convertía su detención en una “posibilidad real en pocos días”. Esas declaraciones levantaron oleadas de críticas que no hicieron más que caldear un ambiente ya tenso entre los diversos sectores del independentismo.
Puigdemont regresó a Catalunya, siete años después de su salida de España, pero no llegó a acudir a la investidura del primer president socialista y no independentista desde que se inició el procés, hace más de una década.
Cronología de siete años en el exterior
27 días después de la celebración del referéndum del 1O, y en ausencia de la oposición, el Parlament declaró la independencia de Catalunya. En Madrid, el Senado respondió aplicando el artículo 155 de la Constitución, que dio a Mariano Rajoy el control de la administración catalana y destituyó a Puigdemont de su cargo.
Ante la previsible acción de la justicia, el expresident se instaló en Bruselas junto a los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret. El 30 de octubre, el día siguiente de su huída, llegó la querella de la Fiscalía General del Estado, que acusó a Puigdemont de rebelión, sedición y malversación.
Entre el 2 y el 9 de noviembre, líderes del Procés que se quedaron en Catalunya como Junqueras, exconsellers como Turull o Rull o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, fueron encarcelados. Pero Puigdemont todavía podía moverse liberemente por Europa en ausencia de una orden internacional de detención.
Esto cambió el 23 de marzo de 2018, con la primera euroorden. Dos días después, el expresident fue localizado por la policía alemana e ingresó en la cárcel de Neumünster, donde permaneció 10 días. Fue liberado después de que un tribunal alemán negara la solicitud de extradición al no considerar que Puigdemont hubiera cometido delito de sedición en España.
En mayo 2019 Puigdemont se convirtió en europarlamentario y consiguió la inmunidad. Cinco meses más tarde, Llarena reactivó las euroórdenes, empezando un vaivén de peticiones de extradición y órdenes internacionales en una batalla que el juez español no lograba ganar.
Paralelamente, y ya con Pedro Sánchez en el Gobierno, en 2021 se aprobaron los indultos, que supusieron la libertad de los líderes políticos juzgados y condenados 1.328 días después de su encarcelamiento.
Pero todavía se debía librar otra gesta para exonerar a aquellos que no se presentaron ante la justicia como Puigdemont o Rovira. Para ellos, la medida de gracia tenía que ser la ley de amnistía que, no sin polémicas y disputas, se aprobó en mayo de 2024.
Esta ley debía servir para zanjar el conflicto político, ya que sólo dejaba fuera de su alcance el delito de malversación cuando este supusiera un lucro personal y el de terrorismo. Pero el juez García Castellón intentó, de nuevo, que la medida de gracia no se aplicara al expresident al acusarle de este último delito grave por su implicación en las acciones impulsadas por Tsunami Democràtic.
Finalmente, la causa fue archivada y sobre el expresident hoy sólo pesa la acusación por malversación, que el Supremo entiende que no es amnistiable. Con su segunda huida, el futuro judicial del expresident es todavía más incierto y las próximas horas y días serán claves para el devenir de la última gran figura pública que todavía representa las consecuencias del conflicto político y judicializado del procés catalán.