Raquel Sánchez, una alcaldesa metropolitana del PSC para gestionar transportes y vivienda

El PSC metropolitano vuelve al Gobierno de España. A la tradición que engrosaron alcaldes del cinturón rojo barcelonés como José Montilla, Carme Chacón, Celestino Corbacho o Joan Clos, ahora es Raquel Sánchez, edil de Gavà, la que asume un ministerio, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con retos inmediatos que abordar como la regulación de los alquileres, la financiación de las autovías, la ley de movilidad sostenible o las ayudas a la rehabilitación de vivienda con fondos europeos. 

Sánchez, nacida en 1975 en Gavà, ha sido en los últimos siete años alcaldesa de su ciudad. Su trayectoria política se ha desempañado casi exclusivamente en esta urbe metropolitana de cerca de 50.000 habitantes, lo que ha provocado la sorpresa entre no pocos socialistas catalanes al conocerse su nombramiento. No es este, sin embargo, un municipio cualquiera para el PSC. Gobernado por esta formación desde que la etapa democrática, es la sede de la Festa de la Rosa, su tradicional evento de inicio de curso y el sitio desde donde Miquel Iceta proclamó el ya célebre “¡Líbranos de Rajoy y del PP!”.

Ese día, un 24 de septiembre de 2016, escuchaba a Iceta desde primera fila un Pedro Sánchez. A su lado estaba Raquel Sánchez. Apenas una semana después, el actual presidente dimitió como secretario general del PSOE en el caótico Comité Federal del partido y empezó su particular travesía por el desierto.

Hoy los caminos de Pedro Sánchez y Raquel Sánchez se vuelven a cruzar en el Ejecutivo. Su entrada supone además que la cuota catalana en el Gobierno pasa de uno a dos ministerios –Miquel Iceta cambia Política Territorial por Cultura– y esto, en un momento decisivo de recuperación de las relaciones con las instituciones catalanas tras los indultos, se interpreta como un nuevo gesto de acercamiento. No es baladí que sea una ministra catalana la que tenga el control sobre la inversión en infraestructuras, que ha sido una de las grandes demandas históricas por parte del nacionalismo catalán pero también de los círculos empresariales contrarios a la secesión.

Mejorar las inversiones en Catalunya, con especial acento en la red de cercanías y el corredor del Mediterráneo, ha sido una de las banderas por las que ha apostado Pedro Sánchez para la etapa de desinflamación independentista que desea abrir tras los indultos. En este sentido, ofrecer la cartera a una alcaldesa socialista de la comaca del Baix Llobregat confirma el deseo de llevar a cabo los compromisos descritos en la “agenda del reencuentro”.

Antes de dar el salto al Gobierno central, Sánchez ha sido sobre todo una política dedicada a su ciudad, Gavà. Formada en Derecho por la Universidad de Barcelona, es militante del PSC desde 2003 y entró como concejal en el ayuntamiento a los 32 años. Desde 2007 encadenó concejalías de mucho peso, como las de Economía o Urbanismo, hasta que en 2014 sustituyó al alcalde Joaquim Balsera. En clave de partido, nunca ha sido una de las voces más destacadas del socialismo catalán, aunque se sienta en su Comisión Ejecutiva como Secretaria Nacional de Estrategia por el Clima. 

A favor de regular alquileres en Gavà

Se da la casualidad que por su ayuntamiento de Gavà han pasado en los últimos meses dos de los grandes retos que deberá afrontar ahora ya no como alcaldesa, sino como ministra. El primero es la regulación de los precios del alquiler, puesto que de su cartera dependen las políticas de Vivienda. En el año y medio que va de coalición de Gobierno, PSOE y Podemos se ha protagonizado un agrio debate sobre la necesidad de poner tope o incluso reducir los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. Por ahora se ha acordado lo primero, pero el texto de la ley sigue encallado y acumula ya seis meses de retraso. 

Sánchez es una de las alcaldesas socialistas que votó recientemente a favor de mantener en el tiempo la declaración de zona tensionada para su municipio de Gavà, de acuerdo con la ley catalana de regulación de los precios del alquiler, que está recurrida al Tribunal Constitucional por su Gobierno. “Partiendo de los elevados precios del alquiler en nuestra ciudad, que superan la media de Catalunya, esta declaración nos permitirá aplicar medidas para limitarlos y actuar en el mercado para facilitar el acceso”, argumentaba el día que se aprobó la medida en el plenario.

La otra gran cuestión que la ha ocupado en su ciudad en los últimos meses y que ahora lo hará desde Madrid es la ampliación del Aeropuerto del Prat, una de las apuestas del Gobierno para invertir en infraestructuras en Catalunya pero que se ve con dudas desde la Generalitat y desde algunos municipios cercanos. Gavà, vecina del aeródromo, siempre ha tenido una posición particular. Está a favor de la ampliación en parte porque serviría para enterrar de una vez por todas otra alternativa de crecimiento, la del uso de pistas independientes, que supondría un aumento del ruido sobre algunas urbanizaciones de su término municipal. 

Casi 20.000 millones de fondos europeos por delante

Sánchez entra a un ministerio que cambió su nombre en 2019. Fomento pasó entonces a ser Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el objetivo de “mejorar la movilidad de las personas y las mercancías, una movilidad conectada, segura y sostenible”. Además de la encallada Ley de Vivienda, Ábalos vendió como otro de sus grandes proyectos la futura Ley de Movilidad Sostenible, que también ha quedado en el tintero. Era uno de los puntos del acuerdo entre los socialistas y Unidas Podemos.

Hace un año, en julio de 2020, el Ministerio inició los trámites de consulta y propuso un “diálogo nacional para la movilidad”. A la vuelta del verano, en septiembre, el ministro invitó a todos los españoles a participar preguntándoles por qué no iban en bici y cómo mejorar el Cercanías. De ahí ha salido un informe y de momento nada más. Paralelamente se ha creado una Estrategia Estatal de la Bicicleta, con un responsable propio (Antonio Pérez) al frente.

La nueva ministra tendrá entre sus retos sacar adelante esta ley y gestionar la aplicación de los fondos europeos. Cabe recordar que por el MITMA pasarán las dos mayores partidas de los fondos de recuperación, que suman casi 20.000 millones de euros: 13.203 para la estrategia de movilidad sostenible y 6.820 para el programa de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. Dentro de estos programas, las medidas más ambiciosas planteadas por Ábalos pasaban por subvencionar (mediante ayudas directas e incentivos fiscales) a los propietarios que rehabilitaran su vivienda y la hicieran más energética y por crear zonas de bajas emisiones, al estilo de las de Barcelona y Madrid, en todos los municipios de más de 50.000 habitantes.

A diferencia de las leyes de vivienda y movilidad, Ábalos sí ha podido ver cómo la liberalización ferroviaria sale adelante. El Ministerio de Transportes aprobó en 2018 el real decreto que lo permitía y hoy ya circula por las vías que hay entre Madrid y Barcelona al menos una compañía extranjera: la francesa SNCF, que opera un servicio “barato” bajo la marca Ouigo. La liberalización —que permite a más empresas, no solo a Renfe, usar las vías— ha obligado al operador estatal a crear su propio servicio de bajo precio para competir con el resto. Es el llamado AVLO (Alta Velocidad Low-Cost). Pronto llegará también ILSA, una empresa participada al 45% por la italiana Trenitalia.

La nueva ministra Sánchez verá en los próximos meses, a medida que avance la recuperación, los resultados de esta liberalización (si hay demanda suficiente, qué efecto provoca en Renfe, qué nuevas líneas se abren). En 2023 está previsto liberalizar los servicios OSP, de obligación de servicio público o rutas de tren no rentables, un reto que si sigue en el cargo tendrá que afrontar.