La segregación escolar es un problema tan complejo y enquistado en el sistema educativo que requiere de muchas medidas concretas para corregirlo. Tantas, que el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, ha elaborado un documento con 182, que tienen sobre la mesa ahora mismo la Generalitat de Catalunya y las principales entidades de la comunidad educativa. Contempla, entre otras iniciativas, revisar la financiación de la escuela concertada, fijar cuotas máximas de alumnado con dificultades para cada centro o permitir subir y bajar ratios para evitar que determinados colegios concentren a los escolares más pobres o a los extranjeros, algo que ocurre en la mayoría de ciudades.
El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, es el 'Pacto contra la segregación escolar', que vincula tanto al Govern como a los agentes de la comunidad educativa –sindicatos, AMPA, concertadas y ayuntamientos–, aunque ninguno de ellos lo ha firmado todavía. La intención de la Generalitat es darle el visto bueno en cuanto el Síndic se lo presente formalmente, aunque sus medidas ya no estarían a punto para el próximo curso, sino para el 2020-2021.
Las políticas que recoge el Síndic atacan a las distintas etapas del proceso de escolarización: desde los puntos para las preinscripciones hasta el reparto de los alumnos que llegan durante el año, pasando por la asignación de las plazas. “Acabar con la segregación es acabar con las barreras de acceso a la educación; algunas son muy evidentes, como las cuotas mensuales, pero también hay otras como el lugar donde está un centro, las plazas que tiene, si vende un tipo de proyecto que excluye a determinadas familias…”, expone Miquel Àngel Alegre, investigador de la Fundació Jaume Bofill y experto en segregación.
Las cuotas de la concertada
Los colegios concertados escolarizan la mitad del alumnos pobres y extranjeros que le tocarían. Para enderezarlo, hace falta revisar el cobro de cuotas y la financiación de estos colegios, una patata caliente que ningún consejero se ha atrevido a abordar. Entre las medidas que hay sobre la mesa está la de garantizar que la escolarización en estos centros sea gratuita y sancionar a aquellos colegios que no lo faciliten. En paralelo, se plantea “adecuar” la financiación del concierto para aquellas escuelas concertadas que sí tengan una proporción equilibrada de alumnado, asumiendo que esto conllevaría aumentar las subvenciones.
“Nuestro objetivo es que la escuela concertada sea gratuita, pero somos conscientes de que los recursos que le aporta la Administración no son suficientes para sufragar de forma completa la escolaridad”, sostiene Carles Martínez, secretario general de Políticas Educativas de la Generalitat.
“El gran problema de la concertada es que nadie sabe cuánto cuesta, esto es lo primero que hay revisar”, expone Aina Tarabini, socióloga de la educación por la UAB. El documento especifica que es necesario que todos los colegios, públicos y privados, hagan públicas en sus webs todas las cuotas que cobran a las familias, y que explícitamente dejen claro, incluso en los recibos, que son aportaciones voluntarias por actividades no lectivas.
Este sería un punto de partida para evitar que muchos concertados dejen de ser colegios en los que las clases bajas no tienen cabida. Estas medidas, sin embargo, no está claro que convenzan todavía a las instituciones, la mayoría religiosas, que gestionan estos centros, y que también deberán suscribir el pacto. En el lado opuesto, sindicatos como USTEC, el mayoritario en la enseñanza pública, no aceptarán nada que no pase por retirar conciertos de forma progresiva, un extremo que no contemplan el Govern u otros sindicatos.
Las ratios y la reserva de plazas
Las barreras económicas de la concertada son solo un factor que genera segregación, pero hay muchos otros, que tienen que ver con la selección y asignación de las plazas escolares. En este ámbito, el Departamento de Educación ya ha tomado alguna iniciativa, como modificar el sistema de puntos. Tener padres y madres exalumnos de un colegio ya no da puntos extra porque reforzaba que un mismo tipo de familias vayan a un centro, y tampoco tener enfermedades que afectan al sistema digestivo, puesto que el Govern había detectado que se había convertido en una herramienta de algunas familias para entrar en ciertos colegios.
Lo que la comunidad educativa y los expertos vienen reclamando también desde hace años es que se ponga en marcha una reserva de plazas efectiva. En la actualidad, la ley prevé que todos los colegios reserven dos plazas en cada aula para alumnado con necesidades educativas especiales, pero este volumen ha quedado desfasado. Lo que recoge el Síndic es que, además de un mínimo, se pueda fijar un máximo, con lo que los centros más 'guetizados' no puedan admitir a más alumnos con problemas de aprendizaje que cualquier otro.
Esto entronca con otras medidas planteadas, como la gestión de la oferta y la demanda de plazas e incluso el uso de las ratios como herramienta de distribución. Alegre pone un ejemplo: “Si un colegio al que quieren ir muchas familias de clase media tiene más demanda de lo normal, lo que no hay que hacer es ampliar sus ratios para dar más plazas, sino repartirlas en otros centros para no concentrar un tipo de alumnado”.
Lo mismo puede pasar al revés. Cuando un colegio no llena sus plazas –algo que suele pasar a los centros con mayor pobreza o inmigración–, se pueden rebajar sus ratios. De esta forma se evita que los niños que llegan a una ciudad a lo largo del curso, muchos de los cuales son extranjeros, no acaben recalando en los colegios que ya están más segregados. Es decir, acabar con la 'matrícula viva', tal como se conoce en el argot educativo.
Más recursos para los colegios 'gueto'
El pacto, que no solo atañe al Govern sino también a los ayuntamientos –puesto que tienen competencias en una parte de la asignación de plazas–, contempla además medidas que tienen que ver con el desempeño de los colegios más estigmatizados. Apuesta por una mayor dotación económica y de plantillas para estos centros, en lo que sería abrir la puerta por primera vez a una financiación de colegios públicos en función de su tipología. El Departamento de Educación ya ha manifestado que le parece una iniciativa a explorar. Incluso se plantea dar incentivos para que estos centros se lleven a los mejores docentes.
De hecho, una apuesta drástica pero efectiva, según las distintas experiencias llevadas a cabo por la Generalitat en los últimos años, pasa por cerrar los centros más guetizados y volverlos a abrir con nuevo nombre y nuevo equipo docente.
En esta línea, los expertos plantean también los beneficios de que estos colegios tengan proyectos educativos punteros, para atraer así a perfiles de familias que de otro modo descartarían de plano llevar allí a sus hijos. En Catalunya están las experiencias de las escuelas ‘magnet’, que con la ayuda pedagógica de la Fundació Jaume Bofill y con recursos económicos adicionales han conseguido revertir tendencias segregadoras. Aun así, Tarabini advierte ante la predisposición a hacer recaer la lucha contra la segregación en colegios y maestros.