Estos días, a raíz del debate generado por la nueva reforma laboral, ha habido discusión sobre sus contenidos, pero a la vez también se está generando un debate de formas muy vinculado a la concertación y el diálogo social.
En este artículo no quiero entrar en los contenidos de la reforma ni en los legítimos objetivos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para esta reforma. Son suficientemente conocidos y creo que basta con enumerar los más relevantes: el regreso de la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo en Catalunya, el desarrollo del marco catalán de relaciones laborales en la negociación colectiva con la prevalencia de los convenios catalanes sobre los estatales, el refuerzo de la Inspección de Trabajo, el pleno regreso de los salarios de tramitación o los mecanismos de lucha contra la parcialidad involuntaria. Nuestra voluntad es utilizar nuestros escaños, a partir de la negociación, para lograr tales objetivos y mejorar la protección de los derechos de las personas trabajadoras.
Quisiera centrarme ahora en los mecanismos de legitimación democrática que han participado y participarán en su configuración. Nos encontramos ante un acuerdo generado en la concertación y el diálogo social tripartito, lo que significa que, en su construcción, han participado tres actores. Por un lado, el gobierno del Estado, por el otro, patronales representativas, y, finalmente los sindicatos representativos. En estos casos, el diálogo social llega a acuerdos a partir del equilibrio de fuerzas de las tres partes: la parte gubernativa, la parte patronal y la parte social. Y creo que esto nos ayuda a entender el acuerdo y sus contenidos. Pero al tratarse de un acuerdo que implica modificaciones legislativas, las reglas del juego sitúan que debe aprobarse en el marco de la soberanía popular, en este caso en el Congreso, puesto que, actualmente, es la cámara con legitimidad y competencias para hacer modificaciones legislativas que impactan en todo el estado español.
Hemos dicho, por activa y por pasiva, que somos respetuosos con el diálogo social y la concertación; que entendemos que los contenidos del acuerdo se han generado a partir del equilibrio y la correlación de fuerzas de los tres actores implicados. Del mismo modo que somos críticos con el papel de la parte gubernativa.
Y somos críticos con ella por dos motivos. En primer lugar, porque tenemos la sensación, a partir de todas las declaraciones hechas con anterioridad (la hemeroteca existe y actualmente es muy fácil buscarla), que la parte gubernativa no ha utilizado toda su fuerza en la negociación para lograr más objetivos en la reforma pactada en la misma línea de sus promesas a la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque está ejerciendo una estrategia muy peligrosa poniendo en entredicho la legitimidad parlamentaria cuando se trata de debatir y posicionarse ante la reforma.
Quisiera pararme ahora en este punto. Del mismo modo que he explicado de forma muy resumida, y siempre con el peligro de simplificación, el funcionamiento del diálogo social, intentaré hacer lo mismo sobre el ámbito parlamentario. Los debates parlamentarios se hacen a partir del equilibrio de las diferentes fuerzas políticas, es decir, su representación, y por este motivo pensamos que tiene que ser un buen ámbito de mejora de la propuesta que viene del diálogo social y la concertación. Porque ahí la correlación de fuerzas es diferente. Tenemos todo el derecho a intentarlo y a tomar decisiones a partir de la receptividad que vemos de los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno del Estado. Del mismo modo que los partidos que conforman el gobierno tienen todo el derecho a negociar, o no, y a hacerlo con unas fuerzas u otras.
Pero no tienen derecho a decir que no estamos legitimados a probarlo o que los grupos únicamente podemos votar sí o no, pero no entrar en el contenido porque la propuesta proviene del diálogo social. Para empezar, porque cualquier partido que haya logrado representación parlamentaria tiene derecho a incidir en un proceso de cambio legislativo -luego se verá si tiene la fuerza y la capacidad- y esto acabará trayendo a un sentido u otro del voto. Y, además, porque nos encontramos ante un gobierno que no tiene mayoría absoluta y los apoyos parlamentarios debe ganárselos. Si tuviera esta mayoría no existiría ningún tipo de debate, pero el caso es que no la tiene y estamos hablando de un proceso legislativo. Y es muy peligroso contraponer la legitimidad del diálogo social y la concertación con la legitimidad parlamentaria únicamente por intereses partidistas, porque, finalmente, se acabarán debilitando las dos. Y esta debilitación es una derrota para todos.
Es muy curiosa la desmemoria que tenemos todos y todas. El año pasado tuvo lugar otro acuerdo, fruto del diálogo social, de suficiente relevancia: la primera parte de la reforma de pensiones. Este acuerdo también implicaba modificaciones legislativas y fue llevado al Congreso, donde se convalidó y fue tramitado como proyecto de ley. Hubo negociación, pulsos, se modificó a partir de las mayorías parlamentarias y, creo que en beneficio de los y las pensionistas, finalmente fue aprobada. Entonces, ¿por qué se ha instalado este relato de sacralidad del texto de la reforma laboral? ¿Esta no puede seguir un esquema similar a la tramitación de la reforma de las pensiones? No soy la persona adecuada para dar respuesta a estas preguntas, pero me encantaría que, quién pudiera, las respondiera.