El regreso de Puigdemont, un interrogante que los indultos no resuelven

Feliz por los presos y sus familias, pero sin cambios en su situación. Así definió el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont su sentir ante el perdón otorgado por el Gobierno a los nueve condenados por sedición. La medida de gracia ni acelera ni frena el retorno del líder de Junts y de los otros cuatro dirigentes independentistas que permanecen en Bélgica y en Suiza, un escenario para el que todavía deben despejarse varias incógnitas.

La carpeta judicial de Puigdemont está lejos de cerrarse y se jugará en instancias europeas, siguiendo la apuesta del expresident desde que saliera de España en octubre de 2017 tras la fallida Declaración Unilateral de Independencia (DUI). De los tribunales alemanes y belgas han venido las principales victorias de Puigdemont, que ha capitalizado políticamente esos triunfos presentando la estrategia exterior como la única capaz de resistir las actuaciones judiciales que en España acabaron con la prisión de sus excompañeros de Govern.

La concesión de los indultos y la apuesta por el diálogo entre Generalitat y Gobierno rompe la imagen de un Ejecutivo inflexible que derivó todo el contencioso catalán a los tribunales, un mensaje que el independentismo insistió en transmitir al exterior durante la etapa de Mariano Rajoy en La Moncloa. Pese a la nueva tesitura, el expresident sigue siendo el principal ariete de la denuncia internacional del caso catalán. Y dispone de material para ello aunque ya no haya presos: decenas de altos cargos siguen pendientes de juicios y la repercusión internacional del procedimiento ante el Tribunal de Cuentas que ha supuesto que 33 premios Nobel de Economía apoyen al exconseller Andreu Mas–Colell, uno de la treintena de exaltos cargos –entre ellos el propio Puigdemont– que afrontan multas millonarias y el embargo de sus bienes.

“Quizás ahora se entiende mejor la prisa de Pedro Sánchez para venir a vendernos humo con retórica desfasada. El reencuentro, sí: España se tiene que reencontrar con las democracias europeas y tiene que abandonar la deriva turca”, tuiteó este lunes el expresident a cuenta de la resolución de la Asamblea del Consejo de Europa que pidió la excarcelación de los condenados por el 1-O, reformar la sedición y retirar las euroórdenes. Una comparación con Turquía que ha evitado efectuar el president, Pere Aragonès, que en un tono distinto al de Puigdemont ha insistido en que el informe del Consejo de Europa es “oxígeno” para la negociación entre Ejecutivos.

Tras sus sonoros fracasos en los tribunales belgas y alemanes, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena jugó la última carta para extraditar a Puigdemont y a los exconsellers y eurodiputados Toni Comín y Clara Ponsatí con una batería de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Para la defensa de los dirigentes independentistas, el movimiento de Llarena no es más que un intento para que el TJUE enmiende la plana a los tribunales belgas que denegaron la extradición del exconseller Lluís Puig (su caso fue examinado antes que el de Puigdemont al no ser eurodiputado) en una contundente resolución que desmontaba los cimientos de la causa del procés del Supremo y anticipaba un rechazo a la entrega del expresident.

El TJUE todavía tardará meses en responder a las cuestiones planteadas por el juez Llarena el pasado mes de marzo. En función de la respuesta que dé el TJUE, el Supremo retirará, mantendrá o emitirá una nueva petición de extradición, según dejó escrito el magistrado Llarena. Mientras, Puigdemont ha recuperado de forma provisional la inmunidad que le revocó el Parlamento Europeo, pero no puede volver a España ya que sigue en vigor la orden de detención nacional contra él.

Serán pues los tempos judiciales europeos los que marquen un retorno más rápido o lento del expresident. Desde la política solo se podría acelerar el regreso con una ley de amnistía que reclama el independentismo pero que es de difícil encaje legal e imposible viabilidad parlamentaria por el rechazo del PSOE. La vía intermedia que se propone el Gobierno es una reforma del delito de sedición todavía en ciernes que rebaje las penas para acomodarlas a los países de nuestro entorno. El Ejecutivo no se plantea una derogación del delito de sedición, como desearían los 'comuns' y los independentistas.

Las discrepancias internas en el Ejecutivo central se pusieron de manifiesto hace una semana, cuando la ministra Ione Belarra, de Unidas Podemos, defendió el regreso a España de Puigdemont, a lo que replicó la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, remarcando que “el interés del Gobierno es que Puigdemont pueda ser traído a España y pueda ser juzgado, como ha dicho siempre”. Por su lado, el expresident ha insistido en varias ocasiones en que solo se plantea su retorno como un hombre “libre”, no para sentarse en el banquillo del Supremo.

Aunque se aligeren las penas de la sedición –a día de hoy se castiga con hasta 15 años de cárcel– quedaría el obstáculo de la malversación, delito por el que también están reclamados tanto Puigdemont como Comín (aunque no Ponsatí) y que se castiga con hasta ocho años de prisión. Tampoco están reclamadas por este delito las dos dirigentes independentistas que permanecen en Suiza: la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, cuya vuelta a Catalunya tampoco se prevé inmediata aunque el país helvético no ha dado muestras de querer cursar la extradición.