Lo que inicialmente parecía un nuevo consenso por el catalán en la escuela, capaz de reunir a cuatro de cada cinco diputados en el Parlament, ha acabado con una división difícil de coser. El acuerdo suscrito en marzo pasado por PSC, ERC, Junts y comuns para reformar la ley de política lingüística ha quedado definitivamente hundido después de que Junts se haya desmarcado y ahora las dudas se ciernen también sobre ERC, obligada a decidir si se mantiene con las antiguas formaciones del tripartito de izquierdas u opta por no votar diferente a los grupos que le dieron la investidura.
Tome la dirección que tome ERC, la grieta ya está abierta. El bloque partidario de mantener la inmersión lingüística, pese a tener abrumadora mayoría, no dará una respuesta conjunta a la sentencia del Tribunal Superior catalán que impone un 25% de castellano en todas las escuelas.
La reforma de la ley de política lingüística llegó al Parlament en marzo pasado como una iniciativa trabajada al máximo nivel por los tres grandes partidos catalanes y En Comú Podem. Era, señalaban los cuatro impulsores, una vía que permitía frenar una dinámica judicial que había comenzado a imponer el porcentaje del 25% en varias escuelas, entonces de forma individual.
El nuevo texto hacía ingeniera jurídica y, mientras que cumplía con el mandato del Constitucional de reconocer al castellano como lengua de enseñanza por primera vez, también negaba de forma explícita que se pudieran imponer porcentajes generales para los centros, dando autonomía a cada escuela para decidir su proyecto lingüístico.
El reconocimiento del castellano generó una intensa polémica tanto entre las bases independentistas como en sectores pedagógicos y culturales, así como en colectivos de profesores. Así que Junts primero congeló su apoyo al texto y esta semana se ha acabado de descolgar, situándose al lado de la CUP, que reclama una reforma que reafirme el catalán como única lengua de la enseñanza.
“Les ha pesado más el partido que el país”, cargó ERC contra sus socios, a quienes acusó de actuar de forma “irresponsable” por desmarcarse del acuerdo. Los republicanos no descartan de entrada impulsar la reforma con PSC y comuns, con quienes suman mayoría suficiente en la Cámara, aunque en la formación todavía rumian qué hacer. Por un lado porque las reformas lingüísticas siempre se han hecho en Catalunya con consensos amplios y, por otro lado, por los efectos que eso puede tener en el seno del Govern.
Falta de cohesión del Govern
Esta última cuestión, la cohesión del Ejecutivo, es especialmente importante para una ERC que ha visto cómo en un año de legislatura las diferencias con Junts se han hecho cada vez más numerosas. Ya no es solo que los dos grandes partidos independentistas difieran en su posición sobre la secesión o la negociación con el Gobierno, algo que quedó patente cuando Junts abandonó la mesa de diálogo impulsada por Pere Aragonès. También tienen diferencias de calado en cuestiones de gestión ordinaria, proyectos estructurales como la ampliación del aeropuerto de El Prat y, ahora también, en cosas tan absolutamente medulares como la política respecto al catalán en la escuela.
Si la crisis entre los socios independentistas fuera una enfermedad, el dolor no podría considerarse agudo sino, más bien, crónico. Lo cual no quiere decir que no se pueda agudizar. No ser capaces de acordar ni siquiera la respuesta a los tribunales en uno de los momentos de mayor ofensiva contra el catalán en la escuela desde el inicio de la democracia es un síntoma más de que el equilibrio pende de un hilo, más aún cuando Junts se encuentra en pleno proceso de sucesión del poder, tras la salida de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez, para dar paso a una incierta dirección en tándem entre Laura Borràs y Jordi Turull.
Con este mar de fondo, ya no es un tabú hablar en público sobre la posibilidad de que Junts pueda acabar saliendo del Govern. Este mismo viernes, el conseller Josep Maria Argimon, de Junts, fue preguntado por la cuestión en una entrevista en TVE. Él se mostró partidario de continuar con total convicción. La opinión del médico es un buen termómetro de la del resto de los consellers, pero podría no coincidir con la de las bases del partido, que se pronunciarán sobre la estrategia política este verano.
Nuevo decreto
Para calmar las aguas, Junts ha asegurado que hará una propuesta sobre el catalán en el seno del Govern, enviando con claridad la señal de que su descuelgue del acuerdo no debe considerarse un nuevo bache en el Ejecutivo. El conseller de Educación, el republicano Josep González Cambray, ya había propuesto un decreto del Govern que fajara la nueva normativa salida del Parlament, por lo que la propuesta de los de Laura Borràs tampoco es una novedad. La dificultad, sin embargo, es que no hay muchas vías que permitan al Govern esquivar jurídicamente la sentencia del TSJC, ni mucho menos salir airoso de una desobediencia abierta.
Ese ha sido además uno de los lastres de la propuesta de reforma de la ley de política lingüística, según reconocen fuentes independentistas. Hay debate sobre la eficacia real de la fórmula jurídica pactada por PSC, ERC, Junts y los comuns, pues, mientras algunos expertos como la exconsellera Irene Rigau aseguran que le pondría las cosas muy difíciles al tribunal para imponer el 25%, otros juristas consideran que una ley del Parlament no podría funcionar donde toda una ley orgánica como la ley Celaá, aprobada hace poco más de un año, fracasó. Esta incertidumbre sobre los efectos que puede tener la norma ha dado alas a Junts, que ha considerado que las posibilidades de desmarcarse de una fórmula que funcionase eran bajas.
Mientras Junts se descuelga y la CUP nunca ha estado, a favor de las tesis de los republicanos se mantienen el PSC y los comuns. A los socialistas fue el propio Aragonès quien les reclamó una actitud tan colaboradora como fuera posible en la cuestión del catalán, una petición que hasta el momento se ha traducido en entendimientos. El partido de Salvador Illa nunca va a defender que una sentencia no se cumpla, pero también ha querido dejar claro que está a favor de las medidas que permitan flexibilizar y adaptar a las realidades de cada centro el porcentaje del 25%.
A eso hay que sumarle que la cuestión del catalán era uno de los temas que la Moncloa tenía interés en meter en la mesa de diálogo con la Generalitat, bajo la convicción de que este es un ámbito sensible para la sociedad catalana en su conjunto, que encaja bien con la agenda del reencuentro que proponen y que todo ello podía traducirse en algún acuerdo explícito entre ambas instituciones.
Pero las conversaciones para la siguiente reunión de la mesa han quedado paralizadas tras el escándalo de Pegasus y, aunque ERC ha reducido de forma visible su beligerancia en la última semana, por el momento los contactos están lejos de retomarse. Si en marzo la foto de 103 diputados registrando una iniciativa legislativa sobre el catalán pudo hacer pensar a alguien que la sintonía había llegado a la política catalana, solo ha tenido que esperar dos meses para comprobar que era un espejismo.