Junts y ERC reclaman que la respuesta del Gobierno al dictamen de la ONU “tenga forma de amnistía”

Los exconsellers Raül Romeva y Josep Rull han reclamado este viernes la amnistía para los líderes independentistas en base a la resolución del comité de Derechos Humanos de la ONU, que apunta que España violó sus derechos, además de los de Oriol Junqueras y Jordi Turull, al retirarles los escaños antes de la condena por el 1-O.

El dictamen de la ONU da 180 días al gobierno español para que responda a la resolución, una respuesta que Romeva y Turull reclaman que “tenga forma de amnistía” porque, según han declarado en una rueda de prensa conjunta desde Barcelona y Ginebra, “es la única manera de resolver la judicialización de un conflicto político”, tal como ha declarado Romeva.

Según Rull, el dictamen es un “homenaje a la separación de poderes, aspecto en el cual el Estado español es débil, porque para mantener su unidad territorial se ha visto obligado a desmantelar su estado de derecho”. En esta línea, ambos exconsellers se han referido a la resolución como una “victoria política y moral” y además han considerado que el texto será “munición jurídica” para las causas que tienen abiertas en Estrasburgo y Luxemburgo.

En esta misma línea se ha expresado, desde Ginebra, el abogado Nico Krisch, que ha remarcado que la decisión de la ONU es “importante” de cara a los procesos en tribunales internacionales, tanto para los casos de extradición, como ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). “España debe acabar con la estrategia de la represión y dejar de criminalizar una oposición pacífica”, ha remarcado el letrado.

Así mismo, Krisch ha destacado la necesidad de que España responda en el plazo de 180 días que le marca la ONU y ha asegurado que, de no hacerlo, “quedará fuera de la familia de las democracias liberales y seguirá la estela de países con problemas democráticos como Brasil, Turquía o Venezuela”.

Con todo, el letrado considera que España no puede reparar el daño hecho a los exconsellers en tanto que ha habido nuevas elecciones y no se les puede devolver el escaño. También cree que los indultos no son una “reparación completa”. Así, lo que recomienda es realizar cambios legislativos en el código penal para modificar las interpretaciones de los delitos de rebelión y sedición de tal manera que “no se puedan usar contra una oposición política no violenta”, y se asegure que “esto no vuelva a suceder”.

Por su parte, el exconseller y abogado Carles Mundó, ha advertido que “si se insiste en la acusación de rebelión, se hará sabiendo que no tiene fundamento”. Mundó considera que tanto el Gobierno como los tribunales se deben sentir “concernidos” por el dictamen y espera una pronta respuesta para evitar un “ensañamiento en el abuso del derecho”.