Rovira y Ponsatí ya pueden volver a España y Puigdemont sigue a la espera de Europa tras la decisión de Llarena

Entre sucesivos dardos contra el Gobierno por la eliminación del delito de sedición, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha actualizado este jueves la situación de los dirigentes independentistas que se fueron al extranjero tras la fallida declaración de independencia. La decisión más relevante del instructor afecta a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a la europarlamentaria de Junts Clara Ponsatí, que desde este jueves ya tienen la puerta abierta para volver a España sin ingresar en prisión.

Por su lado, el expresident Carles Puigdemont sigue pendiente de las decisiones de la Justicia europea, si bien ahora definitivamente sin la mochila de una petición de extradición por sedición. En su primera intervención tras la decisión de Llarena, el expresident ha sido fiel a su estilo: “No volveré esposado ni rendido delante de un juez español para que sea indulgente, lucharé para volver libre”.

Puigdemont también ha arremetido contra ERC por la reforma de la malversación. “Los que querían ver en los cambios legislativos una buena noticia se equivocaban”. Las palabras del expresident de explican porque ninguno de los políticos reclamados a Bélgica por malversación se ha beneficiado de los cambios en el Código Penal en este delito pactados por ERC y el Gobierno. Así quedan los cinco líderes del procés en Bélgica y Suiza tras el auto del juez Llarena.

Rovira y Ponsatí, de vuelta

Las dos grandes beneficiadas por la eliminación del delito de sedición son Marta Rovira y Clara Ponsatí, ambas reclamadas tan solo por este delito desde la sentencia del procés de 2019. La primera, en Suiza desde 2018, sigue teniendo gran ascendencia sobre ERC, habida cuenta de que es la secretaria general del partido, mientras que la segunda sigue siendo el verso libre que ya era en julio 2017, cuando entró en el Govern para ser la consellera de Educación del referéndum del 1-O.

Con la eliminación de la sedición, a Rovira y Ponsatí se les despeja el terreno de juego: el juez Llarena ha acordado que su conducta solo podría castigarse con un delito de desobediencia al no encajar los hechos del procés en el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados creado tras la eliminación de la sedición. La desobediencia no implica penas de prisión sino de inhabilitación. De ahí que, a diferencia de Puigdemont, en el auto de Llarena se especifique que la detención de Rovira y Ponsatí –quien tiene inmunidad cautelar como eurodiputada– cuando pisen España será a los efectos de tomarles declaración por este delito y no para que ingresen en prisión, como sí ocurre con el expresident y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.

Con todo, la entrega de Rovira por parte de Suiza ya era un imposible porque desde el primer momento las autoridades helvéticas la consideraron una cuestión política y declinaron colaborar con el Supremo. No así Ponsatí, cuyo proceso de extradición abierto en Bélgica va camino del archivo.

Ni Rovira ni Ponsatí fueron reclamadas por malversación. La republicana no ostentaba en 2017 cargo alguno en el Ejecutivo por lo que no pudo disponer de fondos públicos. Respecto a la ahora eurodiputada de Junts, aunque fue la responsable de abrir los colegios el 1-O, la sentencia del Supremo descartó que ordenara pagos a empresas relacionados con la votación, por ejemplo para el envío de papeletas o publicidad institucional, como sí hicieron Comín y Puig.

Puigdemont, sin la sedición pero a la espera del TJUE

La situación de Puigdemont también ha variado este jueves, pero no tanto como la de Rovira y Ponsatí. El juez Llarena también ha eliminado la sedición contra el expresident y contra el exconseller y ahora eurodiputado de Junts Toni Comín, por lo que ya no pueden ser reclamados a Bélgica por este delito. El magistrado concluye que las peticiones de extradición quedan “sin efecto”, y añade que lo pondrá en conocimiento de las autoridades belgas e italianas que actualmente las tramitaban.

También indica el juez Llarena que la emisión de nuevas euroórdenes “deberá de posponerse” hasta las decisiones de la Justicia europea sobre los independentistas. Fuentes jurídicas consultadas indican que en caso de nueva euroorden el juez Llarena tendría que volver a pedir un suplicatorio a la Eurocámara, lo que todavía alargaría más los trámites hasta la decisión definitiva sobre la entrega por parte de la Justicia belga.

Cabe resaltar además –tal y como recordaron la Justicia italiana y europea tras el intento fallido de extraditar a Puigdemont en Cerdeña– que los procesos de extradición ya estaban en suspenso debido a las cuestiones prejudiciales que el propio juez Llarena envió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitarse de nuevo con Puigdemont el revés que recibió de Bélgica con la extradición de Lluís Puig en 2020. El TJUE emitirá su sentencia el próximo 31 de enero.

La 'precuela' de la extradición fallida de Puig cobra ahora mucha importancia, ya que tras la decisión de Llarena tanto el exconseller como el expresident se encuentran bajo los mismos delitos: malversación y desobediencia. Los jueces belgas, al igual que los alemanes con Puigdemont, avalaron una entrega a España de Puig por malversación, pero finalmente denegaron la extradición por dos motivos: la opinión crítica con el Supremo del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y la falta de competencia que, a su juicio, tiene el Supremo para reclamar a los líderes independentista.

Aunque no fuera su procedimiento, la negativa de Bélgica a extraditar a Puig dejó tocadas las opciones de entrega de Puigdemont al afectar a un aspecto fundamental de la causa: la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a los líderes catalanes en el extranjero. Es una cuestión que, a juicio de las defensas, anula la causa del procés desde su inicio, ya que para los líderes independentistas el caso debía haberse seguido en el TSJ catalán y no en el Supremo al haber ocurrido los hechos en Catalunya. Por este motivo el juez Llarena preguntó al TJUE si los jueces que debían decidir sobre la extradición podían cuestionar la competencia del tribunal que envía una euroorden. A la espera de la decisión del TJUE, tanto el Abogado General de la UE como la Comisión Europea han respaldado a Llarena.

La otra causa europea que deberá resolverse antes de que Bélgica pueda volver a estudiar la entrega de Puigdemont será la que versa sobre su inmunidad como europarlamentario. En este caso además, a diferencia de las prejudiciales de Llarena la sentencia del Tribunal General de la UE (TGUE), que se espera como máximo para la primavera, es recurrible ante el TJUE.

La malversación, sin cambios

Un aspecto secundario, aunque no menor, del auto del juez Llarena de este jueves es la valoración que realiza el magistrado sobre los cambios en el delito de malversación. Con la vista puesta en los procesos de extradición pendientes, el instructor concluye que no hay cambios y que el desvío de fondos públicos que realizó el Govern para pagar la votación sigue siendo el mismo delito de malversación que antes de los cambios en el Código Penal. Es decir, que se le siguen aplicando las penas más graves de prisión, de hasta doce años, y no las atenuadas de los nuevos tipos introducidos por el Gobierno y ERC para castigar la malversación “sin ánimo de lucro”.

Mantiene el juez Llarena en su auto que sigue vigente “el ánimo de lucro” en los gastos de envío de sobres y papeletas y publicidad institucional del 1-O ya que se trata de fondos públicos “desvinculados del funcionamiento legítimo de la administración”.

Este mismo jueves el magistrado Manuel Marchena ha dado ocho días a acusaciones y defensas del juicio del procés para que digan cómo les afecta la reforma del Código Penal a los condenados e indultados. Si el tribunal que juzgó el procés sigue la misma interpretación que Llarena, se verían truncadas las expectativas de Oriol Junqueras y el resto de condenados en España de ver rebajada sustancialmente su inhabilitación gracias al nuevo tipo de malversación sin ánimo de lucro.

Lo mismo ocurriría si la Fiscalía aplica la 'doctrina Llarena' sobre la malversación a las causas pendientes de juicio, como las que afectan a los colaboradores de Junqueras Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. De ser así, la reforma de la malversación impulsada por ERC –y que le ha costado al PSOE marejada interna– no serviría para sus condenados y procesados por el procés.