La política catalana es complicada y así se ha vuelto a demostrar este miércoles. Más de un mes después de las elecciones, el presidente del Parlament, Josep Rull, no ha encontrado a un candidato dispuesto a acudir al debate de investidura, por lo que ha optado por una alternativa excepcional: el próximo 26 de junio, fecha límite que marca la ley, Rull activará la cuenta atrás de dos meses para la repetición electoral mientras los aspirantes a president intentan armar una mayoría que no tienen a día de hoy.
En una comparecencia ante los medios tras cerrar la ronda de consultas con los grupos parlamentarios, Rull ha explicado que ningún grupo ha mostrado disposición de acudir a la investidura. Pero en vez de seguir la literalidad de la ley de la presidencia de la Generalitat y proponer a un aspirante para el pleno (acepte o no después la designa y aunque suponga un debate fallido), Rull ha optado por otra salida.
El pleno del próximo miércoles será lo que, en terminología parlamentaria, se denomina un “acto equivalente” a un debate de investidura fallido, que permita activar la cuenta atrás de dos meses para una repetición electoral en octubre en caso que ningún candidato logre ser investido en este plazo.
Rull constatará ante el pleno (no habrá ninguna votación) que no ha propuesto a ningún candidato, los grupos intervendrán durante cinco minutos y la sesión se dará por concluida, con la novedad de que estará ya activado el plazo para repetir elecciones, que serían el 13 de octubre.
La decisión de Rull es la constatación del bloqueo de la política catalana, todavía en digestión de unas elecciones que enterraron el procés. El jefe del PSC, Salvador Illa, es el único candidato que puede lograr una investidura, pero necesita más tiempo para intentar convencer a ERC, que a diario proporciona capítulos de su crisis interna.
El mensaje de las urnas el 12M fue claro: borrar por primera vez desde la recuperación de la democracia la mayoría nacionalista catalana del Parlament, lo que implica un entendimiento mínimo entre bloques distintos a los del procés que han operado la última década. La única suma que tiene al alcance los 68 diputados que marcan la mayoría absoluta de a Cámara catalana es la de PSC, ERC y Comuns.
Pese a que Illa es optimista y el PSOE se ha empezado a mover a favor de una mejora de la financiación que reclama ERC, las posiciones siguen alejadas y la salida o no de Catalunya del régimen común de las autonomías enfrenta a los dos partidos.
“No será una cosa de una ni de dos semanas”, ha constatado este miércoles Illa, que ha mantenido el guante de seda con ERC y ha insistido en que no quiere “meter prisas a nadie”. No quiero hacer perder el tiempo a nadie, yendo a sesiones de investidura que no estén suficientemente maduras“, ha enfatizado Illa, además de remarcar su voluntad de ”hacer las cosas bien hechas“.
Desde ERC se ha criticado la negativa de Illa y de Puigdemont a acudir a un debate de investidura. “Es inaudito, irresponsable y una falta de respeto que nadie haga el paso y presente ante el Parlament sus proyectos para el país”, ha afeado la portavoz republicana, Marta Vilalta. “Ganar tiempo para negociar no quiere decir esconderse”, ha agregado.
Tiempo es lo que precisa Junts per Catalunya, que no tira la toalla e insiste en querer que Carles Puigdemont se presente a la investidura aunque no dispone de mayoría viable. Todo ello mientras este miércoles el presidente de su grupo parlamentario, Albert Batet, ha enfriado un retorno inminente de Puigdemont, que en campaña prometió estar presente en el primer debate de investidura aunque no estuviera amnistiado.
Aunque se trata de un mecanismo excepcional, auspiciado por el Consejo de Estado tras el episodio del 'Tamayazo' en la Comunidad de Madrid, será la segunda vez en cuatro años que el Parlament aplica un “acto equivalente” para activar la cuenta atrás electoral: ocurrió en 2020 tras la inhabilitación de Quim Torra (la primera vez que un president de la Generalitat era cesado en ejercicio del cargo) ante la falta de un candidato alternativo.
Los informes jurídicos de los letrados que constan en los archivos del Parlament recuerdan que la finalidad del “acto equivalente” no es simplemente dejar pasar el tiempo y que venza el plazo para una repetición electoral, sino asegurar la creación de un Govern tras una negociación política entre los partidos. Ahora se trata de llevar la teoría a la práctica.