Reunión cordial a la espera de la decisión de ERC sobre Salvador Illa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, se han comprometido a “culminar” los distintos acuerdos alcanzados el año pasado entre republicanos y socialistas, en un encuentro de carácter institucional pero marcado por la incertidumbre de la situación política catalana.
Ambos presidentes se han reunido por espacio de aproximadamente una hora en el Palau de la Generalitat, un encuentro celebrado en plena negociación sobre Illa y en el que han rubricado el convenio para el traspaso definitivo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Catalunya.
Según fuentes de la presidencia de la Generalitat, Aragonès ha reiterado a Sánchez que “toca moverse” con un cambio en el sistema de financiación que ERC pretende que se asemeje al concierto vasco, pero que los socialistas limitan al consorcio tributario entre Hacienda y la Generalitat contemplado en el Estatut. El nuevo acuerdo para aumentar la soberanía fiscal catalana es uno de los nudos a resolver en la negociación para investir a Illa.
En la versión conjunta que ambos ejecutivos han trasladado en un comunicado, Generalitat y Gobierno han destacado que el encuentro ha transcurrido en un “clima cordial y de normalidad institucional”.
Ambos presidentes “han abordado la situación política general y otros asuntos de interés común”, además de “concretar y calendarizar” diversas transferencias y asuntos pendientes y comprometerse a trabajar para “culminar su cumplimiento en beneficio de la ciudadanía de Catalunya”, según la nota gubernamental conjunta.
La primera visita de Sánchez a Aragonès desde el año pasado se produce en un contexto de incertidumbre sobre la investidura de Illa y de fragilidad del Gobierno. Este martes el Ejecutivo comprobó, de nuevo, que Junts no tiene reparos en tumbar proyectos clave como la senda de estabilidad presupuestaria o la Ley de Extranjería.
Junts pretende que no tenga coste su abandono de la mayoría de la investidura para votar junto a PP y Vox. El movimiento de los de Puigdemont sirvió para exteriorizar su malestar ante un eventual pacto entre PSC y ERC en Catalunya e intentar frenar el acuerdo, toda vez que su prioridad es una repetición electoral en octubre con la que el expresident pueda tener una nueva oportunidad de ser investido (ahora no le dan los números).
Frente al intento de Junts para erigirse, como hiciera antaño Convergència, en defensor único de los intereses catalanes, ERC ha presentado en los últimos días una batería de acuerdos con el Gobierno que saldan varias deudas pendientes, algunas de ellas pendientes durante décadas. Los republicanos han contraatacado con la formalización de acuerdos sobre traspasos e infraestructuras pactados a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez en noviembre de 2023.
La primera firma fue el pasado jueves: traspaso de la primera línea de Rodalies de Barcelona en enero de 2025. Este lunes, la segunda: transferencia del Estado un total de 1.520 millones de euros en los próximos tres años a Catalunya para Rodalies, I+D y gestión de becas universitarias.
El carrusel de traspasos lo ha completado este jueves el del Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuya rúbrica han bendecido ambos presidentes desde el Palau y han formalizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Igualdad, Elma Saiz, y el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano.
El traspaso del IMV era una larga reivindicación de la Generalitat. Esta protección social, implantada durante la COVID para las personas que han agotado todas las prestaciones, ha tenido muchas dificultades en su puesta en marcha debido a problemas burocráticos para pedirla. Según datos de la conselleria, solo 12.529 de los 154.063 perceptores de la renta garantizada de ciudadanía complementaban la prestación con el IMV, pese a tener derecho a solicitarlo.
En rueda de prensa, la ministra Saiz ha celebrado el “amplio grado de desarrollo y consolidación del IMV” y la colaboración con la Generalitat frente a otras autonomías que, ha denunciado, “destinan recursos que nada tienen que ver con complementar el IMV con las rentas autonómicas”.
La ministra ha desligado el traspaso de la investidura de Illa. “Las decisiones sobre Catalunya se tomarán en Catalunya”, ha expresado. En líneas similares se ha expresado el conseller Campuzano: “Tenemos que distinguir claramente las relaciones entre gobiernos de las conversaciones entre los grupos del Parlament para la investidura”. El plazo dado por ERC al PSC vence el 31 de julio.