Pedro Sánchez y Pere Aragonès ofrecen este viernes la fotografía de una reconciliación política, que será el colofón a un debate de política general en el que sus respectivos partidos han vuelto a situarse en el mismo bloque tras varios meses de desavenencias. El presidente del Gobierno quería tener a los republicanos de su lado para subrayar el giro a la izquierda de su Gobierno, mientras que los de Aragonès no quieren desaprovechar la oportunidad de volver a convertirse en la bisagra de la gobernabilidad y, desde ahí, obtener avances en su agenda para limar las causas judiciales que aún tienen abiertas los independentistas.
La reunión tiene lugar en la Moncloa y llega tras la petición reiterada durante semanas desde el equipo de Aragonès, que aseguraba que el president quería “pedir explicaciones cara a cara” a Sánchez por la cuestión del espionaje con el programa Pegasus. Sin embargo, el Govern reconoció el pasado martes que el asunto no figuraba explícitamente en el orden del día de la reunión, aunque la portavoz aseguró que Aragonès sí lo trataría. Las expectativas de este encuentro “no son altas” para la parte catalana, según afirmaron.
No se espera que los presidentes salgan con una fecha para el reinicio de la mesa de diálogo ni, tampoco, con acuerdos por escrito. “El plan es que puedan hablar en profundidad de cómo están las relaciones, además de una ratificación por parte de los presidentes del documento del otro día [sobre las bases y metodología del diálogo]. Pero no se busca ir más allá”, explican fuentes republicanas.
Pese a las bajas expectativas, la visita pone de manifiesto la voluntad de ambos de volver a llegar a acuerdos, tanto en lo que se refiere al nivel parlamentario como entre gobiernos, en la mesa de diálogo. Para Sánchez, el camino para normalizar la situación en Catalunya está en la “agenda para el reencuentro”, un documento en el que se abordan materias como la financiación autonómica o la mejora de la inversión en infraestructuras, entre otros asuntos de gestión. Aunque esta agenda no lo contempla, el PSC también ha dado muestras de querer que la mesa de diálogo pueda establecer las bases para un nuevo encaje catalán, que podría hacerse mediante una reforma estatutaria, constitucional o ambas.
En ERC los intereses van por otros derroteros. Bajo el mantra de “amnistía y autodeterminación”, los republicanos calculan que esta será la última oportunidad que tengan en la legislatura para conseguir avances en el ámbito que ellos resumen como “sobre la represión”, es decir, de los casos judiciales abiertos contra diferentes personas, líderes y exlíderes del independentismo. Las propuestas son múltiples, pero Esquerra piensa en reformas legales, tanto del código penal como de la Loreg y otras leyes. El objetivo es limar delitos como la malversación en los casos que no haya enriquecimiento propio ni de terceros o el artículo que permite retirar el escaño a un diputado sin condena firme, entre otras cuestiones.
El partido también tiene en el foco la reforma de la sedición y la rebelión para acoplar los tipos penales a parámetros europeos. Es, sin duda, un objetivo a medio plazo, pero no su prioridad en este momento. Sin embargo, esta propuesta ya ha sido descartada por el Gobierno bajo el argumento de que ERC y Junts no estarían de acuerdo con la reforma que ellos quisieran acometer. Los republicanos rebaten esta idea y aseguran que el Gobierno “aún no se ha puesto” a negociar una reforma de estos delitos, pese a ser una de las propuestas estrella de Unidas Podemos sobre la cuestión catalana.
Además de las reformas legales, todas ellas relacionadas con cuestiones judiciales, a ERC también le interesa que el Gobierno muestre “sensibilidad” a la hora de marcar la posición de la fiscalía y la abogacía del estado en las diversas causas pendientes, como son las afectan a dos de sus actuales consellers, Roger Torrent y Natàlia Garriga, a diputados como Josep Jové y Lluís Salvadó o un nutrido grupo de exaltos cargos que esperan juicio en la causa del juzgado número 13 de Barcelona. Y eso sin contar las causas de los políticos que aún están en el extranjero y sobre los que siguen pensado duras acusaciones, como Carles Puigdemont o Marta Rovira, entre otros.
Pero el equipo de Aragonès sabe que no puede aparecer en público haciendo reclamaciones sobre ninguna de estas cuestiones. “La presión en público es contraproducente”, admiten desde el partido, “basta que señales una cosa para que eso se convierta en un tabú y un imposible”. Por ello prefieren evitar concretar qué buscan obtener en la negociación que quieren que coja velocidad en los próximos seis meses.
La fecha no es casual. Medio año es lo que le queda a 2022 y también, aproximadamente, el plazo en el que el Gobierno estará buscando apoyos para aprobar los Presupuestos Generales, probablemente las últimas cuentas de la legislatura. ERC lo ve como un “ahora o nunca” y a lo largo de las últimas reuniones de la consellera Laura Vilagrà con el ministro Félix Bolaños, los independentistas han mostrado su voluntad de no poner trabas a la gobernabilidad siempre que haya contrapartidas. Es decir, avances en la mesa de diálogo y acuerdos concretos para reformar leyes.
En el documento firmado el viernes pasado el Gobierno y la Generalitat se comprometían a celebrar un mínimo de dos reuniones de la mesa de diálogo en lo que queda de año. Y a que en ambas se cerrasen acuerdos. Podría no cumplirse y la experiencia aconseja no tomárselo al pie de la letra; hasta ahora nada ha sucedido como había quedado pactado en las reuniones entre los dos gobiernos. Pero también es un guión que manifiesta una voluntad de llegar a acuerdos entre la Moncloa y el Palau inédita en casi una década.