Catalunya blinda la sanidad universal con una ley propia que desafía el decreto de Rajoy de 2012
Cualquier persona residente en Catalunya tendrá derecho a la asistencia sanitaria pública. Después de cinco años desde la publicación del Real Decreto Ley 16/2012 del Partido Popular, que restringía el acceso de la sanidad a ciertos colectivos, el Parlament ha aprobado este jueves una ley que desafía la norma estatal y garantiza así el acceso universal a la asistencia sanitaria en el territorio catalán. La principal diferencia que presenta la nueva ley es que el acceso a toda la cartera de servicios será inmediato para todos los ciudadanos empadronados en Catalunya -la instrucción vigente hasta ahora marcaba tres meses de carencia-.
“Hoy es un día histórico. Es una ley muy trascendental no sólo por sus efectos sino también por su valor simbólico, por lo que dice de la sociedad que queremos ser”, ha dicho durante el pleno el conseller de Salud, Toni Comín. “Lo que hacemos es deshacer el real decreto del PP y garantizar la universalidad”, ha añadido el conseller, que en el momento de iniciar la tramitación de la ley, hace un año, ya advirtió que “el deseo” era que el gobierno central no recurra la norma.
La ley ha sido aprobada con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios con la excepción del PP, que ha votado en contra, y la abstención de Ciutadans. Los populares han hecho referencia a la necesidad de pensar en “la sostenibilidad del sistema”. Para la diputada del PP Marisa Xandri la nueva ley tendrá “un efecto llamada” e “invitará a los inmigrantes irregulares y los turistas a hacer uso del sistema sanitario catalán”. Por su parte, el principal grupo en la oposición se ha querido desmarcar del discurso del PP pero se abstenido en la votación. “Ciutadans comparte la universalización que esta ley defiende pero no deberíamos abordarlo por la puerta trasera”, ha argumentado el diputado Jorge Soler. “Los que queremos hacer reformas lo haremos con lealtad institucional”, ha dicho.
¿Qué cambiará a partir de ahora?
El Govern anterior ya había hecho dos instrucciones que modificaban el decreto estatal pero mediante el blindaje de la universalidad por ley el ciudadano “está más protegido”, aseguran fuentes del gabinete de Salud. “Las instrucciones son normas de rango muy bajo y por tanto no era adecuado”, comentan. Según datos del Govern, las instrucciones hasta ahora promovidas por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) han permitido dar asistencia sanitaria a más de 137.000 personas que habían quedado excluidas por la norma estatal.
La nueva ley -que deja sin efecto la instrucción 8/2015- reconoce el derecho de cualquier persona empadronada en un municipio catalán a dirigirse a un Centro de Atención Primaria, restar hospitalizada, hacerse una prueba o un tratamiento o visitarse con el especialista, entre otros. De esta manera ya no se requerirá que acredite un mínimo de tres meses de residencia, como se establecía hasta ahora.
Otra diferencia es que se prevé que las personas de colectivos vulnerables que tienen dificultades para acceder al empadronamiento, como pueden ser migrantes en situación irregular, “puedan establecer otros criterios de arraigo que les permitan acreditar la condición de residentes”.
En cualquier caso, las personas no empadronadas, y sea cual sea su situación, seguirán teniendo garantizada la atención urgente como hasta ahora. Según la ley, las personas que se encuentren en Catalunya y no tengan la condición de residentes tienen derecho a la atención urgente “independientemente de cuál sea la causa, y en la continuidad de esta hasta el alta médica”.
Casos de exclusión, también en Catalunya
La Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Catalunya (PASUCat) valora de manera positiva la nueva ley pero a la vez detecta carencias. Según manifiestan en un comunicado “la nueva ley sigue dejando en situación de exclusión a las personas residentes en Catalunya que, por diferentes motivos, no consten en el padrón municipal”. “Regular el acceso a la sanidad de estas personas mediante un reglamento posterior a la ley, como así anunció el conseller, no les dota de las suficientes garantías legales para ejercer su derecho a la salud y el acceso a la sanidad”, aseguran.
Desde su creación en 2013 la PASUCat ha registrado más de 150 casos de exclusión sanitaria o de facturación irregular a las urgencias. Son ejemplos algunos casos recogidos por este medio, como el de Yovel, el de Sabrina Piras o lo que se encontraron Walter Anibal Duarte y Johanna Ester Aguiar la semana pasada. “Nuestra experiencia y nuestras denuncias señalan que los convenios y reglamentos del CatSalut se incumplen continuamente por las entidades proveedoras de servicios sanitarios sin que el Departamento de Salud haya tomado medidas efectivas para hacer cumplir sus propios reglamentos”, destacan en el comunicado.
