Prescripción enfermera: devolver funciones y derechos
El Gobierno de la Generalitat de Catalunya anunció a finales de julio que iniciaría el procedimiento para la aprobación del decreto de prescripción enfermera. La noticia llegó después de dos años de incertidumbre donde la Generalitat presentó un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo. El marco normativo autonómico de prescripción enfermera permitirá que el personal de enfermería tenga seguridad jurídica al “indicar o usar medicamentos, productos sanitarios y servicios a centros públicos y privados”. También se busca “hacer valer las relaciones interprofesionales y el trabajo en equipo, mantener la calidad y la continuidad asistenciales y garantizar la seguridad clínica de las personas atendidas”. Por lo tanto, los cerca de 52.000 enfermeros que ejercen en centros sanitarios de Catalunya podrán indicar productos sanitarios y medicamentos no sujetos a prescripción médica sin requerir la autorización o el permiso del médico.
La necesidad de crear este decreto autonómico responde a otro de octubre del 2015 de ámbito estatal que no permite a los enfermeros aplicar ningún medicamento o tratamiento sin la prescripción de un médico. Esto incluye también apósitos, pomadas y pañales. La iniciativa, pendiente de realizarse desde el 1 de julio de 2015, se recibió con los brazos abiertos desde el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Barcelona (COIB).
Núria Cuxart, directora de programas del COIB y decana del consejo del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Catalunya, opina que este decreto del Gobierno de la Generalitat “no es el mejor que Enfermería hubiera podido conseguir” pero valora positivamente que todo el mundo pueda intervenir. La memoria preliminar del decreto es pública y se podrá votar en la web de la Generalitat hasta el 10 de septiembre.
Ahora se tendrá que ver hacia donde anda el nuevo decreto y qué colectivos, grupos o agentes se oponen. Quien ya se ha mostrado en contra es el colectivo de médico. A la oposición expresada por el Consejo de Colegios de Médicos de Catalunya (CCMC) también se sumó Médicos de Catalunya (MC), que rechaza taxativamente el proyecto. Según apunta el sindicato en una nota de prensa se oponen porque “no garantiza la seguridad clínica de los pacientes”.
Según Cuxart, en una entrevista para este medio, ellos “pierden una exclusividad y esto no gusta a los médicos, a pesar de que lo defienden para garantizar la seguridad del usuario”. Aún así, esta no es una postura compartida por todos los médicos y algunos, según la decana, “saben los beneficios que tiene que las enfermeras puedan prescribir”. Cuxart confía que en octubre se pueda tener la regulación aprobada, pero esto dependerá de la rapidez en los trámites y del grado de acuerdo.
Barcelona quiere ser la sede de la Agencia Europea del Medicamento
El 20 de noviembre Barcelona sabrá si es la escogida para alojar la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por las siglas en inglés). Barcelona competirá con otras 18 ciudades europeas, entre ellas Amsterdam, Dublín o Milà, para tener la sede de la Agencia Europea del Medicamento cuando salga de Londres por el “Brexit”. Los ministros de Asuntos Generales serán los encargados de hacer la votación, que se desarrollará en un máximo de tres rondas en una votación secreta.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acordaron el pasado mes de abril presentar la candidatura de Barcelona por segunda vez en la historia. La primera fue en 1992 en el marco de los Juegos Olímpicos en la ciudad y la candidatura quedó en segunda posición.
Dublín, Copenhague, Estocolmo, Bratislava o Amsterdam son algunas de las otras ciudades candidatas a optar a acoger la sede de la EMA. Entre todas, Barcelona parece ser la preferida por varios motivos: las oficinas se ubicarían en la torre Agbar en la plaza de las Glorias, un edificio ya construido y con una capacidad similar a la sede actual, además de tener un parking y un auditorio propio. Uno de los puntos que podrían hacer caer en Barcelona es el proceso de independencia que vive Catalunya.
Actualmente, en Londres trabajan 900 trabajadores fijos que tendrán que trasladarse a la nueva sede. Además, la EMA tiene una red de 1.600 empresas asociadas y recibe unas 40.000 visitas anuales. Estas características se traducen en necesidad de infraestructuras, conectividad y transporte que la ciudad que recibiera la sede tendría que facilitar.
Bruselas preferiría situar la sede en un estado que no tuviera todavía agencias europeas. En este caso, el estado español ya da base a cinco agencias (seguridad laboral, control de pesca, propiedad intelectual, satélite y energía) y, por lo tanto, tendría las de perder.
Las funciones de la Agencia Europea del Medicamento implican autorizar la comercialización a empresas y hacer seguimiento de los medicamentos a la Unión Europea. También cuenta con un programa de asesoramiento científico que facilita la investigación de nuevos medicamentos e impulsa su desarrollo.
La Atención Primaria reclama recuperarse
Miembros de la plataforma Rebelión Atención Primaria, la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFiC) y la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Catalunya (AIFiCC) se reunieron a finales de mayo con el Consejero de Salud, Toni Comín, para trasladarle una serie de propuestas que ellos consideran necesarias para mejorar la atención primaria. En la reunión le entregaron un manifiesto consensuado por más de 70 Equipos de Asistencia Primaria (EAP), dos Centros de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) y dos ayuntamientos en el cual reclamaban una serie de reformas que consideran imprescindibles y urgentes en un sistema de atención primaria “colapsado”.
El manifiesto fue impulsado por profesionales del CAP Can Vidalet de Esplugues que se quejaban de la carencia de recursos y los atrasos de las esperas para ser visitado que, dicen, en la mayoría de casos supera las 48 horas. Por eso denuncian que se encuentran en “una posición difícil de dar una buena asistencia sanitaria disponiendo cada vez de menos recursos”.
Las entidades firmantes mostraron su rechazo a la disminución de los presupuestos destinados a la atención primaria, que han pasado del 18% en 2010 al 14% el 2016, y piden aumentarlos hasta el 20%, para llegar hasta el “deseable” 25%. También piden gestionar las listas de espera de primeras visitas a consultas externas y de pruebas complementarias. En el manifiesto también se pide recuperar el personal de los Equipos de Atención Primaria, los EAP, perdidos a raíz de la crisis, y poner fin a la precariedad laboral que vive el sector. Denuncian el deterioro progresivo y la sobrecarga “insoportable” que viven los profesionales de la atención primaria por culpa de esta disminución del presupuesto.
Salud defiende que estas medidas están ya incluidas dentro de la Estrategia Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria (ENAPISC) presentada a finales de mayo. Según esta, Salud prevé crear 5.000 puestos de trabajo: 1.500 médicos, 2.500 enfermeros, 130 trabajadores sociales y 800 auxiliares administrativos. Durante el año 2016, los Centros de Atención Primaria (CAP) recibieron más de cinco millones y medio de personas. Ocho de cada diez catalanes han visitado un CAP una vez el año y la media es de 8 veces el año.
Listas de espera a la baja
Los primeros meses del 2017 las listas de espera estuvieron oscilando a pesar de que el 2016 el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya presentara un plan de choque para reducirlas. Este plan tiene que lograr sus objetivos para abril del 2018. Si bien el balance que ha realizado la Generalitat de los primeros meses del plan es positivo, ahora quizás queda estancado por la falta de profesionales médicos en algunas especialidades como la oftalmología o la anestesia.
En diciembre del 2016 164.828 personas se encontraban esperando para ser operadas quirúrgicamente, 4.000 más que en 2015. El hecho de esperar más por una intervención se justificaba, según Salud, por la reducción en los retrasos en consultas y pruebas diagnósticas. Los pacientes que esperaban a finales de julio para ser intervenidos, visitar al especialista o someterse a una prueba diagnóstica rondaba las 736.000 personas.
Hay patologías que no consiguen bajar sus listas de espera y un alto número de sus pacientes se encuentran dentro del tiempo máximo recomendable, unos dos años. Es el caso de las cataratas, las prótesis de cadera y las de rodilla.
Comín sigue detrás el Hospital General de Catalunya
Otra de las incógnitas que se nos presentan con el inicio del curso escolar es que pasará con los acuerdos entre el Departament de Salut y el Hospital General de Catalunya (HGC), ubicado en el Vallès y propiedad de QuirónSalud. El consejero Toni Comín manifestó la voluntad de compra del HGC en octubre del 2016 pero no fue hasta abril del 2017 que Salud y QuirónSalud iniciaron conversaciones.
La compra del Hospital General de Catalunya supondría la no construcción de los dos últimos hospitales públicos que faltan para hacer a Cerdanyola y en Rubí, según el mapa sanitario de inversiones de 2005 que preveía la implantación de 14 centros sanitarios nuevos en toda Catalunya. Los dos hospitales que se dejarían de construir serían el Hospital Vicente Ferrer (en Rubí) y Ernest Lluch (en Cerdanyola). Las plazas que es capaz de absorber el HGC cubrirían esta necesidad.
Ninguno de los dos agentes principales han manifestado cómo están las negociaciones hoy en día. Hay que tener en cuenta que una de las frases más contundentes por parte de los gestores del Hospital General cuando el consejero Comín manifestó su voluntad fue afirmar que “Quirónsalud no vende hospitales, los compra”.
Dentro de la misma estrategia de desprivatitzar la red de atención pública, Comín rescindió el contrato que CatSalut tenía con la Clínica del Vallès en Sabadell. La Clínica del Vallès absorbía actividad del Parc Taulí y, con el fin del contrato, había que ampliar las sesiones de quirófano a 23 más por semana y también el número de camas creando 44 plazas más. El incremento de plazas y actividad se reparte entre el Hospital Parc Taulí de Sabadell y el Consorci Sanitari de Terrassa.
Una vez haya solucionado el reto de la compra del Hospital General, Comín se enfrentará al caso del Hospital Sagrat Cor, centro que asume un volumen alto de derivaciones del Hospital Clínic de Barcelona.
La Ley del Derecho Universal a la Asistencia Sanitaria, a punto de desplegarse
La ley catalana que garantiza el Derecho Universal a la Sanidad se aprobó en junio como respuesta al decreto estatal, que dejaba sin cobertura gratuita a las personas migrantes desde el año 2012. La nueva ley aprobada en el Parlamento de Catalunya desafía el Real decreto Ley 16/2012 del Partido Popular.
Esta nueva ley catalana garantiza que toda persona que viva en Catalunya podrá acceder a todos los servicios básicos de la cartera de Salud que incluye la atención primaria y la especializada. Así, se elimina la carencia de tres meses de residencia que se tenía que acreditar y, por lo tanto, ya no requerirá ningún arraigo previo. De este modo, el empadronamiento es el único requisito administrativo necesario para acceder a los servicios.
CatSalut ya garantizaba la atención urgente a personas no empadronadas en el territorio. Ahora, con la nueva ley se añadirán criterios de arraigo que permitan a los colectivos más vulnerables que estén en situación irregular acreditar la condición de residentes.
Salud dispone de tres meses desde el registro, a mediados de junio, para desplegar la norma. Una ley que contó con el apoyo de Junts pel Sí, PSC, Catalunya Si Que Es Pot y la CUP. Ciutadans se abstuvo y el PP votó en contra.