Las entidades del sector de la discapacidad intelectual en Catalunya, que gestionan residencias, pisos tutelados y centros de día –entre otros servicios–, llegarán a final de año con las cuentas al límite. Desde el estallido de la pandemia se tuvieron que buscar la vida para adaptar espacios, contratar personal sustituto y adquirir EPIs cuando no había ni para los sanitarios, todo ello con un sobrecoste que cifran ahora en 10 millones de euros y que denuncian que la Administración no les ha compensado.
En los 18 pisos comunitarios que gestiona la Fundación Pere Mitjans, para personas con discapacidad física e intelectual, el principal gasto añadido al que han tenido que hacer frente ha sido la contratación de personal. Una treintena de sus residentes que solían acudir a terapias ocupacionales u otras actividades de día tuvieron que quedarse en el piso, con lo que la entidad se vio obligada a incorporar más educadores.
“Nos llegó una ayuda de emergencia de la Generalitat, si no no hubiésemos salido adelante”, explica Clara Clos, directora de la fundación. El problema es que ahora les vuelve a pasar lo mismo, puesto que sus usuarios no van a las actividades debido al riesgo de contagio. “La situación es muy delicada, no podemos aguantar más, solo hasta este mes. Si no, tendremos que empezar a deshacer alguna cosa”, valora Clos.
La responsable de la Fundación Pere Mitjans recuerda que las entidades sociales, de ámbitos como la discapacidad, no suelen tener ahorros. Al contrario, asegura que están instaladas en la precariedad desde hace una década, con el inicio de la crisis económica. “Los sobrecostes de la epidemia llegan cuando ya estábamos muy justos, se suman a los recortes que arrastramos de los años 2012 y 2013”, argumenta.
La lista de agravios de estas entidades, agrupadas en Catalunya en torno a federaciones como Dincat o ECOM, incluye tres básicamente tres quejas. La primera, es que todavía no se ha convocado una prometida subvención específica para el ámbito de la discapacidad por todo esos sobrecostes asumidos entre marzo y julio. La segunda, que consideran insuficiente el aumento de las tarifas para compensar de ahora en adelante los gastos de la COVID-19. Y la tercera, que también creen que se queda corta la actualización general en 2020 de las tarifas que la Generalitat paga por cada plaza de residencia, de un 1,2% (en otros ámbitos ha sido superior).
“Todo esto ha generado malestar. Los sobrecostes antiguos no se han resuelto, los nuevos no cubren las demandas y el incremento global de las tarifas para recuperar la década perdida ha sido muy poco intenso”, resume Carles Campuzano, director de Dincat. Si a ello se le suman el recorte y la congelación de las tarifas desde hace años, añade, la situación es “extremadamente precaria” para las entidades.
Esta queja del sector de la discapacidad se suma a la que hizo pública el viernes La Confederació, la plataforma que agrupa a buena parte de las entidades del tercer sector social de Catalunya. En un comunicado, denunciaron que las Administraciones les deben un total de 256 millones de euros entre facturas vencidas y subvenciones justificadas (la mayor parte de ellas, por parte de la Generalitat). También advirtieron que el 94% de las entidades prevé cerrar 2020 con pérdidas.
Ante esto, departamentos como el de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias defienden que han pagado “el 100% de las facturas de servicios que han sido suspendidos durante la pandemia”. Y añaden que han destinado 267,5 millones de euros a entidades del tercer sector para cubrir gastos imprevistos de la pandemia, entre ellos la cobertura de plazas vacías o “la ampliación de la cobertura a colectivos vulnerables”.
En cuanto a los sobrecostes a partir de septiembre, Trabajo y Asuntos Sociales ha previsto una partida de 7,8 millones. Se trata del complemento a la tarifa base que pagan a las entidades por la prestación de servicios, y que estas consideran insuficiente. Las residencias recibirán 196,30 euros adicionales por módulo (las entidades pedían 556,29) y los hogares residenciales, 60,2 (las entidades proponían 371,29).
Desde Asuntos Sociales argumentan sin embargo que esas compensaciones se elaboraron a partir del “análisis de los costes” proporcionados por las patronales del sector. Y añaden que, en ámbitos como el de las residencias –de discapacitados y gente mayor–, son “el único territorio del Estado que ha hecho un plan de contingencia con una tarifa específica para pagar el sobrecoste que representa” la pandemia.
Adiós a los domingos de baile con Ludalia
Una entidad que en diciembre se despedirá para siempre es Ludalia. La epidemia no solo les ha conllevado sobrecostes, sino que les ha dejado sin perspectivas de futuro, ya que centran sus actividades en el ocio, un tipo de servicios que no está concertado (es decir, que pagan las familias casi íntegramente) y que además ha sufrido como pocos las restricciones sociales. “No podemos aguantar más allá de enero, así que el patronato ha decidido cerrar dignamente”, explica la actual directora de esta pequeña entidad, Josefina Machado.
Ludalia nació hace 20 años de una iniciativa familiar para ofrecer a las personas con discapacidad intelectual actividades de ocio para adultos, algo que no existía entonces. La que se hizo más popular y mantuvieron durante diez años fueron las sesiones de baile los domingos por la tarde en la discoteca Luz de Gas de Barcelona. “La idea era que fueran a pasar el rato, como en cualquier discoteca, a hacer amigos, bailar, pasarlo bien, y con educadores disponibles para gestionar emociones y temas de habilidades sociales”, relata Machado. Solía haber un centenar de personas. La última sesión fue en marzo.
Con el confinamiento, siguieron haciendo algunas actividades por plataformas como Zoom, pero sin cobrar a las familias (solamente las que querían hacían aportaciones). “Cerramos bien las cuentas 2019, pero nos hemos comido los ahorros”, resume la directora, que recuerda que el sector del ocio en la discapacidad nunca ha sido financiado por la Administración –más allá de subvenciones– “aunque se sabe que aporta calidad de vida para los usuarios y de descompresión para las familias”.
Otras entidades han tenido que recurrir a los donativos para cubrir los gastos de marzo. Ha sido el caso de ASPASIM, una entidad barcelonesa que gestiona hogares, talleres y escuelas de educación especial. “En la primera ola el gasto añadido era de 15.000 euros semanales, una auténtica sangría, que venía sobre todo de la suplencias del personal de baja”, recuerda su director, Efrén Carbonell. Con su campaña de fundraising durante esos meses lograron recaudar un 70% del dinero que se habían gastado por culpa del coronavirus.