Segundo se suicidó antes del desahucio: solo, en paro y sin poder asumir 800 euros al mes

El 12 de noviembre de 2010 la recesión económica comenzó a mostrarse con toda su crudeza cuando un vecino de L'Hospitalet, al poco de ser desalojado de su piso, se ahorcó en plena calle. Dos años después, el mismo día de febrero de 2013 en que la PAH tramitaba en el Congreso la iniciativa legislativa para acabar con los desahucios, se suicidó un matrimonio de ancianos que iba a quedarse sin casa en Mallorca. La historia de la crisis de la vivienda, primero con las hipotecas, luego con los alquileres, es también la de aquellos que se han quitado la vida debido a su situación límite. En 2018, un hombre se lanzó al vacío en Cornellà justo cuando la comitiva judicial llamaba a su puerta. Este jueves hizo exactamente lo mismo y en el mismo instante un vecino de Sants, en Barcelona. 

El fallecido se llamaba Segundo, era originario de Ecuador y vivía en el piso, por el que pagaba unos 800 euros al mes, desde hacía varios años. Al principio, según relatan sus vecinos de la calle Bacardí, se mudó con su mujer y la hija de ella, que a su vez tenía también dos hijos. Todos en la misma casa. Pero con el tiempo la mujer volvió a su país y él se quedó solo. “Hacía tiempo que no trabajaba, él lo comentaba a veces”, explicaba este martes uno de sus compañeros de escalera. Por lo demás, en un bloque de 30 viviendas, sabían poco de él, más allá de que rondaba la sesentena (tenía 58, según fuentes policiales) y que sacaba a pasear a menudo a su perro. 

Segundo se quedó sin empleo en 2018 y desde entonces no había encontrado nada. Durante algún tiempo, relatan los vecinos, tuvo que compartir su piso con otros familiares y conocidos, realquilando las habitaciones. Si no, no podía hacer frente al pago mensual. Y no tenía alternativa de vivienda. Al final, ya en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, entró en contacto con Cáritas Diocesana, donde se le hizo acompañamiento laboral. Desde la entidad le asesoraron para vincularse con los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona y para recibir la prestación social que le tocaba. “Se presentó a ocho ofertas de trabajo distintas, pero desgraciadamente y a pesar de sus esfuerzos, ninguna de ellas fructificó”, señalan fuentes de Cáritas.

El hombre dejó de pagar el alquiler en junio de 2020, tras lo más duro de la pandemia. En el bloque lo sabían algunos vecinos porque mantenían el contacto con el propietario, que antiguamente y durante años vivió en ese piso. Se trata de un particular. Los Servicios Sociales del consistorio tuvieron constancia de su caso en febrero de este año, poco después de que el propietario pusiera la demanda por impagos, y emitieron un informe de vulnerabilidad económica, dada su situación de desempleo. Pero de nada sirvió esta documentación, puesto que el lanzamiento definitivo se acabó fijando para este lunes. Sin Mossos d'Esquadra de por medio, pero sí con profesionales de la unidad antidesahucios del Ayuntamiento, la comitiva judicial llamó a la puerta de Segundo, en el tercer piso. Él abrió, les pidió que aguardaran un instante y se lanzó al vacío por el patio interior del inmueble. 

La muerte de Segundo ha desatado fuertes quejas de los movimientos antidesahucios, que han convocado este mismo martes una manifestación frente a la Delegación del Gobierno. La situación no llegó a ninguna de sus asambleas. Tanto la PAH como los sindicatos de vivienda de Barcelona creen que una vez más ha quedado demostrado que el decreto de moratoria contra los desahucios aprobado por el Gobierno central, y que se extiende de momento hasta el 9 de agosto, no es efectivo en muchos casos. Sin ir más lejos, de enero a marzo de 2021 el número de lanzamientos ha aumentado en España. 

Los informes de servicios sociales, desestimados

Esta vez, además, se ha vuelto a poner en el foco la labor de los servicios sociales y la validez de sus informes. Ya ocurrió en el polémico desalojo del Bloc Llavors, en el barrio del Poble-sec, cuando el juez del caso cuestionó la vulnerabilidad en materia de vivienda de un ocupante, reflejada en un documento de los profesionales del consistorio, al considerar que sí tenía alternativas donde alojarse. En esta ocasión, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aseguran que las circunstancias recogidas en el informe “no son las que regula el real decreto como vulnerabilidad que permita la suspensión”. Es decir, que además del informe de los servicios sociales faltaba más documentación prevista por el decreto ley que acreditase su precaria situación.

Por su parte, en el Ayuntamiento de Barcelona, por voz de la edil de Vivienda Lucía Martín, han puesto el grito en el cielo al reprochar al juez que no les haya justificado exactamente cuáles son los detalles que faltaban ni diera tiempo para volverlo a revisar, si es que era ese el problema realmente. “Necesitamos una aplicación garantista de la normativa, y ante la duda de si la situación del afectado es clara o no, el juzgado debe priorizar por encima de todo los derechos de las personas vulnerables”, lamentaba este martes Martín. “Pero el juzgado no nos dijo nada y tiró adelante con el desahucio. Es injustificable”, añadía. 

El primer informe de Servicios Sociales tiene fecha de abril de 2021 y se envió al juez en mayo, según fuentes municipales. Se mandó junto con la solicitud para acogerse a la moratoria. Esto fue antes de una primera fecha de lanzamiento que se acabó aplazando por cuestiones de forma. Al final, se fijó para el 14 de junio. Y días antes, la abogada de oficio volvió a pedir la moratoria junto con el mismo informe y demás detalles sobre la situación económica de Segundo, pero esta se denegó. En el documento, según la edil de Vivienda, constaba que el hombre estaba en paro y que cobraba una prestación, por lo que era vulnerable. Fuentes judiciales responden por su parte que el informe de servicios sociales solo se remitió una vez, a finales de la semana pasada.

Martín ha asegurado que llamaron el viernes al juzgado para saber por qué no se aplicaba la moratoria. “Por si había que añadir alguna información más. Pero nos encontramos con una negativa sin ningún tipo de explicación”, subraya. “Es falso que la vulnerabilidad no estuviera acreditada, pero si lo que tenían eran dudas, tenían que haber preguntado”, remarca la concejal. Fuentes del consistorio añaden que pese a la moratoria y en casos parecidos, con un pequeño propietario, se acaba ejecutando el desalojo, pero no en su primera fecha. A diferencia de lo que ocurrió con Segundo, esto le da aire al afectado y a la unidad antidesahucios para negociar con la propiedad o buscar alternativas de vivienda. En esta ocasión, todavía se estaba tramitando su ingreso a la mesa de emergencia de vivienda.

A eso de las 10.00 de este martes, pasó con su bici por la calle Bacardí la portavoz de la PAH en Catalunya, Lucía Delgado. “Es horroroso. Estas muertes solo conllevan rabia e impotencia porque llevamos 12 años denunciando estas situaciones y porque lo podríamos haber evitado”, lamentaba.