Seis de cada diez residencias catalanas registraron muertos por COVID-19: el listado de centros donde fallecieron 4.950 personas
La muerte por coronavirus se expandió tan rápido por las residencias catalanas que pocos centros lograron escapar de ella. El 59% de los geriátricos de toda Catalunya (631 de 1.073) registraron muertes por COVID-19 durante los meses más duros de la pandemia, según el listado oficial de defunciones en estos centros al que ha accedido elDiario.es mediante una petición de transparencia.
Son los primeros datos completos en los que se puede calibrar hasta qué punto y qué centros de ancianos catalanes fueron más castigados por el virus. De momento se habían publicado datos oficiales de los primeros meses de la pandemia, pero estos van del 12 de marzo al 26 de junio, pocos días después del fin del Estado de Alarma. Según este recuento realizado por el Departament d'Afers Socials de la Generalitat, durante esos meses murieron 4.950 ancianos en estos centros por COVID-19 o con sospecha de padecer la enfermedad.
Los datos muestran que la mayoría de las residencias donde hubo una mortalidad mayor respecto a su número de plazas eran privadas, si bien las cifras totales no indican que haya una diferencia significativa entre el tipo de titularidad. Los cinco centros con un mayor porcentaje de fallecidos, sin embargo, son de titularidad privada. De los 10 geriátricos con mayor mortalidad porcentual, seis son privados, tres concertados y uno público.
Centros como la residencia Vallès, en Sabadell, vieron cómo murieron el 55% de sus 31 pacientes. Hubo cinco centros en los que murieron más de la mitad de sus usuarios y 36 más en los que la mortalidad fue superior al 30% de los ancianos. De todas las residencias que contaron con fallecidos, el 6% vieron cómo el virus se expandía hasta matar al 30% o más de los usuarios.
Los porcentajes se extraen asumiendo que la totalidad de las plazas de estos geriátricos estaban ocupadas al inicio de la pandemia, ya que no ha sido posible obtener los datos de usuarios en cada centro. Si las residencias no hubieran estado a plena ocupación los días antes del estallido de la enfermedad, estos porcentajes podrían ser aún mayores.
El listado también muestra cómo lo más duro se vivió en los centros que estaban en la provincia de Barcelona. El 84% de residencias donde hubo defunciones están en esta provincia, lo que suponen 530 geriátricos de los 631 con mortalidad. Según este recuento, en estos centros afectados de Barcelona murieron el 12% de sus usuarios en poco más de tres meses.
Fuentes del Departament d'Afers Socials, no obstante, admiten que todo indica que el porcentaje es mayor porque hubo fallecidos a los que no se imputó el coronavirus ni siquiera como causa probable de muerte. Según un recuento del Departament de Salut de las pruebas PCR realizadas en estos centros, a finales de marzo se encontraban más de 60 contagiados por cada cien tests realizados en residencias.
Baile de cifras
Las cifras vuelven a demostrar las dificultades para contabilizar los muertos de la pandemia. Los datos que el Departament d'Afers Socials ha trasladado a este periódico (4.950 fallecidos de residencias a 26 de junio) no concuerdan con las que ofreció el Departament de Salut ese día (4.097 muertos en estos centros).
Fuentes del Departament de Salut recuerdan que los datos de Afers Socials provienen de las propias residencias, mientras que los que maneja Salut son de las funerarias. Estas fuentes, sin embargo, apuntan a que esos 853 fallecidos que bailan entre las cifras de un departamento y otro podrían ser los ancianos que fueron trasladados al hospital.
Esto supondría que el 83% de las defunciones pertenecen a ancianos que no fueron trasladados a ningún centro hospitalario. Dos trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) consultados por este periódico creen que el porcentaje es plausible, pero recuerdan que algunos fallecidos en las residencias sí pasaron por el hospital antes de ser devueltos a su centro cuando ya no les quedaban opciones terapéuticas.
El 24 de marzo, durante los días de mayor colapso hospitalario, el Govern trasladó al SEM un protocolo en el que se contemplaba la posibilidad de no trasladar a la UCI a pacientes de más de 80 años con coronavirus y mal pronóstico. El mismo documento también sugería a los profesionales de las ambulancias cómo debían comunicar a los enfermos y sus familias que no los iban a llevar a un centro hospitalario.
El Departament de Salut hará pública durante las próximas horas una nueva web en la que ofrece datos actualizados de los fallecidos. El nuevo recuento muestra datos distintos a los que Salut ofreció previamente y, según este nuevo cálculo, a día de hoy han fallecido 6.299 ancianos que estaban en residencias, de los cuales 4.117 murieron dentro de los geriátricos. Estas nuevas cifras indicarían, según reconocen las propias fuentes de Salut consultadas, que el 65% no fue trasladado al hospital.
Investigación judicial
Lo sucedido dentro de las residencias, consideradas el agujero negro de la pandemia, ha sido objeto de querellas por parte de familiares y también está siendo investigado por un juez de Barcelona. El miércoles, agentes de la Guardia Civil acudieron a las conselleries de Economía, Salut y Afers Socials, por orden del juez, para recabar expedientes vinculados a la compra de material sanitario así como información de los ocho geriátricos intervenidos por la Generalitat durante el Estado de Alarma.
Los agentes recolectaron información sobre los traslados tanto a hospitales como a otros centros, sobre las medidas de aislamiento tomadas en las residencias y también recabaron las cifras exactas de contagiados y fallecidos y de las pruebas PCR practicadas.
Paralelamente a esta investigación judicial, medio centenar de familiares de ancianos fallecidos en las residencias catalanas han denunciado ante la Fiscalía a 31 geriátricos. La denuncia colectiva considera que se cometieron delitos de omisión del deber de socorro y de homicidio imprudente en unos centros que, según los denunciantes, no tenían ni equipos de protección ni espacios suficientes para aislar a los enfermos de coronavirus. La denuncia también considera que se vulneró el derecho a la salud de los ancianos que no fueron trasladados a ningún centro hospitalario.
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