Sentencia del caso Benítez: los Mossos admiten patadas, puñetazos y 28 lesiones
La sentencia del caso Benítez ya es pública. El juez ha refrendado el acuerdo al que este lunes llegaron las defensas y las acusaciones por el que, a cambio de evitar la cárcel, seis Mossos d'Esquadra reconocen que mataron a Juan Andrés Benítez y otros dos admiten que obstruyeron la investigación judicial para encubrir a sus compañeros. Al ser fruto de un acuerdo de conformidad, la sentencia no puede recurrirse.
En el apartado de hechos probados, los condenados reconocen que propinaron dos patadas y cinco puñetazos en la zona superior del cuerpo de Benítez, seis puñetazos y golpes de rodilla en sus extremidades inferiores, así como “varias patadas” en la parte lateral izquierda inferior del cuerpo del fallecido.
En conjunto, los agentes admiten que ocasionaron a Benítez hasta 28 lesiones distintas en varias partes de su cuerpo y que en el estómago de la víctima había, tras su fallecimiento, 425 centímetros cúbicos de sangre (la cantidad habitual de sangre no llega a los 70 centímetros cúbicos).
Los agentes también reconocen que desde que llegaron al lugar de los hechos, la calle Aurora del Raval de Barcelona, les acompañó una ambulancia pero que no la requirieron en ningún momento para auxiliar a Benítez. Según los hechos probados, Benítez fue introducido en la ambulancia estando inconsciente.
Mientras los sanitarios le practicaban labores de reanimación, los Mossos han reconocido que presionaron a una vecina para que borrara las imágenes que había tomado de la reducción y que eliminaron las manchas de sangre que había en el suelo en vez de tomar muestras.
La condena impuesta es de dos años de prisión –que los seis agentes que redujeron a Benítez no cumplirán al carecer de antecedentes– por homicidio imprudente y un delito contra la integridad moral. Durante este tiempo estarán suspendidos de empleo y sueldo, y durante cinco años no podrán patrullar por la calle ni acercarse al barrio del Raval. Después se podrán reincorporar al cuerpo si pasan un cursillo de Derechos Humanos. Para los agentes que obstruyeron la investigación judicial la condena es de tres meses de prisión, que tampoco pisarán. La Generalitat, de forma subsidiaria, pagará 150.000 euros a la familia de la víctima.
