“Si preguntan, decid que sois amigos del propietario”: así opera la mayor trama de pisos turísticos ilegales de Barcelona

“Mi vida se ha convertido en un suplicio”. Anna (nombre ficticio), vecina de un edificio del Eixample de Barcelona, describe de esta manera lo que ha estado viviendo desde que, hace poco más de un lustro, instalaron un piso turístico ilegal justo debajo de su casa.

De nada han servido las docenas de llamadas a la policía cuando se celebraban fiestas. Ni las actas de inspección en las que se ha constatado que se estaba alquilando el inmueble a visitantes sin el debido permiso. A día de hoy, el negocio sigue operando a pleno rendimiento y no saben cómo pararlo. 

“Te sientes totalmente desamparada, sin recursos, como si la ley no existiera para ellos”, sostiene esta vecina.

El piso turístico forma parte de una trama que tiene más de 70 apartamentos fuera de la normativa y que el Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de haberlos detectado, todavía no ha logrado cerrar. Es el mayor entramado de este tipo identificado hasta la fecha y a día de hoy la Guardia Urbana y los servicios de inspección siguen investigándolo. 

Según adelantó La Vanguardia, el Consistorio impuso recientemente un expediente sancionador de hasta 600.000 euros a este entramado, liderado por un hombre que tiene cargos en casi una docena de sociedades mediante las cuales adquiere los inmuebles. Después los alquila a personas extranjeras que en realidad no residen en ellos y los comercializan a través de Airbnb.

Este periódico ha accedido al expediente completo de una finca en la que se instaló uno de esos pisos ilegales. Tras unas obras sin licencia, el inmueble se convirtió en dos apartamentos independientes que se alquilan a turistas desde hace más de un lustro. El modus operandi se ha repetido en una treintena de inmuebles que han sido divididos para aumentar los beneficios.

La documentación obtenida y el testimonio de los vecinos y del administrador de la finca, que han aceptado comentar la situación bajo anonimato, permiten hacerse una idea de cómo ha operado esta trama durante los últimos años para lograr esquivar la ley.

Del expediente también se desprende la dificultad del Ayuntamiento para poner fin a este entramado a pesar de las múltiples evidencias de que opera de manera ilegal. “Es cierto que en algunos momentos nos hemos sentido frustrados”, señala un trabajador del Ayuntamiento que conoce el caso. 

“Para evitar sanciones hacen cambios de titularidades entre las personas físicas y las empresas de la trama”, señalan desde el Ayuntamiento. “Presentan contratos de alquiler de larga duración totalmente legales pero después vemos que esas personas no residen en los inmuebles”. Los servicios de inspección han llegado a ver cómo una misma persona residía al mismo tiempo en seis pisos del entramado.

Fuentes municipales también aseguran que en uno de los edificios adquiridos por esta trama se han constatado hechos “que podrían encajar con un delito de acoso inmobiliario” y aseguran que se está “cursando” en un juzgado penal.

Instrucciones para los turistas

Los turistas recibían instrucciones claras al llegar al apartamento. La principal orden, escrita en inglés en un cartel situado en el interior de la puerta, les conminaba a no abrir a nadie, fuera quien fuera. La vivienda, de hecho, ni siquiera tiene timbre. 

La segunda instrucción figuraba en un documento que se entregaba a los visitantes. En él se indicaba que, en el caso de hablar con alguien, nunca precisaran que habían alquilado el apartamento a través de Airbnb. “Si alguien os pregunta, simplemente decid que sois amigos del propietario, no mencionéis Airbnb ni el alquiler turístico”, señala el texto.

Según se desprende de las distintas actas de la Guàrdia Urbana levantadas tras acudir a este piso, algunos inquilinos acataban las instrucciones y no abrían a nadie. Otros sostenían que habían conocido al propietario del inmueble “en la universidad”.

Algunos clientes, sin embargo, sí abrieron a los servicios de inspección y les mostraron la verdad: la casa estaba dividida en dos apartamentos, tenía dos cocinas y cada habitación disponía de su propia puerta con cerrojo.

Cuentan los vecinos que el líder de la trama se dedicaba a gestionar personalmente buena parte de las entradas y salidas de los clientes. “Iba con una moto dando vueltas por los distintos pisos que tiene por el barrio”, apunta uno de los que han tratado con él en más de una ocasión. Cuando no podía acudir personalmente a recibir a los huéspedes, les dejaba las llaves del inmueble en un supermercado cerca de la finca. 

“Un afable académico”

Este empresario se presentó inicialmente en la comunidad de vecinos como un académico que iba a instalarse en el piso que acababa de comprar. Cuando una vecina vio que, sin licencia alguna, se estaban haciendo obras para dividir el inmueble en dos apartamentos, el líder de la trama les trasladó que uno iba a ser para su madre y el otro para él. Les aseguró que era una partición típica que se hacía en las viviendas en China, su país de origen. 

Nada de eso era verdad. Una vez se dividió el piso en dos apartamentos, el trasiego de turistas con maletas empezó a afectar al día a día de la comunidad. “Basura, vómitos, fiestas hasta las tantas… Llevan más de cinco años haciendo lo que les da la gana”, explica otro vecino. “Llamar a la policía sirve de poco, levantan un acta y se largan porque no pueden entrar”.

Tras las primeras quejas, el empresario les decía que si había algún problema con el inmueble le llamaran a él personalmente y lo arreglaría. Insistía en que en su interior no se llevaba a cabo ninguna actividad turística a pesar de que los vecinos veían los anuncios del piso en Airbnb.

Las buenas maneras del empresario, que no ha respondido a las llamadas de este periódico, se fueron difuminando. Cada vez se encaraba más a algunos de los vecinos y les acabó acusando a ellos de “xenofobia y bullying inmobiliario” cuando empezaron a denunciar al Ayuntamiento la existencia de un piso turístico ilegal, según se aprecia en la documentación. 

Anna, la vecina cuyo testimonio encabeza este reportaje, es una de las más afectadas porque su vivienda está en el primero primera y los apartamentos turísticos justo debajo, en el principal primera. Los clientes suelen equivocarse de piso hasta el punto de que, el verano pasado, llegaron dos turistas borrachos a su domicilio y le rompieron el cerrojo intentando entrar. La reparación le costó 1.000 euros que nadie le ha abonado. 

“Mi hija se ha llegado a ir de casa más de una semana porque tenía exámenes y no podía ni estudiar ni dormir por el ruido que hacen”, explica esta vecina. “Me he planteado irme en muchas ocasiones, pero esto ha sido mi casa desde hace más de 20 años”, añade. Esta mujer y el administrador aseguran que el conflicto con el líder de la trama ha llegado a tal punto que le han reventado el buzón hasta en tres ocasiones.

Dificultades del Ayuntamiento

Fuentes del Ayuntamiento admiten que en muchas ocasiones “han faltado manos” para atajar la actividad de esta trama. A pesar de que ha habido una abogada de los servicios de inspección prácticamente dedicada en exclusiva a este caso, reconocen que ha habido cierto “cuello de botella” en los servicios jurídicos: había pocos abogados para tantas actas de inspecciones. 

Las actuaciones del Ayuntamiento para interrumpir la actividad de los apartamentos turísticos en esta finca del Eixample tampoco han sido exitosas. En febrero de 2020 se impuso al líder de esta trama una sanción de 60.000 euros y se ordenó y notificó el “cese inmediato” de la actividad en este piso. También se amenazó con precintarlo en caso de que no se acatara la orden. 

El empresario, sin embargo, recurrió la decisión alegando que se resolvió una semana después de que finalizara el plazo permitido. El Ayuntamiento acabó estimando su recurso justificándolo en que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) había anulado la normativa que regulaba el uso de pisos turísticos en la ciudad. 

Los vecinos siguieron presentando instancias, llamando a la policía cada vez que había ruido y denunciando que se seguía llevando a cabo una actividad ilegal en el inmueble. También contactaron sin éxito con Airbnb para que retirara el anuncio. A día de hoy, sin embargo, los apartamentos siguen abiertos y funcionando. Desde el consistorio precisan que la trama tiene, a día de hoy, 73 órdenes de cese por pisos turísticos ilegales. 

“Lo último que nos dijeron era que este octubre los iban a precintar, pero estamos a diciembre y aquí no ha pasado nada”, lamenta el administrador de la finca. “La sensación que tenemos es que siempre va un paso por delante del Ayuntamiento”.