La ley catalana obliga al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo) a presentar al Parlament una vez al año un informe que evalúe si en Catalunya se cumplen los derechos de la infancia que fija la Convención de las Naciones Unidas. El Síndic ha cumplido con su responsabilidad y ha presentado el informe. Pero a juzgar por el análisis de la situación y por las recomendaciones finales, el Gobierno, en cambio, no ha hecho los deberes. El principal reclamo que hace el Síndic de Greuges es que se dé prioridad de manera inmediata a las políticas de atención a la infancia en situación de vulnerabilidad. Lo mismo que se pedía el año pasado.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó y la adjunta del Síndic para la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, María Jesús Larios, se han reunido con la presidenta del Gobierno, Núria de Gispert, para explicarle las conclusiones estudio y recordarle las responsabilidades del Gobierno. Tras la reunión, Larios ha hablado con Eldiario.es: “Somos conscientes del momento actual de restricciones presupuestarias, pero el índice de pobreza infantil es del 26% y el de la población adulta es del 17%”, ha lamentado. Las condiciones a partir de las cuales se calcula el índice de pobreza son internacionales y las regulas las Naciones Unidas. Estas cifras evidencian que, tras cinco años de crisis, la población infantil es la que más cara está pagando la crisis económica. “Si no hay ayudas, las estadísticas demuestran que lo acaban pagando todo los niños”, añade. Es por este motivo que el Síndic de Greuges ya pidió el año pasado que no se retiren las ayudas económicas que pueden afectar a todos los niños y que se tengan en cuenta las familias más vulnerables. Algunas de estas ayudas eran hasta ahora universales. En vista del caso que le ha hecho el Gobierno, este año han tenido que repetir la misma exigencia.
Niños sin libros en las escuelas
En muchos casos la administración ha anulado las ayudas económicas, en otros las han reducido y en algunos casos las ha mantenido. Sea como sea, la crisis es cada vez más cruel con las familias y la demanda aumenta constantemente. La oferta de ayudas públicas, cancelada, reducida o congelada, es claramente insuficiente. Entre otras carencias, cabe destacar la falta de plazas de guarderías, de becas comedor y también las ayudas para la compra de libros de texto. En algunas escuelas, hay niños que van a clase sin libros, según reconoce Larios. Por todos estos motivos, se reclama que “se discrimine favorablemente los niños con más privaciones económicas y sus familias”.
El informe también hace hincapié sobre las ayudas que cobraban algunos padres con menores a su cargo y que ahora ya no están disponibles. Esto, evidentemente, tiene una clara repercusión para los niños. El texto reclama que “la ausencia de recursos económicos en familias con niños a cargo sea un criterio suficiente para acceder a ayudas ya prestaciones de urgencia social”. Actualmente, tener menores a cargo y no tener dinero no es un motivo como para recibir ayudas sociales, sino que hay también un informe que demuestre conductas inadecuadas de los padres.