“Queremos desmentir el mito del pequeño propietario que alquila un piso”, ha proclamado Irene Sabaté, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, al presentar los datos que ha recopilado la organización sobre grandes tenedores de vivienda en la capital catalana. Han contabilizado que cerca de 3.000 pisos de alquiler que están en manos de diez grandes empresas, entre ellas Sociedad Anónima de Propiedad Inmobiliaria (SAPI), Vauras, Norvet o MK Premium.
Desde el Sindicato de Inquilinos, fundado en mayo de 2017, venían reivindicando que la mayoría de casos que les llegaban correspondían a inquilinos de bloques enteros de una sola propiedad, a los que a menudo se les subía el alquiler de forma inasumible o directamente se les echaba de casa una vez vencía el contrato. A partir de algunos de ellos, iniciaron una investigación para comprobar a qué propiedad pertenecían, y qué otros inmuebles tenía esa misma empresa.
El resultado es un mapa con 2.888 pisos en manos de 10 entramados empresariales, que en muchos casos poseen las fincas enteras. De quienes han localizado más pisos es de Sociedad Anónima de Propiedad Inmobiliaria (548), seguida de Elix (351), Vauras (348), MK Premium (325), Óptimum I & III (305), Idilia (280), Norvet (249), Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (201), Palau & Manfredi (151) y Lozácar (130). En algunos casos, como Elix o Idilia, es a través de empresas filiales que gestionan su cartera de viviendas.
El Sindicato precisa que no han tenido conflictos en todos los casos recogidos, pero sí de forma puntual con inquilinos de casi todas las firmas recogidas en su censo. También añaden que es probable que sean muchas más las propiedades que estas y otras empresas acumulen, puesto que estas cifras son solo las que la organización ha conseguido recabar comprobando las fincas y con trabajo de campo.
“Esto es fundamental para entender que la estrategia de lucha contra las subidas debe ser colectiva”, ha asegurado Sabaté. Por eso el Sindicato ha lanzado este mismo martes la campaña “Nos quedamos”, para animar a los inquilinos que estén en apuros a acudir al Sindicato para movilizarse antes de resignarse a abandonar su casa. También han reclamado una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 para hacer más largos los contratos de alquiler –de tres años actualmente– y una regulación de los precios que hagan asequibles las rentas.