Los sindicatos de la Diputación de Barcelona dieron el primer aviso del grave deterioro de la situación en el área de cooperación al desarrollo de la institución, con supuestas prácticas de mobbing contra técnicos que denunciaban irregularidades en el reparto de fondos, hace ya más de nueve meses, y al menos desde el pasado marzo exigen en bloque (CCOO, UGT y CGT) una “intervención urgente” sin que se haya tomado ninguna medida práctica. Ayer, ICV-EUiA forzó la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria para abordar la polémica creada por la gestión de fondos de cooperación al desarrollo y el PSC exigió en el pleno información para verificar la legalidad de los expedientes.
En agosto de 2014 UGT ya solicitó formalmente una “evaluación de riesgos psicosociales” en el área de cooperación ante las reiteradas demandas de los técnicos desplazados de sus puestos tras plantear reparos legales al reparto de fondos desde el triunfo de Convergència i Unió (CiU) y el desembarco como director de Relaciones Internacionales de Jordi Castells Masanés. Más del 80% de los técnicos funcionarios que hacían el seguimiento de los proyectos han sido desplazados de su puesto y, en al menos dos casos, con baja por estrés.
Ante la falta de respuesta por parte de los responsables de la Diputación, CCOO repartió a principios del pasado abril un cuestionario entre los trabajadores del departamento, que fue contestado por 17 personas del área de cooperación, el 63% del total posible. El resultado dibujó una situación muy extendida de “miedo y represión” denunciada por la gran mayoría de técnicos tras advertir de posibles irregularidades en la gestión de fondos de la cooperación al desarrollo. Desde 2012 la Diputación de Barcelona ha repartido al menos un millón de euros de la partida de cooperación al desarrollo entre empresas y patronales catalanas, en ocasiones a través de contratos sucesivos a dedo sin publicidad ni concurrencia y en algún caso incluso entre entidades recién constituidas, pese a las reservas expresadas por los técnicos.
El informe resultante causó alarma en todos los sindicatos, que ya hace más de dos meses exigieron en bloque en el Comité de Seguridad y Salud una investigación a fondo del supuesto mobbing. La exigencia sindical de actuar con urgencia se vio reforzada a principios de este mes con la entrega a la Diputación de un informe, fechado el 4 de mayo, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, organismo neutral dependiente de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que también sugería una “actuación inmediata” ante la gravedad de la situación. Este último informe precipitó que la Comisión de Riesgos Psicosociales de la Diputación, integrada por delegados sindicales pero también por la dirección institucional, solicitara la apertura de un expediente informativo con carácter de urgencia.
Varias fuentes explican que desde hace más de tres semanas este expediente fue asumido directamente por Presidencia con total hermetismo y fuera de los cauces habituales, pese a las quejas sindicales. Finalmente, el área de gerencia ha convocado a los delegados a una reunión el próximo día 4 para afrontar la situación creada, según informan varias fuentes de la Diputación.
La gran mayoría de técnicos encuestados denunciaron prácticas de mobbing contra todo aquel que presentara reparos legales a la gestión de los fondos. La presión para aplicar decisiones llegadas desde arriba afectó no sólo a los técnicos, sino también a los sucesivos jefes de la Oficina de cooperación al desarrollo, que reportan a Castells Masanés: en apenas tres años han cesado hasta cuatro jefes de la Oficina. El último, Jonathan Jorba, persona de confianza de Castells Masanés. Jorba anunció el pasado lunes que deja la institución, coincidiendo con la publicación en eldiario.es/Catalunyaplural. cat de varias informaciones sobre la gestión de los fondos de cooperación al desarrollo.
El informe inicial de CCOO ya advertía de una “grave situación de estrés laboral, violencia en el trabajo de tipo psicológico, acoso laboral, mobbing” y también lo vinculaba directamente a las reticencias de los técnicos de cooperación a avalar el reparto de fondos a determinados proyectos promovidos “desde arriba”, cuestión esta que se subraya igualmente en el documento de la Agencia de Salud Pública: “Todos estos hechos parece que se producen (de los comentarios aportados) en el momento que se identifican muchas irregularidades administrativas y falta de procedimientos regulados”, advertía CCOO. En otra nota interna de hace más de dos meses, el 27 de marzo, UGT exigía a la “alta dirección” de la Diputación un compromiso para resolver la “grave situación creada” en el área de Relaciones Internacionales.
El informe de la Agencia de Salud Pública reproduce decenas de quejas de los funcionarios por la falta de respeto a la ley y los procedimientos. “Hay un clima de miedo y coacción para que se apoyen y se acepten con informes técnicos decisiones que desde el punto de vista técnico no tienen suficiente solidez o [no] cumplen la normativa”, resume uno de las muchas afirmaciones en esta misma línea reproducidas.
Ayer, ante la situación de parálisis, la izquierda llevó la polémica al pleno de la Diputación y el diputado de ICV-EUiA Álex Mañas forzó la convocatoria de una junta de portavoces extraordinaria para principios del mes que viene que se centre en la crisis abierta. El Partit dels Socialistes (PSC) también mostró su preocupación, a través de la diputada Pilar Díaz, y reclamó que se aporten garantías de que el reparto de fondos ha respetado escrupulosamente la legalidad.
El presidente y portavoz del grupo de CiU en la Diputación, Joan Carles Garcia Cañizares, adjunto a la Presidencia y, por tanto, responsable político de Castells Masanés en la dirección de Relaciones Internacionales, afirmó con solemnidad que él “responde personalmente” de la legalidad del reparto de fondos de cooperación al desarrollo.
Eldiario.es/Catalunyaplural.cat solicitó por escrito aclaraciones sobre la gestión de los fondos de cooperación al desarrollo el pasado día 15 y un portavoz de la institución aplazó las respuestas con el argumento de que Castells Masanés está de viaje, pese a que desde entonces se le ha podido ver reiteradamente en Barcelona e incluso ayer se personó en el pleno. Las peticiones formuladas desde entonces no han sido atendidas.