Cómo sobrevive una granja de terneros al alza de costes y el papeleo: “Aguantamos porque no nos ponemos sueldo”

Cuando Joan Rifà, de 34 años, tomó las riendas de la granja familiar junto a su padre, Josep, sabía perfectamente los sacrificios que lleva aparejado el ganado. Pero en los escasos diez años que lleva trabajando en su pequeña explotación de terneros para engorde y venta de carne, en la comarca barcelonesa de Osona, asegura que el incremento de costes y de exigencias burocráticas amenazan su viabilidad. “Hoy no sería posible poner en marcha un negocio como este”, insiste. 

Los Rifà, padre e hijo, abren las puertas de su casa, Can Baulenas, en plenas movilizaciones del campo que en Catalunya han sacado a las carreteras a miles de pequeños agricultores y ganaderos. Sus quejas son las que abundan estos días en el sector. Las tareas administrativas, vinculadas a nuevos requisitos ambientales o sanitarios, les ocupan más del 25% de la jornada. Las subvenciones que recibían se han reducido. La paja, las semillas y el gasoil se han encarecido. Y solo les faltaba la sequía. 

A las restricciones al riego, ahora se le suma un 50% de reducción del agua para el ganado. Las granjas de cerdos, por ejemplo, pueden asumirlo ahorrando en limpieza. Pero con las vacas no hay margen, advierten en Can Baulenas. Tras las protestas de estos días, la Generalitat se ha abierto a revisarlo. “Si no lo hacen, tendremos que sacrificar la mitad de los terneros”, reconoce Joan. “Pero el alquiler de las instalaciones nos lo van a cobrar igual”, añade su padre. 

Los Rifà son una familia de tradición ganadera que hoy concentra su actividad en el engorde de terneros para venta de carne. Son él y su padre, nadie más, para una explotación que factura unos 275 ejemplares al año al matadero. Para su alimentación cuentan con unas 70 hectáreas de cultivos de cereal, maíz o alfalfa, con lo que se ahorran tener que comprar pienso, además de tener terrenos para pastos. Hasta la década de los 90 poseían también vacas para producir leche. Pero el margen que daban era tan escaso que lo dejaron. 

El perfil de su granja, familiar y de tamaño mediano, es el que está en declive en Catalunya. En los últimos 15 años las explotaciones de vacuno se han reducido un 30% hasta las cerca de 5.000. Pero el número de vacas, terneros y bueyes sigue siendo el mismo, cerca del millón. Así que la conclusión del sector es que los pequeños negocios menguan al ritmo que crecen las macrogranjas. Con las lecheras, la caída es de las 1.224 granjas en 2001 a solo 380 en 2023, según los datos Unió de Pagesos. 

Más costes de producción y menos ayudas

Granjas como la de Can Baulenas llevan años sufriendo el aumento de unos costes de producción que aseguran que son insostenibles. Josep Rifà, con 40 años de vida laboral a sus espaldas, pone el ejemplo de lo que pagan actualmente por el pienso en comparación con el precio al que venden la carne. “Un kilo de nuestra ternera en los 90 se pagaba a unos 3,60 euros y ahora a 5,20 euros, mientras que el grano ha pasado de 10 a 45 céntimos el kilo”, describe. Es decir, que el precio del pienso se ha multiplicado por cuatro mientras que el de la carne subía menos del 50%. De forma parecida, añade, el incremento del precio del gasoil que consumen los tractores ha sido muy superior al del precio del cereal. 

“Que conste que yo no quiero cobrar la carne un 400% más cara, pero no puede haber tanta diferencia respecto al precio que se vende a los consumidores”, lamenta. Los márgenes, considera, deberían estar mejor repartidos entre productor y comercializador.

Uno de los últimos productos que ha disparado su precio, debido a la sequía, es el de la paja. “Si antes un camión costaba 80 euros la tonelada, ahora son 150 euros o más”, añaden. Para los terneros, esto puede suponer 50 euros más por animal. 

“La volatilidad de los costes de alimentación, a causa de los incrementos de los precios de las materias primas, los precios de venta de los terneros y la incertidumbre del mercado, son los motivos de preocupación constante para el [sector del] engorde”, señalaba el último informe del estado del vacuno de carne del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat. 

En Can Baulenas, además, han visto decrecer las ayudas que reciben de la Política Agraria Común (PAC). En 2023 calculan que ingresaron por esta vía un 30% respecto a lo de hace una década. Y tratan de cumplir los requisitos para recibir la parte de estas subvenciones que se denominan “ecorregímenes”, asociadas a determinadas exigencias medioambientales, como la rotación de cultivos, el barbecho o la siembra de determinadas especies, como la alfalfa. Pero no siempre les sale a cuenta hacerlo. 

Aunque a nadie le gusta hacer públicas sus cuentas, Josep y Joan sí reconocen que están lejos de ingresar lo suficiente para sacarse dos salarios. “Actualmente, estamos perdiendo dinero. Aguantamos porque no nos ponemos sueldo y porque en la mesa no falta la comida”, dicen. Y eso que le echan no pocas horas. Joan, que vive con su pareja a 30 minutos de la granja, sale de casa a las 6.00 de la mañana y regresa sobre las 21.00 de la noche. Sábados y domingos también trabaja, aunque menos. “Nos iría bien una media jornada, aunque fuera para hacer tareas atrasadas o poder cubrirnos algún fin de semana que quieras irte por ahí, pero es imposible”, explica el joven.

Enterrados en papeleo

Con más de 40 años de vida laboral a sus espaldas, Josep Rifà se resiste a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor. En los 80, recuerda, a las vacas se les daba clembuterol –hoy prohibido– sin apenas control y las exigencias de bienestar animal eran tan laxas que algunos cometían barbaridades. Pero su opinión es que la regulación y las nuevas normativas de un tiempo a esta parte han ido demasiado lejos. “Estamos desbordados”, dice. Al mismo tiempo, añade, cada vez les resulta más difícil mantener una interlocución fluida y cercana con la Administración, a la que acusan de haber ido aumentando sus plantillas de técnicos cada vez más desconectados de sus necesidades. 

Los documentos y registros relacionados con normativa reciente, enumeran, incluyen la Declaración Anual de Nitrógeno, el cuaderno de fitosanitarios, el libro de la medicación de los animales… A ello se le suman cursos obligatorios de uso de biocidas –desinfectantes para las naves y raticidas–, de fitosanitarios, de transporte de animales vivos o de bienestar animal específico en vacuno. A día de hoy estas gestiones ya suponen el 20% de su jornada laboral. Además, en Can Baulenas, de forma voluntaria, ya han incorporado el cuaderno de campo digital, en el que se registran todas las actividades que incluye su jornada, y cuya implantación está aplazada ahora hasta 2025 precisamente debido a las protestas.

Joan pone las declaraciones de nitrógeno como otro ejemplo de “incoherencias” administrativas. En una zona, Osona, considerada vulnerable debido a la elevada contaminación de las aguas subterráneas debido a los nitratos, les han obligado a instalar en sus tractores geolocalizadores y conductímetros para monitorizar dónde cargan, dónde descargan y en qué cantidad las deyecciones del ganado, los purines. El problema, se queja, es que luego les imponen unos límites de uso de esos purines que no tienen que ver con lo que declaran a través de este sistema, sino en base a las cabezas de ganado que tienen. “¿Si me haces comprar toda esa tecnología, ¿por qué luego no me crees y me obligas a hacer papeles por duplicado?”, denuncia.

Reglamentos como este, denuncia Joan, hacen pagar a los pequeños ganaderos por los desmanes de las grandes macrogranjas, que denuncia abiertamente que a menudo han usado campos como vertederos. Unas grandes explotaciones que, además, tienen más margen para asumir la carga de trabajo burocrática. 

La sensación entre ganaderos como los de Can Baulenas es que hay requisitos razonables, relacionados con las políticas ambientales o de reducción de emisiones, pero que no puede caer todo sobre sus espaldas. Menos aún, añade Joan, cuando siguen llegando barcos y camiones con carne de ternera con la huella de carbono que eso supone y la menor supervisión en cuanto al uso de pesticidas. 

En Catalunya, los agricultores han logrado sentar al president Pere Aragonès y al conseller David Mascort a negociar. Por ahora, les han arrancado promesas de revisar las restricciones de agua y agilizar algunos de los trámites administrativos. Algunos, como Joan, son optimistas, pero no porque confíen en esas promesas, sino porque sienten que el sector agrario se ha organizado como pocas veces, al margen de sindicatos y políticos, y sus tractores fueron recibidos entre aplausos al entrar en Barcelona. 

Pero otros siguen viendo el futuro negro. “Estos días hablas con algunas casas que hacen las cosas de forma serie y te dicen que están contentos de que ningún hijo quiera continuar el negocio, porque no quieren ese mal para ellos. Y lo dicen con tristeza, claro”, señala Josep. Sin embargo su hijo Joan, todavía en la treintena, asegura que dejarlo será lo último que hará. “Y aunque tenga que acabar conduciendo un camión o un autobús para ganarme la vida, seguiremos teniendo cerdos, gallinas y huerto; nunca renunciaremos a traer comida de calidad a la mesa”, sentencia.