La Generalitat fija los precios que pagará a los hospitales concertados y privados: 43.400 euros por paciente en la UCI

La Generalitat de Catalunya ha regulado los precios de la estancia hospitalaria de pacientes con coronavirus en los centros concertados y privados de la comunidad. Por cada paciente de coronavirus que ingrese en una UCI, la Generalitat pagará a los centros 43.400 euros, según consta en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC).

Además de los ocho grandes hospitales públicos catalanes, integrados en el Institut Català de la Salut (ICS), y de los centros sanitarios privados, como QuironSalud, el resto de hospitales catalanes, cerca de medio centenar, están integrados en el Sistema Sanitario de Utilización Pública de Catalunya (SISCAT). La gran mayoría son de titularidad privada pero de acceso gratuito –esto es, concertados–, como casi todos los comarcales o el Hospital Sant Pau, aunque también los hay que forman parte de consorcios públicos, como el Hospital del Mar de Barcelona.

El baremo de precios, del que ha informado en primer lugar Nació Digital, fija que los centros concertados recibirán el mismo pago fijo del mes de febrero y que si han atendido a pacientes con coronavirus cobrarán un 4% más. Además, los centros podrán facturar “actividad extraordinaria” derivada de la pandemia: además de los 43.400 por paciente que haya estado en la UCI y reciba el alta, los hospitales recibirán 5.000 euros por paciente que no haya pasado por la UCI y haya estado ingresado más de 72 horas o haya muerto y 2.500 por cada enfermo que haya permanecido en el centro menos de tres días.

En el decreto, la Generalitat justifica la creación del sistema de precios para “parar el impacto negativo” que tiene el coronavirus en el sistema sanitario –los centros han dejado de facturar al Govern por servicios habituales, suspendidos a raíz del virus– así como para “dotar de capacidad de tesorería” a los centros concertados y privados y evitar “un escenario de inviabilidad económica y de pérdida masiva de puestos de trabajo en el sector”.

Sin embargo, el decreto no concreta en base a qué criterios se han establecido las tarifas, lo que arroja diferencias con otras comunidades autónomas: frente a los 43.400 por alta completa de un paciente que ha pasado por una UCI en Catalunya, Navarra pagará 24.000 euros por cada paciente que esté 21 días en la UCI.

Cada alta en hospitales de campaña y en el domicilio se pagará a 1.381,3 y a 942,08 respectivamente, mientras que la prueba PCR se ha valorado en 93 euros. Respecto al resto de servicios no relacionados con el coroanvirus, por cada urgencia sin ingreso se podrán facturar 92 euros, por cada alta médica 1.381,2 y por cada alta con cirugía, 1.627,33. Estas mismas tarifas se aplicarán a los hospitales privados que no forman parte de la red de utilización pública pero siempre que tengan el “visto bueno” del servicio público de salud.

Una vez finalice la emergencia sanitaria, el decreto del Govern también contempla que el servicio público de Salud encargará una auditoría externa para valorar los gastos que facturen los centros privados. Los hospitales privados tendrán que facilitar al auditor “toda la documentación necesaria” y cuando finalice la auditoría la Generalitat podrá confirmar los pagos o exigir que se devuelvan los importes facturados de más “para garantizar que no hay un abuso de la posición de dominio de la administración ni tampoco un margen de beneficio superior al razonable” por parte de los hospitales privados.

La consellera de Salud, Alba Vergés, ha dicho este lunes que es imposible conocer todavía el coste que los centros privados han tenido por cada paciente dado de alta por COVID-19 tras pasar por la UCI y que los 43.400 euros fijados por el Govern son un cálculo “aproximado”. El coste real, ha indicado, “se deberá analizar a posteriori” mediante la auditoría encargada por el Govern. En este sentido, Vergés ha revelado que las clínicas privadas han habilitado 264 camas para atender a enfermos de COVID-19, de las cuales ahora hay 142 ocupadas.

Vergés ha defendido el baremo de precios para compensar a los hospitales concertados y privados, que se han puesto a disposición del sistema público y han tenido que asumir costes imprevistos como los derivados de “contratar a muchas personas”. En “los próximos meses”, ha dicho, se sabrá el coste real y concreto de cada alta y “se podrán hacer las correcciones necesarias, por arriba o por abajo”, ha señalado.