Desde que elDiario.es publicó que el catedrático de Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Àlvar Sánchez había sido condenado a un año y medio de cárcel por acosar sexualmente a una alumna y que pese a ello seguía acudiendo cada día a su puesto de trabajo en la facultad, la dirección de la Universidad ha intentado desacreditar la información y ha ofrecido versiones, en algunos casos contradictorias, respecto a cuál ha sido su gestión en este caso. Estas son algunas de las afirmaciones que se han hecho desde la UAB.
“En el momento en que el caso entra en el circuito legal, la UAB ya no puede formar parte del proceso”
Esto lo afirmó el jueves la Vicerrectora de Comunicación de la UAB, Virginia Luzón, en una entrevista en Catalunya Ràdio. No es cierto. La Universidad habría podido formar parte del proceso, ya que podría haber pedido al juez ejercer la acusación, según confirman a elDiario.es los abogados penalistas consultados.
No se personaron pese a haber apreciado “evidencias de un delito sexual” por parte de uno de sus catedráticos. Luzón afirmó también que “habría sido de agradecer” que “no les hubieran dejado fuera” del proceso judicial. Nadie les ha dejado fuera del procedimiento, fue la UAB quién aparentemente no quiso formar parte del proceso judicial a pesar de los graves indicios del caso.
La publicación de elDiario.es es “sensacionalista” y “revictimiza a la víctima”
Este periódico no ha publicado en ningún momento la identidad de la víctima, su imagen o sus iniciales. Lo que sí hizo elDiario.es, a diferencia de la UAB, fue publicar el nombre completo y la fotografía del acosador sexual condenado. Gracias a esto los alumnos nos pudieron avisar de que el catedrático seguía en contacto con los estudiantes hasta el mismo día en que se publicó el reportaje. La UAB protegió la identidad del acosador y ni siquiera quiso confirmarnos si seguía formando parte de su personal, alegando la ley de protección de datos.
La sentencia se “notificó formalmente” a la UAB el 13 de marzo
La Universidad entra aquí en varias contradicciones. Por un lado, asegura que no era parte del proceso y que por tanto no tenía por qué enterarse de la sentencia. A su vez, sostiene que se le “notificó formalmente” la resolución el lunes 13 de marzo. El jueves, en una nueva versión ofrecida por el centro, afirmaron que la UAB prestó la defensa legal de la víctima durante el proceso judicial.
En elDiario.es teníamos la sentencia en la redacción desde hacía ya días. Fue notificada a las partes el 16 de febrero, hace un mes. ¿Cómo puede ser que la Universidad no conociera la sentencia hasta precisamente el día en que el compañero Pol Pareja contactó con ellos? Más aún, si la UAB asumió la defensa jurídica de la víctima.
Hay, además, una sentencia anterior en primera instancia, emitida por el juzgado de lo penal de Sabadell el 22 de septiembre de 2022. ¿Tampoco la conocía la Universidad? ¿No era suficiente para tomar una medida cautelar?
Las cartas internas que han mandado tanto el director del Departamento de Física, Francesc Xavier Àlvarez, como la ya exresponsable de Igualdad de la Facultad de Ciencias, Gemma Garcia (que era la Decana de esa Facultad cuando estalló el caso), también ponen en entredicho la versión de la UAB aunque en su momento tampoco actuaron para que el profesor no siguiese en contacto con los alumnos. En ambas misivas se afirma que varios docentes llevaban días intentando apartar al catedrático y el Rectorado hizo caso omiso de la petición de los profesores.
La UAB no podía tomar medidas cautelares hasta tener una sentencia firme.
No es verdad. La Universidad podría haber incoado un expediente sancionador y suspender cautelarmente al catedrático durante un máximo de seis meses antes de llevar el caso a la Fiscalía. A su vez, la UAB podría haberse personado en el proceso judicial y solicitar al juez medidas cautelares respecto a su docente. No hizo ni una cosa ni la otra.
El propio protocolo de la UAB para casos de acoso prevé la posibilidad de que se tomen las “medidas preventivas adecuadas sin perjuicio de que la persona afectada opte por otras vías administrativas o judiciales distintas a este protocolo”. ¿Por qué no se aplicaron estas medidas preventivas?
La Universidad, además, ha acabado adoptando una medida cautelar sin una sentencia firme (ya que todavía puede recurrirse ante el Supremo) a pesar de haber negado durante horas a los estudiantes y al personal que tuviese esa posibilidad.
“Los protocolos han funcionado”
Los protocolos han permitido que un profesor que fue denunciado por acoso sexual en 2018 haya seguido estando en contacto con alumnas y alumnos a diario durante cinco años. El docente tiene una condena judicial en primera instancia por acoso sexual desde septiembre de 2022. Aun así empezó el curso como si nada.
La UAB conocía la gravedad del caso y por esto lo trasladó a Fiscalía. Participó en la redacción de la denuncia e incluso prestó la asistencia jurídica a la víctima. Hasta aquí se debe reivindicar y poner en valor la gestión que hizo la universidad. El problema llegó cuando había que decidir si se apartaba al catedrático de la docencia. Nadie dio el paso hasta que elDiario.es reveló que seguía en contacto con alumnos.
El precedente
Lamentablemente, no es la primera ocasión que la UAB se ve empujada a actuar debido a una información de elDiario.es y que, a la vez, pone en cuestión la labor periodística. En 2019, la Universidad, a raíz de una investigación de este diario, abrió un expediente a la catedrática Teresa Freixes, que había contratado a una empresa familiar con dinero público de su grupo de investigación sobre Derecho Constitucional Europeo. Una unidad que, para más inri, tenía contratada a la hija de Freixes y encargaba trabajos a cuatro de sus hermanos.
Sin embargo, en aquella ocasión tampoco la UAB puso las cosas fáciles al trabajo de la prensa. Todo lo contrario, se negó por activa y por pasiva a facilitar la contabilidad entera del grupo de investigación bajo sospecha.
Un repaso a la cronología da una idea de la voluntad de obstaculización de la UAB. La primera petición de los periodistas de elDiario.es sobre Freixes fue el 24 de abril de 2018. Ante la negativa de la Universidad a entregar los contratos y facturas desglosados, este diario recurrió a la comisión catalana de Transparencia (GAIP), que le exigió al entonces equipo de gobierno que era su deber facilitar esos datos reclamados.
Un año después, en marzo de 2019, la UAB abrió un expediente a Freixes, pero siguió sin aportar la información e incluso decidió llevar las resoluciones de Transparencia –favorables todas ellas a elDiario.es– a los tribunales. Alegaban, entre otras razones, que la institución estaba fuera del control de esa comisión.
Pero la Justicia dijo que nada de eso. El problema es que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) llegó en verano de 2021, más de tres años después de que empezáramos la investigación periodística. Para entonces, el expediente a Freixes ya se había archivado automáticamente, debido a su jubilación. Y la UAB, una institución pública, logró de esta forma ocultar cuánto de su dinero fue destinado por Freixes a su empresa privada y a sus familiares.
Si conoces más casos como este, puedes escribirnos a pistas@eldiario.es
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