La Generalitat ha decidido intervenir ante el aumento de casos de abuso sexual y de poder en el seno de las universidades catalanas, buena parte de ellos revelados en una serie de investigación de elDiario.es. El conseller de Universidades, Joaquim Nadal, ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa la creación de un censo único para centralizar las denuncias de estos abusos sexuales que ocurran en las distintas facultades.
Según ha anunciado el conseller, será el Departamento de Igualdad y Feminismos del Govern quien liderará el mencionado registro, que estará operativo al inicio del curso siguiente y colaborará con los responsables de Igualdad de cada universidad.
El objetivo es hacer un censo conjunto para controlar los casos y “centralizarlos” para poder vigilar y garantizar que cada centro cumple con sus respectivos protocolos, ha explicado Nadal, que ha defendido que este tipo de casos deben aflorar públicamente. “Nos garantizará la trazabilidad de la denuncia hasta la resolución final”, ha dicho del censo.
Nadal ha defendido que la “proliferación de casos” no debería “afectar negativamente” a la reputación de las universidades catalanas. Por esto apuesta para que los casos se resuelvan de manera rápida y con “las sanciones pertinentes”. Según un recuento que publicó El Periódico, desde 2018 hasta la fecha se han abierto más de 150 expedientes por acoso y se han sancionado al menos 28 docentes.
Las universidades públicas catalanas ya se han sumado al protocolo y Nadal espera que las privadas también lo hagan durante los próximos meses. Precisamente la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pidió en mayo “coordinación” con el resto de universidades catalanas para abordar las crecientes denuncias de acoso después de que este periódico desvelara los abusos de poder de de dos de los catedráticos más prestigiosos del centro.
Las decenas de víctimas de abusos sexuales y laborales en las universidades catalanas entrevistadas por este periódico, tanto de la Universitat de Barcelona (UB) como de la UPF o la Autònoma (UAB) se han quejado de que los protocolos existentes dificultaban las denuncias, dejaban en evidencia a los denunciantes y protegían a los denunciados.
El censo que ha anunciado este miércoles el Govern pretende revertir esta desprotección que han sentido las víctimas. También buena parte de las universidades catalanas están debatiendo o han anunciado la revisión de sus protocolos de denuncia por acoso sexual o laboral.
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