Suiza duda de la investigación de García Castellón y se niega a localizar a Marta Rovira por Tsunami

Varapalo de Suiza al juez García Castellón. Las autoridades helvéticas han rechazado la petición de colaboración que el pasado mes de noviembre remitió el magistrado de Tsunami para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al considerar que “no está clara” la participación de la líder independentista en la plataforma y al constatar que la causa puede verse afectada por la ley de amnistía.

La respuesta de las autoridades suizas, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, supone un revés a la instrucción realizada hasta ahora por el magistrado sobre la dirigente de ERC. El juez pidió a Suiza localizar a Rovira en base a dos elementos: un retuit que Rovira hizo a un mensaje de Tsuami Democràtic y los mensajes en una aplicación, que llevaron al juez a “sospechar” que la política de ERC “pudo estar” en una reunión en Ginebra –ciudad en la que reside– en la que se planificaron las acciones de Tsunami.

La Oficina Federal de Justicia advierte de que todavía tiene pendiente analizar si la petición del juez de Tsunami tiene un “carácter político”, como Suiza ya concluyó tras la primera solicitud de colaboración de García Castellón en 2019. El trasfondo político de una investigación penal es uno de los motivos tasados en la ley helvética para denegar el auxilio judicial planteado por un magistrado extranjero.

Pero incluso antes de este paso, las autoridades helvéticas aseguran “no entender” varias de las peticiones del magistrado, lo que les lleva a suspender cualquier colaboración hasta que García Castellón no responda a sus dudas.

No comprenden las autoridades suizas por qué García Castellón les pidió localizar a Rovira mediante una comisión rogatoria cuando su objetivo puede lograrse “mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial”. Tampoco ven clara la “proporcionalidad” de la petición de datos bancarios de una cuenta del Banque Genève-Wollerau-Lugano realizada por el juez, ya que la extendió hasta junio de 2020 y las protestas de Tsunami fueron en octubre de 2019.

Sobre Marta Rovira, Suiza quiere que el juez le concrete “la relación exacta” entre la dirigente de ERC y la protesta en el Aeropuerto de El Prat que siguió a la sentencia del procés en 2019, que según el magistrado fue planificada por la exdiputada y otros líderes independentistas. Pero las autoridades helvéticas precisan de más datos antes de poder decidir si localizar a Rovira y por ello piden “información adicional” al magistrado.

Entre los datos que se reclaman, las autoridades helvéticas solicitan al García Castellón las “posibles consecuencias” de la ley de amnistía sobre la causa de Tsunami Democràtic y sobre Marta Rovira, de quien resaltan que “su pertenencia a dicha plataforma no está clara”.

Suiza ya rechazó colaborar en 2020

El juez García Castellón ya intentó al inicio del caso, en 2019, que Suiza colaborara con la investigación sobre Tsunami Democràtic. Sin embargo, las autoridades helvéticas declinaron en 2020 la petición del magistrado para averiguar los dirigentes detrás de la plataforma porque, a su juicio, las pesquisas del instructor versaban sobre “un delito político” que impedía la cooperación internacional. El juez no obtuvo el resultado deseado para descubrir quién estaba detrás de Tsunami de las varias comisiones rogatorias internacionales que emitió a países como Suiza, Canadá o EE.UU.

Más de tres años después, con el caso varado y sin apenas avances, el juez reactivó la investigación en plenas negociaciones sobre la amnistía y volvió a pedir información a Suiza. Las autoridades helvéticas resaltan que el contenido de ambas comisiones rogatorias “es muy similar”, y le recuerdan que la primera petición de colaboración ya fue denegada, lo que supone la antesala de un segundo rechazo si el juez no responde a las dudas planteadas sobre Marta Rovira.

El juez acumula reveses

El revés que vuelve a propinar Suiza al juez García Castellón se suma a los que el magistrado ya había recibido desde que reactivara la investigación del caso Tsunami coincidiendo con la ley de amnistía e insistiera en investigar por terrorismo a Rovira, Carles Puigdemont y otros diez independentistas.

El magistrado vinculó a Tsunami con el terrorismo en base a cuatro ejes: la muerte de un ciudadano francés por infarto durante el intento de bloqueo de los accesos a El Prat; la afectación de la protesta de Tsunami sobre la operativa aeroportuaria; las lesiones graves a policías producidas durante los altercados contra la sentencia del procés en 2019, pese a que se produjeron en concentraciones que no convocó Tsunami; e incluso los conciertos celebrados en la calle durante la jornada de reflexión de las generales de noviembre de 2019.

Tanto la jueza de L'Hospitalet que investigó primero el caso, como los Mossos d'Esquadra y los servicios de emergencia que atendieron al fallecido descartaron relacionar el infarto con la protesta de Tsunami y concluyeron que el deceso se produjo por causas naturales.

Por su lado, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés), desmintieron que la protesta de la plataforma independentista en el Aeropuerto de El Prat tuviera un “impacto significativo” en la operativa aeroportuaria del continente, como sostenía el juez.