El Consejo Federal Suizo ha empezado a tramitar la petición de bloqueo de fondos del rey emérito Juan Carlos I que solicitó Òmnium Cultural a principios del mes de julio, ha anunciado la entidad este martes.
Òmnium envió un informe al Consejo Federal Suizo y a su presidenta, Simonetta Sommarruga, en el que argumentaba que hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción”, por lo que solicitó congelar las cuentas en base al mecanismo legal previsto en la ley federal de congelación y restitución de valores patrimoniales de origen ilícito de 2016.
Se trata de una legislación que implantó Suiza para luchar contra el blanqueo de capitales y que permite bloquear fondos de forma preventiva mientras no se resuelven las investigaciones judiciales. En el caso de Juan Carlos I, la Fiscalía helvética mantiene abierta una investigación en la que el gestor de fondos del rey emérito ha afirmado que Juan Carlos I llevó a Suiza siendo jefe del Estado un maletín con 1,7 millones de euros.
Òmnium asegura que la Sección de Derechos Políticos de la Cancillería Federal Suiza les ha contestado e informado de que se ha activado el engranaje para tramitar la petición, que recae en última instancia sobre el Consejo Federal.
El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha apostado por que la congelación de bienes sea un primer paso para una investigación penal contra el rey en España: “Es necesario terminar con la impunidad y el juego sucio con el que actúa la monarquía española y la anomalía que supone en cualquier democracia moderna”.
En paralelo, Òmnium se querelló ante el Tribunal Supremo (TS) contra Juan Carlos I por presuntos delitos de corrupción, de blanqueo de capitales y de fraude fiscal para que se investigue la procedencia de su fortuna en cuentas en el extranjero.
Òmnium apunta en su querella a que Juan Carlos I habría realizado “actos mercantiles que le estaban vetados, encubriendo los mismos mediante la utilización de testaferros, fundaciones y cuentas en paraísos fiscales y otros artificios con el fin de no declarar los beneficios al erario público y eludir, con ello, su control y la pertinente tributación fiscal”. La querella, redactada por el abogado Benet Salellas, apunta en concreto a posibles comisiones por la construcción del AVE a la Meca.
Precisamente la Fiscalía ya abrió a principios de junio una investigación para valorar si el rey emérito cometió blanqueo y delito fiscal por las presuntas comisiones del AVE a La Meca. A criterio de la Fiscalía, Juan Carlos I dejó de estar protegido por su inviolabilidad al abdicar en junio de 2014, y por lo tanto a partir de esa fecha se pueden investigar posibles delitos que habría cometido. No así con los que habrían sucedido mientras ostentó el trono.