Suiza insiste en que las manifestaciones masivas de 2019 contra la sentencia del procés no pueden ser consideradas terrorismo y se niega a acceder a las pretensiones del juez Manuel García-Castellón. Las autoridades helvéticas han comunicado otra vez al magistrado de la Audiencia Nacional que no van a localizar a Marta Rovira, líder de ERC imputada, ni rastrear sus movimientos bancarios por una acusación que no ven clara, según ha adelantado El País. ETA o Al-Qaeda son organizaciones terroristas a ojos de la jurisprudencia suiza, explican en el escrito, pero “no las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país”.
En la respuesta a García Castellón, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio de Justicia de Suiza asegura que las manifestaciones en las que el juez de la Audiencia Nacional aprecia terrorismo “tuvieron, por la vía de la consecuencia, un carácter político preponderante según la concepción suiza”.
La “excepción” para identificar terrorismo que incluye la legislación suiza para el “delito político” hace necesario que “se ponga en peligro o se amenace la vida y la integridad física de las personas (caso de desvío de un avión, la utilización de medios de exterminación masivos, desencadenar una catástrofe o la toma de rehenes) no se dan en este caso”, añaden las autoridades helvéticas. “Los actos descritos en la comisión rogatoria española no alcanzan el nivel de gravedad necesaria para aplicar esta excepción”, remata Suiza.
La causa de Tsunami Democràtic investiga la organización de manifestaciones masivas en Catalunya a lo largo de 2019 para protestar contra la sentencia del procés independentista. Una parte de las diligencias por terrorismo están en manos del Tribunal Supremo, donde la jueza que mantiene imputado a Carles Puigdemont ha preguntado a la Fiscalía si debe archivar el caso por la entrada en vigor de la amnistía. Otra parte de la causa contra no aforados, también pendiente de los efectos de la nueva norma, sigue en la Audiencia Nacional con Marta Rovira, en Suiza desde hace seis años, en la nómina de imputados.
“Consecuentemente, no tenemos otra posibilidad que negar de nuevo la petición judicial de la autoridad demandante por motivos de delito político en el sentido que lo entendemos en el derecho suizo, así como la ausencia de doble incriminación por lo que respecta a la infracción aludida como organizaciones criminales y terroristas”, escribe Laurence Fontana Jungo, vicedirectora de la Oficina Judicial Suiza.
Una las batallas de García Castellón es que Suiza colabore en la posible extradición de la dirigente de ERC, algo a lo que por el momento se niegan las autoridades helvéticas al no ver un delito de terrorismo. El primer varapalo llegó el pasado mes de febrero, cuando la Oficina Federal de Justicia avisó que analizaría si la petición del juez era de “carácter político”, como ya había detectado en anteriores ocasiones. Esa primera negativa, incluso, dudó de la proporcionalidad de algunas peticiones del juez español, por ejemplo pedir los datos bancarios de Rovira.
García Castellón se lanzó a un enfrentamiento directo con las autoridades helvéticas, acusando a Suiza de actuar bajo un “sesgo político” a la hora de cuestionar su instrucción, algo “inadmisible” para el magistrado. La nueva respuesta de Suiza, conocida este viernes, sigue en la misma línea: las manifestaciones masivas, aunque acaben en violencia y disturbios, no son terrorismo.