El Supremo avaló el espionaje del CNI a Aragonès con el argumento de que era líder “en la clandestinidad” de los CDR

El Gobierno, tras la insistencia del juez, ha enviado finalmente este jueves los tres autos del Tribunal Supremo que autorizaron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el espionaje con el programa Pegasus a Pere Aragonès. Hay varios fragmentos de las resoluciones borrados, pero en los autos sí ha aparecido la razón que motivó la infiltración total de las comunicaciones del dirigente de ERC: según el CNI, Aragonès era un líder “en la clandestinidad” de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Es la primera vez, que, gracias a una investigación judicial tras la querella de los afectados por Pegasus, se pueden conocer las motivaciones detrás de las infiltraciones. El magistrado del Supremo encargado del control del CNI avaló por primera vez el espionaje a Aragonès el 24 de julio de 2019. Tres meses después, el 21 de octubre, en plenas protestas contra la sentencia del procés, autorizó una prórroga en el espionaje. La última autorización fue tres meses después, el 14 de enero de 2020. Aragonès siempre ha insistido en que fue espiado por razones políticas.

Según ha podido saber elDiario.es, la justificación que contienen los autos del Supremo para espiar a Aragonès es que el dirigente de ERC, que por aquellas fechas ocupaba la vicepresidencia del Govern, “dirigía las acciones de los CDR”, los grupos populares creados en 2017 para proteger las escuelas del 1-O de las cargas policiales y que después protagonizaron varias protestas en la calle.

La información aportada por el CNI al juez del Supremo encargado de autorizar las medidas que implican vulneración de derechos fundamentales de los espiados supone la primera vez que un órgano oficial relaciona a Aragonès con los CDR. En aquel entonces, ERC había abandonado ya la vía unilateral y en el Govern eran habituales las disputas con el entonces president, Quim Torra. De hecho, en 2017 Aragonès no ejerció labores organizativas del referéndum porque ERC quiso preservar su liderazgo en caso de inhabilitaciones de sus líderes, como ocurriría con Oriol Junqueras.

“Aragonès, siempre al margen de su papel institucional y en la clandestinidad, ha continuado ejerciendo las funciones de coordinador de los CDR”, se puede leer en uno de los autos. En los documentos también se solicita el uso de Pegasus en Aragonès “no por su condición de vicepresident de la Generalitat, sino por la labor de dirección y coordinación de las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR)”.

La llegada de los autos del Supremo al juzgado llega a pocas horas de la declaración este viernes de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, hasta ahora el único cargo gubernamental imputado por el caso Pegasus y que fue cesada de su cargo en 2021 a raíz de las exigencias de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez para zanjar la crisis abierta por el espionaje.

Tras conocerse el contenido de los autos, fuentes del Gobierno central han indicado que se trata de “operaciones iniciadas por el CNI” antes de la llegada del PSOE al Ejecutivo, si bien en el caso de Aragonès la petición del centro par usar Pegasus y el aval del Supremo se efectuó ya con Pedro Sánchez ya como presidente.

“Ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, lógicamente, al Gobierno”, han agregado las mismas fuentes, que han destacado que ha sido este Gobierno el que “ha decidido colaborar con la Justicia” en el caso de Aragonès. Según agrega el Ejecutivo, el envío de los autos al juez “demuestra que ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia”. “Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP”, han agregado las fuentes del Gobierno.

Declaración de Esteban con pocos datos

Los autos son los únicos documentos de los que dispondrán el juez y el resto de partes del caso para interrogar a Esteban. Las tres resoluciones, además, no están completas, pues el Ejecutivo ha borrado varios fragmentos de los autos. Así lo avanzó el Gobierno al juez en el acuerdo de desclasificación de los autos “con la ocultación expresa de las partes de los mismos que conduzcan al conocimiento de medios o procedimientos del CNI”.

Fue el mismo argumento que empleó el Ejecutivo para negarse a proporcionar al magistrado información sobre quién decidió en el CNI la compra de Pegasus y dónde se almacenaron los datos del espionaje a Aragonès. Según el Gobierno, proporcionar estos extremos podría poner en peligro a las fuentes del CNI.

“Reconocer y desvelar la existencia de determinados medios o concretos procedimientos –ahondó la argumentación del Consejo de Ministros para negarse a retirar el secreto a todo lo que pidió el juez– perjudicaría de manera irreparable y esencial a la operatividad del CNI, produciéndose un riesgo para la seguridad de España y sus ciudadanos”.

Está por ver la reacción del juez y de la defensa de Aragonès, que ejerce el penalista Andreu Van Eynde, toda vez que de toda la exhaustiva petición para esclarecer el espionaje, solo se ha obtenido del Gobierno una respuesta limitada. E incluso los tres documentos enviados están incompletos.

Al margen de reiterar peticiones de desclasificación, Van den Eynde ya apuntó en su querella que, de confirmarse que el Supremo avaló el uso de Pegasus en Aragonès, podría acusar de prevaricación al magistrado del Alto Tribunal encargado del control del CNI, Pablo Lucas, porque, según el letrado, “no puede existir ninguna justificación para la utilización de un 'software' de monitorización absoluta”.