El Tribunal Supremo ha anunciado que no amnistiará el delito de malversación por el que está imputado y procesado Carles Puigdemont. El juez instructor del procés y la Sala de lo Penal entienden que el perdón de la ley no alcanza al uso de dinero y medios públicos para impulsar el referéndum de 2017, cerrando al mismo tiempo la puerta a acudir a Europa para que examine la amnistía y su aplicación al caso del expresident catalán. La única opción de que el Tribunal de Justicia de la Unión se termine pronunciando sobre uno de los flecos clave de la ley es que el Tribunal Constitucional sea el que eleve el debate hasta Luxemburgo, algo que solo ha hecho una vez en sus más de cuatro décadas de historia.
Tanto el juez instructor de la causa del procés como el tribunal que juzgó y sentenció el caso han dejado claro que el delito de desobediencia atribuido a varios líderes independentistas sí es amnistiable, pero que la malversación no lo es. La ley excluye del perdón a quienes malversen dinero público en su propio beneficio para enriquecerse, y el Supremo interpreta que eso fue lo que hicieron los integrantes del Govern de Carles Puigdemont que impulsaron el procés: usar los fondos de todos los catalanes para no tener que pagar el referéndum de su bolsillo.
El segundo argumento que esgrimen las dos resoluciones del Supremo conocidas este lunes es que la malversación del procés cumple con otro requisito para quedarse fuera de la amnistía: afectaron a la Unión Europea. No a sus fondos, porque los propios jueces reconocen que no hay pruebas de que ese dinero saliera de las arcas de la Unión, pero sí a sus intereses de forma indirecta: la independencia de Catalunya, explica Pablo Llarena, habría afectado por ejemplo a la recaudación de impuestos que forman parte de la financiación de la UE y sus presupuestos.
Desde su puesta en marcha hasta su aprobación, el Partido Popular ha confiado en que los tribunales centrales –el Supremo y la Audiencia Nacional– elevarían el asunto de forma casi inmediata a Luxemburgo a través de sendas cuestiones prejudiciales. Una de las cábalas que hacían los de Alberto Núñez Feijóo en la calle Génova era que el caso llegara rápidamente al TJUE y que la aplicación de la amnistía quedara en suspenso hasta que los jueces europeos se pronunciaran, algo que rara vez sucede en un plazo inferior a un año y medio. Diversos medios de comunicación publicaron que esta era la intención, entre otros, del Tribunal Supremo.
El movimiento de los jueces de lo penal ha llegado por un camino distinto, que zanja en primera instancia el debate sobre si la malversación es o no amnistiable y que retrasa y dificulta el posible desembarco de los magistrados de Luxemburgo. Los autos todavía son recurribles ante el propio Tribunal Supremo, que no solo ha dejado clara su opinión sobre la malversación sino también sobre llevar el caso al TJUE: considera que no es necesario que un tribunal internacional explique la jurisprudencia española sobre la distracción de caudales públicos y si es necesario o no el enriquecimiento personal de los culpables.
No significa que la amnistía no vaya a llegar nunca a manos del Tribunal de Justicia, aunque el caso concreto de Puigdemont es materia exclusiva del Tribunal Supremo y ningún otro juez puede elevarlo por su cuenta. El expresident sí podrá llevar las decisiones del tribunal y el juez ante el Constitucional, donde el propio Supremo ya ha elevado una consulta sobre el delito de desobediencia y la amnistía. Y en el Constitucional se abren varios caminos, al margen de los múltiples recursos que se han anunciado contra la ley en sí misma.
Una de esas vías es que el Constitucional acepte a estudiar el fondo del asunto y tome una decisión sobre la aplicación concreta al caso de Puigdemont. Otra sería si el Constitucional aceptara elevar su propia cuestión prejudicial al TJUE, algo que solo ha hecho una vez en sus más de 40 años de historia, cuando en 2011 decidió preguntar a Europa por el proceso de entrega a Italia de un condenado por fraude. Una tercera vía sería estudiar si el Supremo ha vulnerado los derechos de Puigdemont al no elevar la cuestión prejudicial.
En los últimos años el Constitucional ha obligado a distintos tribunales a elevar preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión. Lo hizo, por ejemplo, con la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo y el bono social eléctrico en 2019. En otras muchas ocasiones, sin embargo, ha declarado que la denegación de estas cuestiones prejudiciales no afectan a los derechos fundamentales de los recurrentes, por ejemplo a la hora de examinar y rechazar recursos precisamente de la causa del procés independentista.
El primer pronunciamiento del Supremo, por tanto, no paraliza la aplicación de la ley de amnistía y declara que la malversación del procés no puede ser perdonada. Mientras tanto, juzgados y tribunales de todo el país aplican el dictamen a la espera de saber si los autos dictados hasta la fecha cuadran con los conocidos este lunes. El primer amnistiado, por ejemplo, ha sido el exconseller Miquel Buch, condenado precisamente por malversar dinero público al otorgarle una escolta a Carles Puigdemont de forma irregular.
Junts y ERC irán al Constitucional
A nivel judicial, tanto Junts como ERC ya han anunciado su intención de recurrir el bloqueo del Supremo a la amnistía. El primer paso será impugnar las decisiones ante el propio tribunal, pero los dos partidos han avanzado que presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional con el objetivo de que el tribunal de garantías obligue al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont y el resto de condenados por el procés.
“El Supremo intenta derogar y no aplicar una ley vigente. Es insultante y gravísimo”, ha manifestado la vicesecretaria de derechos y libertades de ERC, Marta Vilaret. Por su lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado que el Supremo “se salta la ley y sigue persiguiendo al independentismo”.
Al margen de los recursos contra la decisión del Supremo, la negativa a la amnistía del Alto Tribunal se produce en un contexto de negociaciones complejas entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Los republicanos quieren blindar la negociación política de cualquier decisión judicial, pero Junts ya ha usado las resoluciones del Supremo para insistir en su presión a los republicanos para “ir a la una” de cara a un intento fallido de investidura de Carles Puigdemont.
En el plano político, Turull ha reiterado la promesa de Puigdemont de volver a Catalunya aunque se mantenga su orden de detención para un pleno de investidura que, a más tardar, se tendría que celebrar el 26 de agosto. Ante la imposibilidad de que Puigdemont sea investido por falta de mayoría, Junts pretende una repetición electoral que le permita volver a lanzar los dados mediante una candidatura unitaria con ERC pero liderada por el expresident que sirva de revulsivo a las sucesivas debacles electorales independentistas.
A la espera de la decisión de Puigdemont durante el verano, la resolución de este lunes del Supremo torpedea el objetivo principal de la ley de amnistía: poner el contador a cero y olvidar las consecuencias penales del procés. Los partidos son conscientes de que difícilmente se podrá completar la normalización de la política catalana mientras haya un expresident en el extranjero que resulte detenido y encarcelado en caso de pisar España.