Once años después, el Tribunal Supremo ha puesto punto (y casi final) al caso Pretoria. El Alto Tribunal ha confirmado la condena de cinco años y ocho meses de prisión impuesta por la Audiencia Nacional al exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, mientras que ha rebajado hasta los cuatro años y tres meses la pena para el exdiputado del PSC Luis Andrés García, 'Luigi', principal condenado en la trama de corrupción urbanística que urdieron excargos socialistas y convergentes a cambio de comisiones.
La Audiencia Nacional condenó en 2018 a Muñoz, García, y a los exaltos cargos pujolistas Lluís Prenafeta y Macià Alavedra por llevar a cabo en operaciones urbanísticas en Santa Coloma, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona que en lugar de favorecer el interés público “buscaban la obtención de elevados rendimientos económicos para promotores e inversores particulares”. Las plusvalías para los constructores llegaron a superar los 4 millones de euros.
Prenafeta y Alavedra pactaron con la Fiscalía una rebaja de pena que implicaba evitar la prisión y no recurrieron al Supremo. Sí lo hicieron los dos exaltos cargos socialistas, principales condenados del caso, el empresario Josep Singla y el hombre de confianza de 'Luigi', Manuel Valera. El Supremo solo mantiene la pena a Muñoz y las rebaja a los otros tres condenados. Será el tribunal sentenciador de la Audiencia Nacional quien decida ahora sobre el ingreso en prisión de Muñoz y García.
En el caso de 'Luigi', el Supremo lo absuelve del delito de falsedad documental al que fue condenado a un año y seis meses de cárcel por la Audiencia Nacional y rebaja un año y cinco meses de prisión la pena por el delito de cohecho por dilaciones indebidas en el caso, que estalló en 2009 en una operación ordenada por el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. De esta forma, 'Luigi' pasa de una condena de siete años y dos meses de cárcel a cuatro años y tres meses.
Los magistrados destacan que 'Luigi', tanto antes como después de su paso por el Parlament como diputado del PSC, “mantuvo fluidas relaciones personales y profesionales con diversos cargos públicos”, que le permitieron actuar como “conseguidor”, “facilitador” o “intermediario” de Pretoria en favor de los promotores condenados. Después, se concertó con Muñoz y otros cargos socialistas para llevar a cabo las operaciones. A cambio, recibió “cuantiosos rendimientos y comisiones” que ocultó a través de sociedades interpuestas.
Por su lado, continúa el fallo, Prenafeta y Alavedra, “sabedores de los contactos e influencias” de 'Luigi', se concertaron con el exdiputado del PSC para desarrollar las operaciones urbanísticas. Esto les permitió “recibir ilícitas comisiones carentes de toda justificación y lógica comercial”, y que fueron pagadas por los empresarios que lograron obtener “cuantiosos beneficios derivados de las adjudicaciones y operaciones inmobiliarias especulativas” auspiciadas por los políticos.