El Tribunal Supremo reactiva la tramitación de los indultos a los condenados por el procés tras las elecciones en Madrid. La Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena ha dado cinco días a los doce exconsellers y líderes sociales independentistas para que expresen “lo que tengan por conveniente” en relación a las peticiones de indulto. Se trata de un paso previo antes de que el tribunal emita su informe preceptivo, aunque no vinculante, para el Gobierno, quien decidirá si otorga la medida de gracia a los condenados por sedición.
El movimiento del Supremo ha causado sorpresa entre algunas defensas consultadas por este diario, habida cuenta de que los trámites que contempla la ley del indulto son los del informe de los perjudicados por el delito, la Fiscalía, el tribunal sentenciador y las cárceles donde cumplen condena los reos, pero no el de los condenados. El Supremo argumenta en cambio que como el indulto no lo han pedido los condenados sino terceras personas o instituciones, es necesario que los presos se pronuncien sobre la medida de gracia.
Sea como sea, ahora los independentistas tendrán que decir si quieren el indulto después de que en entrevistas o actos políticos algunos de ellos lo hayan menospreciado y hayan apostado únicamente por la amnistía, una medida de difícil encaje constitucional e imposible viabilidad política en el Congreso por la negativa del PSOE a apoyarla.
A falta de formalizar su escrito ante el Supremo, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha sido el primer preso del procés en reaccionar a través de Twitter a la solicitud del tribunal. Cuixart ha rechazado pedir la medida de gracia y ha reiterado uno de sus lemas más populares, el 'Ho tornarem a fer [Lo volveremos a hacer]'. “¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento ni indulto”, ha apostillado.
El plazo que el Supremo ha dado a las defensas llega después de que el Tribunal Constitucional avalara por primera vez las condenas por sedición, si bien dos de sus magistrados discreparon y criticaron por “desproporcionadas” las altas penas de cárcel. En su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrado María Luisa Balaguer consideraron que el propio Supremo podía haber propuesto al Gobierno en su sentencia un indulto parcial y atemperar así las penas, habida cuenta de la “indeterminación” de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales.
La tramitación de los indultos por parte del Gobierno empezó el pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio de Justicia envió al Tribunal Supremo la petición realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.
No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.
El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el 30 de marzo su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría “anticipando” a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen una vez se cierre el nuevo trámite con las defensas. Cuando el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto sobre los condenados, que llevan ya más de tres años en prisión.