Nunca le dieron los bolos de ópera para ganar mucho dinero al barítono Joan Sebastià Colomer, conocido en el barrio del Raval de Barcelona como Tato. “Vivía de una forma muy precaria, pero siempre podía pagar mi parte del alquiler del piso compartido”, relata el hombre, de 47 años. Pero con la pandemia se le cerró el grifo de los conciertos, también el de un grupo de versiones de cantautores en catalán, y hace diez meses dejó de pagar el alquiler después de que, progresivamente, sus tres compañeros de piso fueran perdiendo sus respectivos trabajos y con ellos la capacidad para pagar la mensualidad de 1.000 euros. El pasado 29 de marzo, unos cien vecinos se plantaron en la puerta de su casa y detuvieron su desahucio. “De aquí no se va ni el tato”, celebraron victoriosos los activistas.
“Sí, si no hubieran venido los vecinos seguramente me hubieran desahuciado”, reconoce Joan Sebastià, que es activista en el Sindicat d’Habitatge del Raval, colectivo que ayudó a frenar el desahucio como él mismo ha ayudado a parar varios otros. “Lo que no esperaba es que presentaría mi caso al Sindicat”, dice con una sonrisa resignada. Pese a que el decreto-ley 37/2020 del gobierno central buscaba frenar los desahucios en España a las familias en situación de vulnerabilidad, no siempre se aceptan los informes que acreditan esa circunstancia. Abogados y activistas por la vivienda lamentan la “arbitrariedad” de la justicia para desestimarlos, como fue el caso de Joan Sebastià, mientras la abogada de la propietaria asegura que “no cumplía con los requisitos” para ser considerado vulnerable y justifica así la sentencia ejecutoria.
La abogada de la propietaria, Ira Font, indignada con la versión del Sindicat d’Habitatge, critica que Sebastià planteara la negociación “una vez presentada la demanda”, después del mes de octubre del año pasado, cuando ya se acercaba la fecha de ejecución del desahucio, “y sin hacer una aportación económica que pueda ayudar a convencer a la propietaria, que es una señora mayor que necesita esos ingresos para pagar a una cuidadora”. Según ella, Sebastià no avisó de que no podría pagar, extremo que el inquilino niega. “Si hubiera visto por parte del inquilino una voluntad de solucionarlo, lo habríamos podido arreglar”, asegura Font, en contra de lo que defiende el cantante. También lamenta que la primera comunicación que recibieron fue del propio Sindicat de l’Habitatge y no del inquilino. “No supimos nada de él hasta que se acercaba la fecha del desahucio”, afirma. Tato en cambio demuestra con un correo que en julio pidió una resolución “amistosa” dada su incapacidad para pagar el alquiler.
Después del confinamiento total de los meses de marzo y abril, Sebastià consiguió algunos trabajos esporádicos cantando a las puertas de comercios en el proyecto municipal de 'Òpera al Comerç' y como auxiliar de enfermería en el hospital Duran i Reynals, pero con el sueldo “tampoco es posible pagar los 1.000 euros de alquiler”. Ahora está a la espera de cobrar el paro, una vez finalizado su último periodo como auxiliar. Antes de la pandemia, conseguía cantar de corista en salas importantes e incluso dirigir algunas obras en salas pequeñas.
“El mundo de la ópera es desigual, los que habrán podido subsistir mejor son los que están muy metidos en los circuitos de las grandes salas”, explica. Dos de sus compañeros abandonaron el piso después de perder sus trabajos y el que se quedó sigue sin ingresos. “Una vez en impago, vas acumulando deuda y no hubiera resuelto la situación encontrar a algún compañero que pudiera pagar o pagar solo una parte sin resolver la deuda”, dice Sebastià, al que parte del sueldo se le va en los gastos de su hija de 11 años, que vive con la madre. “A ella no le explico que me pueden desahuciar para no preocuparla”.
El mismo día 29 de marzo que se tenía que ejecutar su desahucio en Sant Antoni se programó otro en el Raval y otros tres en el vecino barrio de Poble-sec. En uno de ellos, Virgen fue desahuciada junto a su familia, mientras que los otros fueron frenados. Aún había otra orden en Barceloneta. O sea, que a pesar del freno a los desahucios del nuevo decreto-ley, coincidían cinco en un día en menos de dos kilómetros cuadrados. Este jueves, las plataformas vecinales estaban convocadas a intentar frenar uno en Zona Franca y otro en Poble-Sec.
En total, los informes de vulnerabilidad sirvieron para frenar 418 desahucios en Barcelona entre el 18 de enero y el 28 de febrero, según cifras del Ayuntamiento presentadas el pasado 25 de marzo. Desde la aprobación de la moratoria estatal, el 80% se paralizan antes de llegar a la fecha prevista y el 77% no se ejecutan por acuerdos de mediación. El 55% fueron por impago de alquiler, el 32% por ocupación en precario y el 13% por finalizaciones de contrato. El año pasado, se realizaron 29.406 desahucios en toda España, un 45,6% menos que los 54.006 registrados el año anterior, según cifras que hizo públicas el Consejo General del Poder Judicial.
En algunos casos, como el de Tato, es la acción vecinal la que frena el desahucio, aunque también es una forma de presión para forzar la negociación. “Esperemos que ahora la propietaria quiera negociar, porque es el momento”, expresa Sebastià, “preocupado” por dónde irá a vivir y dejará sus pertenencias si finalmente lo desahucian. “Podría ir a casa de mi novia, pero allí ya viven cuatro personas, sería temporal”, explica. El cantante se plantea la opción de ocupar como única alternativa ante el complicado mercado de alquiler, inasumible con los salarios medios aun con la regulación de precios. “Lo que no pueden apretar a las grandes empresas y bancos, nos atornillan a los de abajo”, lamenta, y prevé “una oleada mayor” de ocupaciones ilegales en un futuro próximo. Si, como previó Pedro Sánchez el pasado martes, el estado de alarma termina el próximo 9 de mayo, lo hará también la moratoria de desahucios, con lo que podría dispararse el número de personas que se quedan sin hogar.