Cataluña es el escenario de una de las operaciones de concesión pública de mayor envergadura de los últimos tiempos. El Departamento de Salud, que preside Boi Ruiz, tiene entre manos la adjudicación, mediante concurso, del servicio de transporte sanitario para los próximos diez años. La licitación, valorada en 2.130 millones, a los que se podría sumar un 20% más para cubrir modificaciones durante la vigencia del contrato, y la trascendencia del servicio han suscitado una gran expectación y tensión entre las empresas que realizan el servicio y los territorios a los que sirven.
El 21 de enero pasado trascendían informaciones, recogidas por el diario El País, según las cuales la Generalitat habría hecho ya la concesión. Según esta fuente la Generalitat habría otorgado del total de 13 zonas con las que se ha dividido el territorio de Cataluña, seis al grupo multinacional de origen danés, Falck, y otros cuatro lotes habrían correspondido a la sociedad Transporte Sanitario de Cataluña (TSC) , una empresa propiedad de un fondo de inversión de la familia Bonomi, propietaria de Port Aventura. La tercera empresa afortunada sería Ambuibérica, del private equity francés PAI Partners (filial de Banque Paribas).
Inmediatamente se produjo un gran revuelo. Las empresas que hasta ahora hacían el servicio temían por su continuidad, ya que en muchos casos dependen casi totalmente del cliente público y además, son de pequeño tamaño, ya que el servicio se había dividido anteriormente en 30 paquetes, y en algunos casos son empresas muy arraigadas en el territorio.
En la confusión se produjeron declaraciones de los responsables de las empresas que hasta ahora hacían el servicio, que consideraban que la resolución «se carga el sector en Cataluña».
Dos días más tarde, el departamento de Salud emitió un comunicado en el que puntualiza «En relación a las informaciones publicadas estos días, el Departamento de Salud quiere aclarar que el procedimiento TS / 14 del CatSalut de contratación de la gestión de los servicios de transporte sanitario en la modalidad urgente (TSU) y no urgente (TSNU) en Cataluña aún no está adjudicado». A continuación explica: «El pasado 21 de enero a las 12:30 se inició la mesa pública de lectura de las valoraciones del sobre 2 (oferta técnica) y se realizó la apertura y lectura de las ofertas del sobre 3 (oferta económica). Actualmente se está revisando la oferta económica». El tercer punto del comunicado asegura: “En la mesa del día 21 ya se anunció en público que en el plazo aproximado de un mes se haría la adjudicación. Antes se realizará, por tanto, la valoración económica, la propuesta de licitación y la aportación de la documentación por parte de los licitadores”.
Proceso abierto
Por tanto, el proceso de adjudicación, si creemos a la fuente oficial, está abierto y lo que se hace en estos momentos es la lectura de los apartados técnico y económico del concurso.
La misma información del comunicado oficial se transmitió directamente a los interesados. Lo que feran reacciones alarmadas al pensar que todo estaba decidido se convirtió en expectación.
Frederic Torrent es el presidente de Ambulancias La Pau, una cooperativa ubicada en Badalona que actualmente realiza el transporte sanitario en la zona del Barcelonés Norte. En este concurso se presenta por esta zona y también en el Vallès Oriental y en una parte de las comarcas de Girona. Como todos los que optan a una concesión han tenido que hacer inversiones previamente sin tener la seguridad del resultado de la oferta.
En Badalona, la información según la cual La Pau no había conseguido ningún paquete de la concesión cayó como un jarro de agua fría. En la empresa se hizo una asamblea. Los socios son 86 y la plantilla se sitúa en 440 personas. «Los socios nos dijeron que si era cierto lo que se decía fuéramos a todas, hasta Estrasburgo», dice Torrent. En la ciudad también corrió la voz e incluso Jordi Serra, antiguo alcalde del PSC emitió un comunicado de apoyo a la empresa. Se ha de decir que La Pau es la segunda empresa en empleo de Badalona en el ámbito privado, sólo superada por Tugsal, la sociedad que se encarga del transporte público.
«Si se hubiera confirmado la noticia, significaba el cierre de la empresa» asegura el presidente de La Pau. Los encargos que hace el departamento de Salud de la Generalitat representan el 93 por ciento de la facturación de la empresa.
Trabajadores alarmados
Aunque los pliegos de condiciones indican que la firma que asuma una de las zonas debe hacerse cargo de los trabajadores que ya hacían el servicio, los trabajadores de La Paz no se fían. «¿Quién me dice que una empresa que venga nueva no me hará ir a trabajar en el Penedès?» Se pregunta un conductor. Y qué decir de las empresas, que deberían cerrar o subcontratar al servicio de las que habrían recibido la concesión.
Sea como sea las compañías o grupos que se han presentado a la licitación piensan analizar con lupa todo el proceso «no porque desconfiemos, porque el concurso ha sido diseñado con mucha transparencia», dice Torrent, «sino porque la gente sabe lo que se juega », remacha. En Badalona mucha gente teme que también se perderían otras cosas. La Pau es una entidad que colabora en muchas iniciativas ciudadanas, desde ceder un autobús al club de fútbol hasta facilitar gratuitamente el servicio preventivo de ambulancias en muchos eventos de la ciudad y de sus barrios. Esto es difícil que lo haga una multinacional, afirman en la ciudad.
De hecho, las empresas que se han presentado al concurso y que ya ostentan concesiones tienen claro que si el proceso de adjudicación surgen aspectos poco claros, recorrerán judicialmente para aclarar la situación.
Investigación judicial
Todo ello ha creado susceptibilidades, porque alrededor del concurso se han producido hechos que están bajo investigación judicial. En este sentido, El juzgado de instrucción número 3 de Reus, que investiga el caso Innova, tiene abierta desde hace más de un año una pieza separada para aclarar “la intervención de servidores públicos” en maniobras que “pondrían en duda los principios de independencia, neutralidad e imparcialidad que deben regir el funcionamiento de la Administración”, según un atestado de la Guardia Civil -que actúa como policía judicial- fechado el 10 de enero de 2014.
En el registro efectuado en el domicilio del ex presidente del Instituto Catalán de la Salud, Josep Prat, en Reus, la Guardia Civil encontró unos documentos de los que se deduce un futuro reparto del mercado de ambulancias en Cataluña. En el papel se habla de los «daneses» en alusión a la multinacional Falck VL, presente en 44 países, a quien se atribuía la concesión a los dos Vallés, el Occidental y el Oriental, y se menciona también Bonomi, el apellido del máximo accionista del fondo de Inversión que ha comprado la empresa TSC, otra empresa del sector. También se menciona, según el Diario El País, un apunte que habla de la “relación ProA-Pomès-Padrosa”. ProA es un fondo que ha comprado una empresa del sector, Xavier Pomés había sido consejero de Sanidad, José Padrosa es el actual director del Servicio Catalán de la Salud.